El senador colorado Pedro Bordaberry destacó que ANCAP contribuye en forma “decisiva” al déficit fiscal y dijo que la empresa “se resiste a ser observada por el Ejecutivo, por el Ministerio de Economía y Finanzas [MEF]”. Lamentó que “desde el gobierno se haya dicho que con la inflación no pasa nada, cuando sí pasa”, y mencionó que ésta golpea a los asalariados. “Escuchemos al señor que va al almacén, a la señora que va a la feria; no nos quedemos con los ‘porcentajes económicos’”, agregó. Mirando directamente a Danilo Astori, recordó que éste había destacado la importancia de la inflación y dijo: “Es bueno tener coincidencia con usted a veces, señor presidente”. Astori no levantó la vista. Bordaberry agregó que los acuerdos de precios con supermercadistas y el plan UTE Premia “fueron medidas artificiales” y dijo que le recordaba “al niño que no aprieta el termómetro para que no le dé fiebre, así puede salir a jugar a la pelota”. Sostuvo que el Banco Central del Uruguay (BCU) “no tiene identidad” porque “martes y jueves, atacan la inflación y lunes, miércoles y viernes, tratan de que el dólar no baje”.

Dos puntos menos

Lorenzo confirmó, ante una de las preguntas de Bordaberry, que mantiene la promesa de bajar dos puntos el IVA, efectuada durante la campaña electoral. El ministro recordó que se ha avanzado en ajustes tributarios en los sectores de más bajos ingresos y dijo que se trabaja “intensamente en obtener un mecanismo que traslade a los precios de los consumidores y sea apropiado por ellos”. “Con toda seguridad tendremos en los próximos tiempos la posibilidad de precisar fechas en los que esto va a ocurrir”, aseguró. Sobre el final, el Partido Nacional y el Colorado acordaron presentar cuatro mociones que no fueron aprobadas al tener la negativa del FA, una de las cuales declaraba el “beneplácito del Senado ante la ratificación del ministro de Economía y Finanzas del compromiso de bajar dos puntos la tasa básica” del IVA “en el corriente período de gobierno”.

Luego llegó el turno del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, quien comenzó su intervención agradeciendo la convocatoria a discutir sobre “fundamentos económicos” y mencionó que cuando se habla de previsiones se habla de futuro, y que los hechos “están sujetos a incertidumbre”. Destacó que los dos gobiernos del Frente Amplio (FA) y sus conducciones económicas hicieron un “esfuerzo inédito” por aportar la información utilizada para realizar la programación financiera y monetaria con el objetivo de que no sólo el gobierno entienda lo que se está haciendo. Y agregó: “Antes, jamás se explicitaron los marcos de referencia y los supuestos sobre los que estaba basada la política fiscal”. Recordó que en tan sólo ocho años se superó el estancamiento vivido entre 1955 y 2004, cuando la tasa de crecimiento fue de 1% acumulativo anual, lo que según Lorenzo implicaba que un uruguayo debía esperar 70 años para duplicar los bienes y servicios de que podía disponer, y agregó para graficar que “eso es más o menos tres generaciones, de bisabuelo a bisnieto”. En los últimos ocho años, dijo, “se dio un cambio de tal magnitud que nos llevaron a tasas de crecimiento de 6% y de crecimiento potencial en torno a 4%, es decir, cuatro veces mayores que en los 50 años anteriores”. Agregó, haciendo la misma analogía, que la disponibilidad de bienes se duplica ahora en 18 años, “un período inferior a una generación”.

En directa alusión a las menciones a la pérdida de competitividad que hizo el senador Bordaberry, Lorenzo se peguntó: “¿Cómo se puede pretender discutir de competitividad sin hablar de productividad? No lo entiendo, ya que cuando se incorpora esta dimensión uno se lleva sorpresas enriquecedoras”. Y dijo que la mitad del crecimiento de 6% promedio al año se debe a ganancias de productividad, que se verificaron en ocho años consecutivos. Recordó que por estos días se ha hablado de “agotamiento del modelo” y valoró que ese concepto “refleja cierta pobreza en la percepción y una evaluación desinformada”.

Lorenzo destacó que los gobiernos frenteamplistas demostraron que crecimiento y justicia distributiva “son compatibles”, a pesar de lo que, según el ministro, sostenía el “diagnóstico conservador”. “Antes escuchábamos cómo se sostenía que para superar el estancamiento había que resolver la pugna distributiva en contra de los trabajadores. Éstos debían esperar el crecimiento para recibir beneficios”.

Anunció que según estimaciones del MEF, en 2012 se produjo una mejora en el Índice de Gini, que mide la desigualdad de ingresos, lo que permitió que el país tuviera el menor índice de desigualdad de su historia y que fuera el país de América Latina con mayor justicia distributiva. Señaló que la pobreza fue de 13% de las personas en 2012 y que la indigencia pasó de 5% en 2004 a “0,5% o 0,6% el año pasado”.

Llamó a “no adjetivar” la influencia de los factores externos y dijo que a su juicio se les da una carga “excesivamente importante a factores que están fuera de nuestro control, y se opaca lo que estamos haciendo para bien de la población”. “El contexto externo actual no es mejor que el que existió en los 70, pero en ese momento perdimos la oportunidad”. Recordó que Uruguay creció recientemente “tres veces más que los países desarrollados” y que está “por encima de los países de América Latina que también se aprovecharon del contexto supuestamente favorable”. “Alguna diferencia habrá”, sentenció.

Un argumento central a la hora de explicar el aumento del gasto público que esgrimió Lorenzo fue la inversión de las empresas públicas. Aseguró que desde que la izquierda llegó al gobierno hizo inversiones en generación de energía eléctrica, que en el fondo reducirán el déficit fiscal en el largo plazo, porque permitirán deslindarse de las variables climáticas que el año pasado influyeron en el aumento del gasto.

“Hubo que hacer esta inversión porque durante mucho tiempo no se hizo nada”, expresó Lorenzo, quien aseguró que se trata de decisiones correctas, ya que las “exigencias energéticas aumentaron muchísimo”. Según dijo, una parte de los gastos de estas empresas son “gastos transitorios que van a reducir costos permanentes”.

Atribuyó las pérdidas en el balance anual de UTE a costos de generación “muy elevados, por insuficiencia de recursos hidráulicos”, y a que el gobierno “le dijo a la empresa que no se trasladaban a las tarifas”. “Me tocó tomar esta decisión y representa mi forma de pensar”, aseguró y descartó que el plan UTE Premia haya intentado controlar la inflación. “Se hizo para influir sobre la estacionalidad del consumo y premia a quienes contribuyen en este proceso con beneficios de los precios”, aseguró.

La economía del país, según Lorenzo, “hoy no está funcionando por encima de su comportamiento potencial” y, por lo tanto, no se puede argumentar que “como nos encontramos en la fase alta del ciclo la política fiscal tiene que ser sesgada hacia un gasto menor, sino que tiene que ser la que es y la que ha sido”.

Sobre esto último, dijo que se trata de “la más política de todas las políticas” por lo que “es lógico que su orientación no sea compartida por quienes no coinciden con los objetivos políticos”. “Quiero despejar la idea de que la política fiscal se puede manejar con piloto automático”, resaltó.

Para el ministro, desde una “perspectiva a largo plazo” se mantuvo una política “fiscal sólida y sustentable” y sus “desvíos” no plantean una “amenaza sobre la sustentabilidad en la política fiscal”, que es, según describió, “prudente y responsable”, y que no debe medirse sólo en “cuánto se gasta”, sino en “el enfoque estratégico que se les da a las decisiones que se materializan en el resultado fiscal”. También destacó que el ratio deuda neta sobre el Producto Interno Bruto (PIB) continúa bajando. “¿Cómo puede ser no sustentable algo que lo único que hace es mejorar?”, preguntó.

Por vivienda

Lorenzo descartó un congelamiento de precios o alquileres para controlar la inflación, pero dijo que hay preocupación por el aumento que vienen registrando los precios. Esto se debe, explicó, a que se ajustan por Unidades Reajustables de Alquileres, que aumentan por encima de la inflación. En opinión de Lorenzo, esta medida “servía cuando los salarios caían todo el tiempo, pero no cuando crecen”. Según adelantó, en los “próximos meses” el gobierno hará llegar una iniciativa al Parlamento al respecto.

Añadió que en 2012 el gasto público real creció 9,5%, lo que significó un incremento del pago de obligaciones correspondientes a años anteriores por 1.000 millones de pesos que permitieron cancelar deudas, gastos extraordinarios por 3.300 millones de pesos para “hacer frente a obligaciones”, entre ellas la “sentencia del tribunal arbitral respecto de la deuda de los cuatro bancos que eran propietarios del Banco Comercial en 2002, y hubo que hacerse cargo de eso”. También enumeró gastos relacionados con el tema de Pluna, por 1.000 millones de pesos, la “devolución de aportes al Fonasa por primera vez” que, según dijo, es “un gasto que se ejecutó en el año 2012 correspondiente a 2011, pero no es un incremento que vaya a volver a ocurrir, porque ahora se hacen las devoluciones anualmente y sin problemas”. Según Lorenzo, con la “depuración“ de estos elementos del gasto se llega a que el crecimiento del gasto fue de 7% y no de 9,5%.

Lorenzo afirmó que el desfasaje en las tarifas de UTE y ANCAP asciende a 0,3% puntos de PIB, por lo que “todavía en 2013 vamos a tener un ajuste de tarifas”. Las tarifas públicas, manifestó Lorenzo, han tenido una conducta “moderadora de la inflación, y la seguirán teniendo”.

En cuanto al 2,8% del déficit fiscal de 2012, cuestionó qué tan estructural es este resultado, dado el gasto por mantener una liquidez elevada, la inversión en infraestructura y energía de las empresas públicas y el incremento de las pasividades en 0,2% del PIB, sosteniendo que se trata de una situación transitoria.

La inflación

Lorenzo relativizó la incidencia del aumento del gasto público en la inflación. Según dijo, está “sobredimensionada” la relación entre el resultado fiscal y la inflación. “Es difícil realizar esa sustentación en nuestro país”, expresó, aunque reconoció que se trata del “principal problema macroeconómico” de Uruguay.

El presidente del BCU, Mario Bergara, profundizó diciendo que “no hay una explicación sencilla, lineal y simplista de la inflación”. Por otra parte, según describió, empiezan a aparecer “restricciones de ofertas en algunos sectores” ante una mayor demanda. Incluso describió que algunos sectores exportadores no pueden aumentar su exportación porque “no hay más para exportar”. La suma de las “presiones domésticas” de un país “en crecimiento y prácticamente de pleno empleo”, frente a las presiones externas “derivadas de un dólar débil” impulsan este fenómeno. A pesar de esta situación, Bergara discrepó con que la inflación “se haya ido de las manos”. “Es más alta de lo que deseamos y de lo que los uruguayos desean, pero de ninguna manera se fue de las manos”, especificó Bergara, quien dijo que el gobierno “no está atado a instrumentos ni tampoco al rango objetivo de la inflación”, ya que lo importante “es que la inflación sea baja y esté atada a control”, sostuvo.

También Lorenzo afirmó que la última ronda de negociación salarial “está haciendo su propio aporte responsable a la negociación de la inflación”. Entre las preguntas de Bordaberry al ministro le cuestionaba “cómo enfrentará lograr una inflación de 4% a 6% con un crecimiento de 12% de los salarios”.

Competitividad

La visión de Lorenzo y Bergara se basó en rebatir la idea de que el tipo de cambio es el factor fundamental para determinar la competitividad. “La competitividad está siendo afectada por múltiples factores y no creo que haya atraso cambiario”, expresó el ministro. Sostuvo que si bien el sector exportador “preferiría un tipo de cambio más alto, los jubilados también preferirían jubilaciones más altas y los asalariados, que los salarios sean más altos”. Nuevamente, el equipo económico resaltó que “si en algún momento existieran dificultades, ninguno de los instrumentos es intocable”.

Luego Lorenzo contestó las preguntas de Bordaberry que habían quedado pendientes. Respecto de la necesidad de aumentar los controles a los gastos de las empresas públicas, describió la relación de éstas con el MEF: “Somos uno de los encargados de aprobar los presupuestos de estas empresas y después manejamos el programa financiero de gobierno, que implica la traducción de las decisiones presupuestales sobre la institución financiera anual. No nos compete hablar de otras actividades de contralor que no sean aquellas que no nos facultan la ley y la Constitución”. Por último, descartó un “ajuste fiscal” que significaría “una consecuencia de una insustentabilidad de la política fiscal en circunstancias que hoy no están dadas”.

Por último, destacó la unidad y el respaldo del FA en la política fiscal y se desentendió de la consulta de Bordaberry sobre los “dos equipos económicos”. “La política fiscal, como el resto de las políticas, representan a todo el gobierno del FA, en el que no hay pensamiento único, sino apertura y análisis permanente”, expresó.

La respuesta

Cuando intervino nuevamente, Bordaberry dijo que Lorenzo se contradijo con Astori, ya que este último había afirmado que el gobierno había perdido “capacidad de observar el comportamiento en materia de gasto de las empresas públicas”. También lo cuestionó por la respuesta que dio sobre el gasto de éstas. “¿Aprueba el gasto de ANCAP y no sabe si ese gasto excede las posibilidades de la empresa?”, le cuestionó. Además, se congratuló de que “es bueno que se ratifique que se va a bajar el IVA dos puntos”, pero advirtió que “se acaba el tiempo y queda cada vez menos”.

Pese a eso, Bordaberry saludó que Lorenzo haya resaltado la importancia de la inflación y que se opusiera al congelamiento de precios y alquileres, como había propuesto el senador comunista Eduardo Lorier. Según dijo, en el gobierno hay “algunos que quieren gastar de más y ponen en riesgo la estabilidad económica, y otros más cercanos a la oposición que por suerte piden prudencia y control”. “¡Insista, ministro! ¡Escuche al vicepresidente de la República! Hágalo, juéguesela”, le sugirió el senador.