Nacional, Política

13.6.13
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Aratirí: la tormenta detrás del relámpago

Columna de opinión.

En un artículo anterior sobre este tema (ver http://ladiaria.com.uy/articulo/2013/5/del-relampago/) resaltamos la necesidad de evitar los falsos dilemas al momento de analizar el emprendimiento de explotación del hierro de Aratirí. Insistimos en que la disyuntiva que genera el proyecto “relámpago” (aratirí en guaraní) no es explotar los recursos mineros disponibles o no hacerlo, y tampoco optar entre generación de puestos de trabajo y conservación de la naturaleza. La pregunta de fondo debe tener una proyección de largo plazo que apunte a responder si este proyecto contribuye a resolver los dos problemas estructurales de nuestro país: la inserción dependiente en la economía mundial y la distribución desigual de la riqueza.

Aratirí no es un fenómeno aislado. Es una expresión más del proceso que atraviesan las economías sudamericanas en los últimos años, cuyo gran dinamismo económico se sustenta en buena medida en un enorme flujo de inversión extranjera directa orientada a la explotación de los bienes comunes (tierra, agua, hidrocarburos y minerales). El modelo que se constituyó en varios países de América Latina luego de la crisis neoliberal de principios del siglo XXI -que algunos llaman neodesarrollismo supone un mayor protagonismo del Estado en la economía pero manteniendo fuertes beneficios al capital. El resultado varía según el país, pero en general redunda en el afianzamiento de una inserción subordinada en el mercado mundial, por medio de la exportación de productos intensivos en recursos naturales (materias primas), y en la reproducción de la desigualdad estructural de nuestras sociedades.

La expresión de este modelo en Uruguay implica la ratificación del marco jurídico e institucional del período neoliberal, que propicia el arribo de capitales a la economía, combinándolo con políticas de aumento salarial y reducción de la pobreza, la indigencia y la informalidad. La actualización de la ley de promoción de inversiones, la ley de participación público privada, la reducción del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) de 30% a 25%, la promoción de nuevas zonas francas, y el proyecto de ley de minería de gran porte son claro ejemplo de ello. La consecuencia ha sido un fuerte proceso de concentración y extranjerización de buena parte del aparato productivo, fundamentalmente el agroindustrial, y la consolidación de nuestra orientación agroexportadora.

En este marco la pregunta es ¿qué nos deja Aratirí? Parece muy poco probable que el proyecto sea el dinamizador del desarrollo de una industria local basada en el procesamiento del hierro, contribuyendo por esa vía al agregado de valor y a la diversificación de nuestra matriz productiva. Esa alternativa no sólo no forma parte del modelo al que se apuesta desde el gobierno, sino que no aparece en el proyecto original de la transnacional, orientado a exportar hierro en bruto.

En cuanto a su aporte tributario existen elementos para pensar que su magnitud será significativamente menor a la que se presume. El proyecto de ley de minería de gran porte establece que emprendimientos mineros como el de Aratirí tributarían el IRAE, un adicional progresivo que depende de los márgenes económicos que declare la empresa, y el canon minero de 5% del total exportado (3% para el Estado y 2% para el propietario del campo). Según el economista Julián Alcayaga, este marco legal se inspira en el modelo chileno, que ha posibilitado que durante décadas las empresas mineras en ese país prácticamente no paguen impuestos a las ganancias. La “jopeada” se realiza con declaraciones que sobreprecian costos y subvalúan las ventas de modo tal que las utilidades de la empresa se reducen prácticamente a cero. Este modus operandi de las empresas mineras no garantiza que la tributación sea lo suficientemente significativa como para impulsar políticas de desarrollo genuinas o para neutralizar la degradación ambiental que acarreará la extracción de hierro en sólo 12 años.

En definitiva, con el destello de Aratirí puede verse el peor costado del modelo neodesarrollista: la creación de un marco jurídico favorable para el avance del gran capital en la explotación de recursos estratégicos; la primarización de las exportaciones y la consolidación de una posición subordinada, sujeta a los avatares de los precios de los commodities; la extranjerización de la economía y, en el marco de una estructura tributaria benevolente con el capital, la reproducción de una distribución regresiva del ingreso.

Proyectos de esta envergadura deben ser analizados con la mirada puesta en el modelo de sociedad al que apostamos. Es necesario tomar distancia del economicismo que postula el crecimiento como fin en sí mismo, y del conservadurismo que niega cualquier tipo de distorsión a la naturaleza. No se trata de discutir si explotar o no los recursos mineros, sino en qué momento y, sobre todo, bajo qué modelo de desarrollo es pertinente hacerlo. Nuestro horizonte debe ser la construcción de nuevas relaciones sociales, centradas en la vida humana y en su relación armónica con la naturaleza. Ningún costado del proyecto Aratirí parece aportar en esa dirección.