Una denuncia radicada en octubre de 2009 por la Federación Nacional del Juego (Fenaju) ante el Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado por el acuerdo entre Casinos del Estado y la empresa Vidaplan (razón social del hotel Mantra) tuvo un nuevo capítulo en los últimos días. En el marco de una investigación por la instalación por parte de Vidaplan de un sala mixta en el Nogaró de Punta del Este, la jueza Graciela Gatti pidió al Tribunal de Cuentas (TC) todos sus dictámenes que avalaron ese negocio entre el Estado y Vidaplan; los teléfonos celulares de los ministros que actuaron en ese proceso durante 2008 y 2009, y los nombres de los abogados que los asesoraron.

El pedido de Gatti fue cursado el 23 de junio a través de dos oficios, y en ellos hace hincapié en la información vinculada a las resoluciones del TC sobre el pago de arrendamientos por parte de la Dirección de Casinos, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, a Jorge Emiliano Sagasti y Armando Antonio Sagasti, propietarios del local donde funciona el complejo Nogaró, ubicado en la avenida Gorlero de Punta del Este.

Los denunciantes -entre ellos el secretario general de la Fenaju, Leonel Revelese- habían asegurado en su demanda que el Estado empezó a pagarle a Vidaplan, en su condición de nueva arrendadora de ese inmueble, diez veces más que lo que le abonaba al anterior adjudicatario. En la actualidad, los casinos en el Nogaró y el Mantra funcionan bajo el sistema mixto, materializado a través de un contrato de arrendamiento, en sociedad con el mismo privado, es decir, Vidaplan.

La respuesta al Juzgado del Crimen Organizado por parte del cuerpo de ministros del TC no se hizo esperar. Una semana después de que llegaran los oficios de Gatti, en la sesión del miércoles de la semana pasada, quedó aprobado un documento en el que responden las interrogantes de la sede penal. En el informe, al que accedió la diaria, constan los números de teléfonos celulares de presidente, vicepresidente y los restantes cinco ministros del TC; los nombres de los dos jerarcas que asumieron como suplentes en diferentes períodos de 2008 y 2009; copias autenticadas de todas las actuaciones del órgano en torno al caso Vidaplan y una nómina con los siete abogados que asesoraron al organismo, fundamentalmente pertenecientes a su División Jurídica.

Todo muy raro

El pedido de Gatti cayó como un balde de agua fría en el TC, que está en pleno proceso de transición para permitir un recambio de autoridades que no se daba desde 1996. “Lo raro es que pidan los teléfonos, no hemos entendido mucho cuál es el motivo y hasta ahora sólo han circulado especulaciones”, confiaron desde altas esferas del órgano, que procuró una respuesta rápida para “evitar suspicacias”.

En una primera instancia, el TC había considerado que el acuerdo entre Vidaplan y la Dirección de Casinos para la explotación de la sala mixta en el Nogaró no podía hacerse como una extensión del primer contrato ya vigente con el casino de Mantra, y por eso sugirió avanzar a través de una excepción para la contración directa prevista por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF). Después de eso, los contratos se firmaron a través de esa modalidad y luego fueron sucesivamente avalados por el TC en sendas resoluciones.

En el marco de la causa que investiga la jueza Gatti y el fiscal Ricardo Perciballe, ya han declarado los responsables de Vidaplan y capas gerenciales de Casinos del Estado. Desde el Poder Ejecutivo interpretan que la denuncia del sindicato “está orientada” a demostrar ante la opinión pública que el contrato con Vidaplan, y como telón de fondo la modalidad mixta como tal, han representado malos negocios para el Estado y que la decisión de avanzar sin una licitación se habría tomado para beneficiar los intereses privados.

Fuentes gubernamentales señalaron que el negocio cuestionado por los funcionarios ha sido “sumamente beneficioso” para los intereses financieros del Estado, agregaron que el Nogaró “pasó de ser una ruina a un casino del primer mundo” y se quejaron por un supuesto “hostigamiento judicial” contra gerentes de Casinos “sin responsabilidad política” en las decisiones que se tomaron en aquel momento. “Si existieran objeciones reales al negocio y no se tratara de un montaje, habrían convocado al ex director de Casino, Fernando Nopitsch, y al ex ministro de Economía y Finanzas [Álvaro García], pero eso no ha pasado”, comentaron desde el Ejecutivo.

A nivel judicial se impone la reserva, pero confían en que la causa estaría a punto de dilucidarse. Por lo pronto, ya está elaborado un dictamen de prueba de seis hojas y están previstas “importantes citaciones” para después de la feria judicial de invierno (que continúa toda esta semana), de acuerdo a lo transmitido por fuentes cercanas al caso. Por último, en la parte denunciante, según pudo saber la diaria, existe la sospecha de que algún miembro del TC operó internamente para favorecer los intereses de la parte privada, e interpretan que el pedido que le hizo Gatti al cuerpo de ministros el 23 de junio intentaría corroborar esa hipótesis.