El programa del FA para el gobierno en curso establecía la convocatoria a una Convención Nacional Constituyente en el primer año de gobierno. Esta disposición no se cumplió. En el proceso de discusión del actual programa, aprobado por el Congreso del FA en noviembre, se debatió la posibilidad de incluir una propuesta de reforma constitucional. Finalmente se acordó no incorporarla en el programa, pero seguir trabajando para definir una iniciativa a más tardar en 2015. Hay una comisión del FA trabajando en el tema desde hace algunos meses, integrada entre otros por el diputado Felipe Michelini. Se harán talleres en 2014 y se relevarán experiencias de reformas constitucionales en la región.

El FA ya tiene un listado de temas que le interesaría incorporar a una eventual reforma constitucional. En primer lugar, el concepto de derechos humanos. “La palabra derechos humanos es inexistente en la Constitución. En estos términos estamos atrasados en relación a los argentinos, a los brasileños y a los paraguayos”, señaló Michelini. El diputado consideró que debe “adecuarse el lenguaje constitucional a la concepción de los derechos humanos”. “Si se trata de los temas de derechos humanos, es muy sencillo: la Corte Interamericana va a condenar a Uruguay cuantas veces sea necesario. Se lo han dicho de todas formas, pero cada uno vivirá con su conciencia. Estamos los que hemos luchado por la verdad, la justicia, la memoria y la reparación contra la cultura de la impunidad, y los que han intentado mirar para un costado, sin ninguna empatía con las víctimas y sus familiares”, cuestionó.

Además, el representante del Frente Liber Seregni se mostró partidario de dar rango constitucional a la INDDHH, ya que ésta tiene “enormes virtudes”. “Me parece que la INDDHH es una de las grandes transformaciones institucionales que el país tiene”, dijo. Opinó, por otra parte, que “no sería una innovación tan grande”, y recordó que el Tribunal de Cuentas “comenzó siendo un órgano de la Asamblea General y terminó siendo constitucionalizado”. También se mostró partidario de dar rango constitucional a la Junta de Transparencia y Ética Pública.

El FA también evalúa dar rango constitucional al tercer nivel de gobierno, incorporando lo referente a los municipios, y, eventualmente, el concepto de regionalización. “Se ha avanzado en el tema de regionalización, que está muy a nivel experimental, pero sería una buena oportunidad de darnos un marco más firme y fortalecer al Congreso Nacional de Intendentes”, evaluó Michelini.

Otros temas que se piensa incorporar son los vinculados a la protección del medio ambiente, el fortalecimiento de los mecanismos de control y acceso a la información pública y la promoción de la economía social, el cooperativismo y la autogestión. Michelini se mostró partidario de reforzar las funciones del Tribunal de Cuentas para que sus resoluciones sean vinculantes para la administración. “El Tribunal de Cuentas cumple una función muy importante, pero en las grandes resoluciones tiene atados los mecanismos de control. Además, termina actuando de idéntica manera con la observación de la compra de un billete de avión a Buenos Aires que en la decisión de las licitaciones más importantes, y debería haber una lógica diferenciada”, estimó el diputado.

El país profundo

La posibilidad de una reforma del Poder Judicial ha generado varias críticas por parte de la oposición, que entiende que el FA ejerce una especie de represalia contra el máximo organismo por los fallos de inconstitucionalidad que han perjudicado a las políticas de gobierno en los últimos años. En respuesta, los principales dirigentes del oficialismo han negado cualquier hipótesis relacionada a las actitudes “revanchistas” y se focalizan en la necesidad de cambios estructrurales.

Al respecto, Michelini sostuvo que no acepta que se diga que el FA tiene “intereses mezquinos”. Consultado respecto de si la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha obstaculizado la acción de gobierno, manifestó: “Lo que hay es un país profundo que no quiere cambiar nada, que se opone a todo, que articula el statu quo. Ese país profundo siempre existe, existió y seguirá luchando contra todo avance”.

Por otra parte, advirtió que la oposición también plantea una reforma constitucional, “la más retrógrada y oscurantista que se le está planteando al país”, que apunta a aplicar el régimen penal adulto a partir de los 16 años. “Que no se nos venga a decir que cualquier idea de reforma constitucional es jugar con la inseguridad jurídica, esta reforma [la de la baja de la edad de imputabilidad] es la demostración de la politiquería más grosera”, cuestionó el diputado nuevoespacista.

Michelini se mostró partidario de unificar el Poder Judicial con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y sustituir la SCJ por “salas especializadas” en derecho constitucional, penal, de familia, etcétera. Además, Michelini consideró que deben separarse estas funciones del gobierno del Poder Judicial -por ejemplo, en la designación de los jueces-. Hoy la SCJ realiza todas esas tareas, y a juicio del diputado oficialista “no lo están haciendo bien”.

“¿No habrá que tener un Poder Judicial más potente y más especializado?”, preguntó. Además, consideró que los defensores de oficio deberían salir de la órbita del Poder Judicial y estar en la órbita de un nuevo ministerio, que podría ser el de Justicia.

Michelini afirmó que con la propuesta de reforma constitucional, el FA buscará un “pacto progresista que intente reflejar la mayor cantidad de voluntades”. “Va a reflejar en el siglo XXI la idea de progreso uruguayo, todos los progresistas deberían acompañar. Ahora, si los progresistas que no están en el FA lo que van a hacer son cálculos menores, será un problema de ellos”, concluyó.