¡Todo el poder a los psicólogos!

Desde hace ya unos cuantos meses recibimos, de lugares diferentes, en forma creciente, dolidas y acer- bas quejas contra los psicólogos. Algo está pasando con los psicólogos.

Las quejas se refieren a los exámenes psicotécnicos o psicolaborales (perdón por maltratar tanto el idioma) con los que luego de intensas pruebas, concursos y credenciales suficientes, terminan declarándolos no aptos tanto para entrar a una empresa u oficina pública como para ascender y competir por un cargo.

De nada valen ­alegan­ los antecedentes, los diplomas, las pruebas físicas y científicas: define el psicólogo emboscado al final.

Y entonces, claro: en este país tan poco poblado, la sospecha (o la certeza) cobran forma de rumor en ascenso. La izquierda ­dicen­ encontró un modo más elegante para el clientelismo y el acomodo. Un modo universitario.

En vez de la tarjeta del caudillo, el test.

Queda mejor. Hasta es más bien… Y «a llorar al cuartito».

Con otras dos ventajas: el test no le da ingreso a nadie; se limita a eliminar aspirantes. Incluso a los que ganaron las pruebas previas.

En segundo lugar: nunca podrá probarse, jamás, que el eliminado era mejor o peor que el ingresado. No hay ensayo contrastante posible. El dictamen de turno no podrá ser desmentido científicamente jamás.

Tenemos denuncias acerca de aspirantes a cargos policiales que, dada la prominencia de su abdomen, no pudieron correr la distancia fijada en el test de Cooper pero no fueron eliminados y, obviamente (era de esperar), salvaron la prueba psicotécnica.

Entonces los que corrieron esos tres mil metros y perdieron la carrera contra la psicóloga están que arden.

Hasta acá el aviso acerca de un fenómeno que pulula tanto como dichos profesionales en casi todas las esferas del Estado (en especial en las más suculentas Empresas Públicas).

Pero a raíz de él, y por no poder creer tamaño poder en manos de tan nueva profesión emergida de la Iglesia de San Pedro, pusimos manos a la obra para averiguar un poco. Tan sólo un poco.

En estas primeras investigaciones hemos logrado descubrir que el poder a los psicólogos se lo dan los gerentes y demás mandos medios de las diferentes y nutridas administraciones públicas.

Léase bien: ni el gobierno ni los directores.

Como en el histórico Congreso de los Soviets de Campesinos Obreros y Soldados allá en 1917, por Petrogrado, parece haberse reunido en Uruguay, cierto día, clandestinamente, un Histórico Congreso de Amanuenses. Bajo la consigna de «¡Todo el Poder a los Psicólogos!» decidiendo tomarlo para sí lanzando batallones de tales profesionales a ocupar los puentes estratégicos del ingreso, la selección y los ascensos en las oficinas públicas. Tal como si fueran marineros de Cronstadt armados hasta los dientes.

La cosa es peor que el clientelismo y el acomodo vernáculos.

Aquella folklórica estafa emanaba de los partidos y de los gobernantes. Incluso de la clase gobernante.

Esta emana de los clientes acomodados que, cobrando fuerza y conciencia de sí y para sí, han generado una casta con vida propia. Como Frankenstein. Incluso desconocen al viejo amo. Quieren sustituirlo. De hecho ya lo han logrado en vastas zonas del archipiélago burocrático.

El mecanismo «psicologante» funciona de la siguiente manera.

Aprovechando ciertos barnices científicos de escueta moda allá por la década de los noventa en pleno auge de las pamplinas neoliberales, extrapolaron groseramente el barniz (que estaba pensado para la empresa privada) a la empresa y a la administración públicas. Les vino como anillo al dedo gordo del pie.

Aunque las «teorías científicas» que lo respaldan estén plagadas de palabras y denominaciones pomposas, la cosa es muy sencilla.

Un empresario privado tiene en el capitalismo derecho total a elegir sus nuevos trabajadores y los ascensos de los viejos. Y lo que es más: a elegir los criterios. El y nadie más que él define la estrategia de su empresa y por lo tanto el perfil de los trabajadores y mandos medios que necesita.

El corolario es claro: contrata un psicólogo y le ordena que someta a todos ellos a las pruebas necesarias para garantizar ese propósito.

Si mañana o pasado quiere o debe cambiar la estrategia de su empresa, lo decidirá él y podrá despedir a quienes, elegidos para otra, ahora no le sirven.

Imaginemos eso aplicado por los gerentes y mandos medios de la administración y las empresas públicas.

¿Quién define la estrategia? ¿Quién la cambia? ¿Quién define, por lo tanto, cuáles son las conductas y eventos comportamentales (sic) de las personas para poder entrar o ascender? Y si el gobierno decide, por ejemplo, cambiar toda la estrategia energética y por lo tanto la de UTE, ¿qué se hace con gente, profesionales y mandos medios elegidos porque su «competencia» (sic) averiguada por un psicólogo era muy buena para la estrategia vieja? ¿Los echan? ¿Cómo? ¿Traen gente nueva para todos los escalones aplicando la misma «gestión de personal»? ¿Y a dónde van los sobrantes?

Tenemos a la vista algunos documentos escalofriantes de UTE, francamente delirantes, en los que con envidiable soltura de cuerpo se asevera que cada gerente o mando define la estrategia de su sector o área y, siguiendo por ese abismo, que la empresa define su estrategia. Y que por lo tanto ni puede ingresar ni puede ascender nadie que no coincida con dicha estrategia y que eso, especialmente ese filtro acérrimo, es toda una estrategia. ¡Vaya si lo es!

En realidad ésa es la única estrategia.

Esas oscuras afirmaciones de UTE se hacen públicamente ya no con impunidad sino con inconciencia de la barbaridad. La barbarie está asumida como la cosa más natural del mundo.

Es bueno recordar que para destituir a un funcionario público se requiere venia del Senado.

Sin embargo hoy se les impide entrar a las oficinas y empresas del Estado a miles de personas sin que el Parlamento sepa ni por qué. Lo mismo pasa con los concursos y los ascensos.

Es absolutamente descabellado que un simple gerente de los miles que tenemos fije la estrategia de su área y por lo tanto qué debe controlar el todopoderosos psicólogo.

Es descabellado que la estrategia de una empresa sea fijada por los gerentes superiores incluso sin conocimiento de los directores.

En el país y en el mundo se legisla y lucha contra todo tipo de discriminación: por sexo, orientación sexual, color de piel, religión, etcétera. Mientras, en la Administración Pública se cultiva amorosamente todo tipo de exclusiones y discriminaciones llegando al extremo de sostener que la calidad académica, científica, inte- lectual y física no es lo más importante a la hora de un concurso.

En un país donde por desgracia el empleo público sigue siendo el veinte por ciento de la gente ocupada en algo, hay un puñado de seres privilegiados que se sienten propietarios privados del Estado y no sólo establecen sus estrategias por encima ya no de la colectividad nacional sino del gobierno y hasta de sus directores, sino que además las «abulonan» a macha martillo seleccionando solamente a quienes estén de acuerdo con ellos. Para que jamás se produzca un cambio. O para que sea dificilísimo producirlo.

Seleccionan a los que están de acuerdo con sus dislates y luego les dan participación y hasta los consultan «democráticamente».

Es evidente que se ha cavado un gran agujero negro; se ha construido un gigantesco y peligroso vacío legal que permite cualquier cosa.

Es una usurpación por la que se derroca a los verdaderos propietarios de las Empresas y Oficinas Públicas. *