Con la presencia en Montevideo de los líderes Luis Alberto Lacalle (Unidad Nacional, Partido Nacional) y Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay, Partido Colorado), la Comisión Nacional por la Seguridad anunció el sábado de tarde, luego del "firmazo" de ese día, que recolectaron más de 30.000 firmas, con lo que ya superaron las 200.000.

Los organizadores quedaron satisfechos. "Fue excelente. Para quienes decían que no teníamos capacidad de organizarnos ni experiencia en este tipo de campaña, lo de ayer fue una prueba más que satisfactoria, porque pese a que fue un día gélido, deplegamos una estructura en todo el país", destacó el diputado Germán Cardoso (VU, PC). Esta semana la organización evaluará cuáles serán las próximas actividades: "Con un par más de actividades como ésta estamos muy cerca, y la gente sigue ávida de firmar", consideró el legislador. Son necesarias las firmas de 10% de los inscriptos en el padrón electoral, unas 250.000, para solicitar ante la Corte Electoral la convocatoria a un plebiscito para reformar la Constitución. "Si analizamos las campañas de recolección de 1985 hasta la fecha, ninguna consiguió 200.000 en cuatro meses; está claro que hay un pronunciamiento espontáneo y explosivo", remarcó.

Graciela Barrera, integrante de la comisión en representación de la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos, contó a la diaria que el sábado encontró "mucho apoyo de la gente". "Paraban los taxis para firmar, te decían que si pudieran firmar diez veces lo harían", ejemplificó. Desde la mañana Barrera colocó una mesa frente a su avícola en la Curva de Maroñas, y en la tarde recolectó firmas en el Centro, en la sede de Casa de Galicia.

"No recibí nada que fuera en contra; la gente me hacía preguntas y al decir que era la mamá de Alejandro [De Novo, quien murió asesinado en 2009 en una rapiña] firmaban hasta con lágrimas en los ojos, incluso un señor me dio un beso y un abrazo. Todos fueron votos de confianza para que esto saliera, porque la gente se da cuenta de que hay inseguridad", consideró.

Difícil debatir

La Comisión Nacional No a la Baja, que hace campaña en contra de la reforma constitucional propuesta por el PC y Una, finalmente resolvió no hacer actividades el sábado y, en cambio, salir a la calle el próximo sábado a hacer volanteadas. Las experiencias de familiares o amigos de víctimas de delitos hacen que el debate sea complicado para quienes están en contra de la reforma. “Es un tema que toca muchas sensibilidades, a veces se lleva a un terreno en el que es complicado debatir”, dijo a la diaria Gastón González, uno de los voceros de la comisión.

“Primero tenemos la estigmatización de que 'sos un pirado, un intelectual que no sale a la calle y no te preocupa lo que le pasa al trabajador al que asaltaron', y es todo lo contrario: nosotros también queremos más seguridad, venimos a discutir soluciones pero no por un camino en el que nos ha ido mal, como el de aumentar las penas, tipificar nuevos delitos o mantener los antecedentes”, explicó.

“Hay dos grandes líneas, las soluciones a largo plazo y a corto plazo, y hay que atacar las dos. Muchas veces nos quedamos en hablar de educación, salud, vivienda, que es lo que está de fondo, pero también hay que hablar del corto plazo, de cómo hay que actuar ante una situación de delincuencia”, reconoció González. Uno de los primeros conceptos que buscan “desarmar” es el de que “la cárcel es la solución”. “La cárcel es una pésima solución, los niveles de reincidencia son muy altos, ascienden a 70%, las condiciones de detención violan los derechos humanos y el presupuesto que exige es altísimo”, argumentó González, quien explicó que mientras que las medidas socioeducativas tienen un costo por persona de 300 dólares por mes y un nivel de reincidencia de 30%, la privación de libertad cuesta 2.000 dólares mensuales por persona.

Para González el planteo de reforma es “contradictorio” porque, si bien propone crear un instituto de rehabilitación para adolescentes infractores -para lo que no es necesario reformar la Constitución-, las demás medidas, como aplicar el régimen penal adulto a los mayores de 16 años, el aumento de las penas o el mantenimiento de los antecedentes penales de los adolescentes, “son contraproducentes con la rehabilitación. ¿Qué perspectivas les das a futuro?”, cuestionó.