Tras el encuentro del sábado, Mujica dijo que la regionalización la llevarán adelante los gobiernos comunales: "las formas institucionales que haya que ir dando la tendrán que dar ellos con sus equipos de asesores", agregó, desterrando la idea de los coordinadores regionales aprobada al inicio de la gestión. "Presidencia no tiene la intención de andar arreando e imponiéndole nada a nadie, porque sabe que eso dura poco, tiene la intención de que se vaya construyendo", aseguró.

Según uno de los vicepresidentes del Congreso de Intendentes (CI), el riverense Marne Osorio (Partido Colorado), Mujica dijo que "la regionalización la tienen que hacer los intendentes, no va a haber figura de coordinador regional, y la regionalización no la va a imponer, tienen que nacer desde abajo y hacia arriba, de acuerdo a los intereses comunes que puedan emanar del territorio". Osorio, uno de los jefes comunales que se oponía a la creación de los coordinadores, dijo que los intendentes quedaron satisfechos con la confirmación, porque es un reconocimiento a los gobiernos departamentales "como los representantes en el territorio en materia ejecutiva".

El presidente propuso que la regionalización para solucionar problemas comunes pueda articularse a través de empresas departamentales. Como primer ejemplo, manejó la creación de firmas que puedan canalizar obras en caminería rural. "Se trata de corporizar una estatura de carácter técnico que pueda hacer frente a los desafíos en materia de construcción de caminería en una región", explicó, y agregó que la idea es que "cuatro o cinco intendencias se puedan juntar y tener su empresa, propiedad de los gobiernos departamentales".

Prueba superada

Mujica y los intendentes celebraron el acuerdo alcanzado sobre la patente única. Para el presidente, el nuevo sistema de cobro significa "la superación de muchos años llenos de contradicciones" y que, aunque implicará recursos del gobierno nacional "nos va a permitir en el futuro tener un sistema adulto sin las dolorosas contradicciones que teníamos hasta hoy". Reconoció el trabajo de los intendentes, "que encontrándose con un problema muy difícil trabajaron, ayudaron a trabajar, tuvieron flexibilidad, algunos tienen importantes pérdidas y sacrificios, pero siendo intereses comunales priorizaron el interés nacional, y eso para nosotros es muy importante".

El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, aseguró que 75% de los vehículos tendrá una disminución de la patente, y que poco más del 20% aumentará. Estos automóviles tendrán en promedio un aumento del 28%, y los que sean de alta gama (de más de 30.000 dólares) podrán tener aumentos como máximo de 120%. Cánepa informó además que en 2012 se evaluará la posibilidad de reaforar todos los vehículos, ya que actualmente no había un aforo único a nivel nacional.

Osorio explicó que la propuesta de Mujica es que las empresas funcionen en régimen de derecho privado, lo que daría facilidades "para el marco contractual en el vínculo con operarios y prestadores de servicios". "A las intendencias, herramientas de ese tipo le están haciendo falta, que tenga la agilidad necesaria para poder funcionar", dijo Mujica, que puso como ejemplo beneficios en la compra de herramientas o en la creación de un taller de mantenimiento de maquinaria.

Para estudiar esta alternativa u otras formas de regionalización se creó una comisión de trabajo con representantes del CI y de Presidencia, que analizará si es necesario legislar en el tema para poder concretar esta posibilidad. "Parece lindo e interesante, pero hoy el país no tiene el marco normativo, había que generarlo", señaló Osorio. Mujica hizo referencia a que estas empresas regionales podrían canalizar los recursos generados a través del Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR), destinados a caminería rural. "Se trata de anticiparse a cómo se van a utilizar los recursos en la futura ley que se está por aprobar en estos días, y es bueno tener el andamiaje en concordancia", dijo.

En movimiento

Otro anuncio que conformó a los intendentes es que se eliminará la derogación del impuesto a los semovientes prevista en el proyecto sobre cambios tributarios, propuesto por el Ministerio de Economía. Actualmente las intendencias cobran 1% a los productores por cada venta de ganado. El proyecto, que establece cambios en el IVA y el IRPF, está a estudio de la bancada de diputados del Frente Amplio (FA). Según contó a la diaria el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay), el ministro Fernando Lorenzo explicó a los legisladores que la derogación de ese impuesto “había sido una solicitud del presidente, en función de un compromiso que había asumido el ministro de Ganadería [Tabaré Aguerre] ante los productores”. Aguerre propuso la derogación en plena discusión sobre el ICIR, que afectará a los dueños de inmuebles de más de 2.000 hectáreas. Según Asti, Lorenzo no tenía una posición sobre la conveniencia o no de la derogación del impuesto a los semovientes, y recordó que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto había manejado la posibilidad de modificar el impuesto a los semovientes por una tasa vial, conocida como “el rompe paga”.

Los intendentes y el presidente resolvieron instalar otra comisión para analizar, con un plazo de seis meses, la posibilidad de construir una planta de disposición de residuos para la región metropolitana, y otra para el interior, y se creará otro ámbito para discutir la disminución gradual de los aportes patronales que las intendencias hacen al BPS. Las intendencias pagan el 16,5%, cuando las empresas públicas aportan el 7,5%. Aunque el gobierno maneja que gradualmente los gobiernos departamentales lleguen a aportar ese porcentaje, propone que esos recursos que dejarían de invertir se utilicen para la incorporación de los funcionarios municipales al Fonasa. Mujica también les presentó el proyecto que convierte a la UTU en una universidad tecnológica, como un ente autónomo.