La delegación oficial uruguaya que concurrió a Quito estuvo integrada por delegados de los ministerios de Salud, de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Comisión Sectorial de Población de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la sociedad civil organizada -Comisión Nacional de Seguimiento (CNS) y Cotidiano Mujer-. Participó también la representación en Uruguay del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA), y en la conferencia de prensa de ayer uno de sus referentes, Fernando Filgueira, destacó lo que a su entender es el principal desafío: “Un país pequeño con un componente importante envejecido, con un crecimiento vegetativo poblacional que es bajo, tiene un gran desafío por delante: redefinir los contratos de género y de generación, que han primado durante mucho tiempo y que deben renovarse para dar sustentabilidad, equidad e igualdad para toda la población”.
En diálogo con la diaria amplió que en los últimos años en Uruguay cambió el modelo de familia y que en esto es pionero en el continente, y que recién ahora está pasando lo mismo en Brasil, Argentina y Chile. Se refería a la mujer incorporada al mercado laboral, a las altas tasas de divorcio y de hogares monoparentales, pero a la vez, marcó que persiste parte del contrato anterior, al haber un trabajo inequitativo dentro del hogar que es lo que inhibe, en parte, el ingreso al mercado laboral.
La delegación coincidió en la importancia de contar con el sistema de cuidados de niños y adultos mayores. Dentro de esos cambios en el contrato de género se remarcó la necesidad de avanzar más en la aplicación de la ley de salud sexual y reproductiva, en el acceso a métodos anticonceptivos, aumentar la participación política de la mujer y disminuir la violencia de género. El contrato generacional al que refería Filgueira señalaba la escasa inversión en políticas de protección a la infancia, fundamentalmente entre 1970 y 1990, que es lo que llevó a la infantilización de la pobreza. Acotó que esto comenzó a revertirse con la creación de los CAIF, la extensión de asignaciones familiares, la incorporación de niños al sistema de salud, el incremento del gasto en educación, aunque puntualizó que todavía se está por lograr la mejora y la eficiencia del gasto.
Aborto
Briozzo se mostró satisfecho con los alcances del comité, que elevó su categoría a la de Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. La primera de ellas se realizará en 2013 en nuestro país, preparando la agenda a tratar en 2014, cuando se cumplan 20 años de la conferencia de El Cairo.
El subsecretario contó que la declaración que se aprobó en Quito inicialmente no citaba el tema: “Nosotros planteamos con toda claridad que si no se mencionaba el tema aborto inseguro, la delegación uruguaya no iba a acompañar ninguna resolución que hablara de mortalidad materna, porque en América Latina hablar de mortalidad materna y no hablar de qué estrategia vamos a tener para disminuir el aborto inseguro es una hipocresía de tal magnitud que no íbamos a acompañar”. Lo cierto es que el tópico se incorporó en dos artículos de la declaración y destacó que uno de ellos recoge “explícitamente la recomendación a todos los países de América Latina y el Caribe de revisar y desarrollar el modelo de asesoramiento pre y posaborto que se inventó acá en nuestro país”.
Milka Sorribas, de CNS, había planteado antes el caso de dos muertes de mujeres que ocurrieron este año por aborto inseguro. Briozzo recogió el planteo y aclaró que ninguna de las dos había concurrido al sistema asistencial antes de hacerse el aborto, por lo que agregó: “Estamos todavía con grandes desafíos en esta implementación de la política de reducción de riesgo y daño en el sistema de salud”. De todos modos, planteó la contradicción: “Somos el único país del mundo que a pesar de tener el aborto aún penalizado, anacrónicamente por una ley en desuso completamente, le da el derecho a las mujeres a concurrir al sistema de salud y asesorarse [...] Hoy la Cepal toma para toda América Latina y el Caribe la recomendación de introducir el modelo de reducción de riesgo y daño”.
Briozzo planteó el desafío de lograr la equidad, la distribución de la riqueza y de aplicar “sistemas impositivos sobre los que más tienen”. A modo de balance comentó: “Nos falta mucho pero realmente en el concierto regional se nos ve como un país de avanzada, tanto en lo que tiene que ver con algunas metas de Desarrollo del Milenio como con los avances cualitativos que se han tenido en derechos sexuales y reproductivos”.