-¿Cómo definiría el sistema de salud uruguayo?

-Está en un momento de transición típico, en el que no se completa el pasaje al nuevo sistema hasta 2016. Es como un adolescente que está en las crisis de crecimiento. Pero en ese contexto, Uruguay tiene la experiencia más innovadora de reforma de salud de las Américas.

-¿En qué medida se da ese fenómeno?

-Durante los años 80 y 90, con el predominio de las recetas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, rondaba mucho la idea de que la capacidad de acceso al sistema de las personas era de acuerdo a su capacidad de pago. El gran viraje que se dio en Uruguay fue la salida de ese marco y tomar el tema como una política pública, que establece la salud como un derecho, y aunque el país reconoce que no lo va a lograr por decreto, traza una estrategia clara para incluir a todas las personas en un período de ocho o nueve años. Nuestra cultura está muy focalizada en la salud dentro del centro de salud, y lo que se ha hecho aquí, por ejemplo con el tabaco, la seguridad vial, el Plan Ceibal, o con el Plan Juntos, tiene a veces más impacto que un centro de salud.

-¿Considera que el poder del médico está en discusión?

-Todavía se ve en los organismos colegiados de dirección del sistema que los profesionales son mucho más fuertes que los usuarios, y son mecanismos que están pensados para tener tres poderes: el Estado, los profesionales y los usuarios, y en el caso de la Junta Nacional de Salud (Junasa), también los prestadores. Pero estoy de acuerdo con que es una relación de poderes que se va a equilibrar y hay ejemplos de que eso pasa. El Parlamento podría ser más proactivo en eso. Si bien siempre ha defendido en forma muy ejemplar los principios de la reforma, desde el punto de vista de la defensa de los intereses de los usuarios hay un debe.

-¿Ve posible alcanzar los cambios que se pretenden con la reforma?

-Desde el punto de vista institucional, jurídico y financiero, en 2016 la reforma ya estará terminada, como se previó en la ley original. Desde el punto de vista del modelo de gestión, en el corto plazo esas instancias van a ir aprendiendo las reglas de convivencia. Lo que es casi imposible de anticipar es el cambio del modelo de atención; eso es cultural.

-¿Cómo se da el vínculo del sistema público con el privado?

-Una primera transformación se da porque las sociedades médicas son autónomas, aunque exista la Junasa y un contrato de gestión, que es actualizado desde el punto de vista de los incentivos y de las metas prestacionales que se fijan para las empresas. Además tiene un mecanismo de autorregulación, que es lo que llaman el corralito, cuya apertura permite que el propio usuario sea regulador. La movilidad es muy baja, lo que muestra que en parte la gente aún no aprendió los derechos que tiene, o que no está tan insatisfecha con los servicios que se brindan. Los prestadores, sean públicos o privados, aún son más competitivos que cooperativos, y una red funciona con cooperación.

-¿Se superó la lógica empresarial en la salud de los años 90?

-No todavía. Después de lo que pasó con los países de la región en los años 90, hace falta quemar una generación para poder olvidarlo, porque se internalizó mucho en la vida cotidiana de las personas. Hoy el único ingreso financiero está asociado a la capitalización, entonces cuando los prestadores compiten, compiten por afiliados. Cuando yo llegué a principios de 2010 no había posibilidad de sentar a los distintos prestadores en una misma sala para discutir una acción integrada, y en 2011 y 2012 eso pasó. No significa que se pongan de acuerdo inmediatamente ni que sea fácil, pero es una condición indispensable: si no se sientan a discutir no hay acuerdo posible.

-¿Qué reflexiones le despertó el caso de los enfermeros homicidas?

-Ahí llegamos al límite de lo que se puede hacer en el sector de la salud, porque esencialmente es un evento criminal. Estuvimos con los investigadores directos para recoger información que sirva para lo sanitario. Fue un fenómeno criminal difícil de entender y de explicar, que además causó en la población y en las autoridades una reacción fuerte. Hay una serie de medidas que podrían haber entrado más tarde en la agenda, pero fueron anticipadas en función de restablecer la confianza.

-¿Qué elementos aparecieron desde el punto de vista sanitario?

-Por un lado, la necesidad de una revisión de la fórma de trabajo de los profesionales. Yo no creo que todo haya pasado porque los enfermeros hayan estado muy cansados o estresados, pero indica que hay un proceso de trabajo que no es el ideal para el profesional ni para el paciente. Es mucho tiempo de trabajo, y está muy influenciado por el fenómeno del multiempleo. Lo segundo tuvo que ver con el perfeccionamiento de controles sobre la circulación de medicamentos. Ni en la Española ni el Maciel utilizaron sistemas muy anticuados, pero se pueden mejorar. En una unidad como un CTI o una emergencia siempre tiene que haber una determinada cantidad de medicamentos controlados a disposición de los profesionales porque son unidades críticas, pero se puede controlar más frecuentemente. El tercer aspecto fueron los protocolos clínicos. Es necesario mejorar la información sobre los profesionales y los procedimientos.

-¿Cómo se soluciona el tema de la falta de profesionales?

-Estamos empezando a trabajar con el Misterio de Salud Pública en algo que se llama cálculo de dotación de personal, que permite hacer algunos estimados. Hay unos que son de fácil solución, y otros en los que hay un componente de decisión personal de los profesionales. No se les puede obligar a ser pediatras. Lo que se puede hacer es abrir más cupos de empleo en el sistema público para pediatras, pero si no hay más graduados de medicina que quieran ser pediatras no sirve de nada. Hay otros casos en que los propios colegas de la especialidad crean obstáculos. Claramente los anestesistas hacen eso, y [también] empieza a aparecer en algunas otras especialidades que bloquean el ingreso como reserva de mercado, y por lo tanto la capacidad de establecer precios. Hay otras especialidades que han perdido la atracción, la gente ya no quiere ser médico general o médico de familia.

-¿Qué opina del tratamiento que ha recibido la despenalización del aborto en el país?

-Sin ninguna variante moral o religiosa, el aborto inseguro es un problema grave de la salud pública, y la penalización lo incrementa. Por lo tanto, desde el punto de vista puramente sanitario, la OPS recomienda que se estimule el aborto seguro en cualquier situación. Desde una posición muy personal, creo que desde la perspectiva del derecho es un absurdo que un ser humano no pueda decidir sobre algo que va a tener un enorme impacto en su vida. Las negociaciones son bien difíciles en el Parlamento, pero no hay ninguna duda de que el aborto inseguro aumenta enormemente la mortalidad materna, que si bien en Uruguay no es muy alta, se beneficiaría asegurando condiciones de aborto seguro.

-¿Qué otras urgencias hay en el sistema de salud?

-Una es la educación sexual. Es un tema en el que hay ciertas discrepancias en la interna de la Administración Nacional de Educación Pública. Parece haber cierta resistencia institucional y social a poner ese tema sobre la mesa, por un cierto tabú de conservadurismo cultural. Por ejemplo, en Uruguay hay sífilis congénita -transmisión de madre a hijo durante el embarazo-, y eso no debería pasar. No es un número explosivo de casos, pero cuando aparecen uno, dos o tres casos de sífilis congénita es por falta de acceso a la información, se cura con una inyección de penicilina. Otro tema es la gestión de la formación de profesionales de la salud pública. Uruguay es el único país de la región que no tiene una escuela de salud pública. Sobre este tema desde febrero tenemos una serie de iniciativas con el ministerio y con varias facultades de la Udelar, para ver si el año que viene ya empiezan algunas ofertas. Eso ya aparece en la propuesta del Poder Ejecutivo para la Rendición de Cuentas, con una propuesta de dotación presupuestal para soportarlo.