El mensaje que envían al unísono el gobierno y la Justicia brasileña es claro: los policías o bomberos que impulsen una huelga o participen en ella serán detenidos. Desde los tribunales, para declarar ilegal la huelga de Salvador de Bahía y Río de Janeiro (lanzadas en vísperas de las fiestas de Carnaval que atraen a multitudes de turistas) se alegó que las fuerzas de seguridad no tienen derecho a tomar a la población de rehén por sus reclamos laborales y que estas medidas infunden miedo. El gobierno señala que las huelgas policiales permiten un importante aumento de los delitos, por lo que no serán permitidas.

Desde los gobiernos regionales -primero el de Bahía, ahora se sumó el de Río- también se afirma que los huelguistas cometieron o instigaron actos de vandalismo para atemorizar aun más a la población y presionar a las autoridades. Esto sucedió, tal como demostraron varias grabaciones, en el caso de Salvador, donde el sábado a última hora la Policía Militar decidió abandonar la huelga, y ayer volvió a sus puestos de trabajo.

En la capital del nordestino estado de Bahía la huelga permitió un aumento de los asesinatos mayor del 100% de una semana a otra, y el director de Homicidios de la Policía de Bahía, Arthur Gallas, reveló el sábado al diario Folha de São Paulo que los que más aumentaron fueron aquellos cometidos por grupos paramilitares de exterminio.

Ya en los últimos días se sospechaba que la huelga podía extenderse a otras dos ciudades: Río de Janeiro y San Pablo. En esta última es poco probable que se tome una medida así porque los policías están recibiendo nuevos beneficios, que estaban previstos para los próximos meses pero se han adelantado ante el contexto social.

En Río la Policía civil y los bomberos decidieron el viernes iniciar una huelga que tuvo un impacto menor en la ciudad según los medios brasileños, que también señalan que cuenta con poca adhesión, en parte, porque el jueves el legislativo local aprobó un aumento de sueldo para policías y bomberos que calmó los ánimos.

Para aumentar la presión y aprovechando esa baja adhesión, el gobierno emitió órdenes de prisión contra 11 bomberos que ya fueron detenidos, y a otros 162 trabajadores se les abrieron sumarios administrativos.

El sindicato de policías suspendió su participación en la huelga hasta hoy, cuando una nueva asamblea decidirá si se continúa con la medida. Esta agrupación de trabajadores señaló que los bomberos no están respetando parte del acuerdo, que consistía en que se mantuvieran algunas tareas consideradas fundamentales, entre ellas las de los guardavidas.

Al igual que sus colegas de Salvador, los policías de Río reclaman aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales, además de rechazar el arresto de líderes sindicales.