Pasadas las 15.30 de ayer, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de Ley de Minería de Gran Porte, que el Parlamento viene analizando desde 2012 a instancias del Poder Ejecutivo. Se aprobó con votos del oficialismo, 16 en 30, y como el proyecto fue modificado volverá a Diputados, donde en una primera instancia será analizado por la comisión de Industria.
En la espera
Hace pocos días se aprobó también la ley que extiende por un año el seguro de paro a los 95 trabajadores de Aratirí que dejaron de desempeñar tareas en la empresa hace seis meses. La medida se debió a que Aratirí está evaluando su estadía en Uruguay y permanece en el país con una plantilla de sólo cinco funcionarios.
En diálogo con la diaria, el integrante del gremio de trabajadores de la empresa Francisco da Silva explicó que pese a la aprobación de la ley aún continúan expectantes por la negociación paralela que el gobierno está realizando con Aratirí para concretar un acuerdo de inversión, y posteriormente hay que esperar el estudio de impacto ambiental. Da Silva indicó que mientras aguardan lo que pasará con su futuro laboral los trabajadores tienen la tranquilidad de contar con un ingreso mensual y al mismo tiempo se están capacitando mediante el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.
La sesión de ayer fue seguida desde las barras por opositores a la ley, muchos de ellos nucleados en el Movimiento por un Uruguay Sustentable, quienes desaprobaron el resultado de la votación del proyecto al grito de “vendepatrias” y “ladrones”. Los activistas no pudieron presenciar la discusión del articulado en particular porque desde la presidencia de la cámara se pidió el desalojo de las barras.
La discusión arrancó temprano y los temas centrales fueron similares a las sesiones anteriores sobre el tema. El senador oficialista Rafael Michelini defendió la ley y expresó que si tiene errores “es preferible ir mejorando los artículos a prohibir la actividad”. Destacó la “presión fiscal” que plantea el proyecto aplicable a las empresas, la creación con lo recaudado por ese aumento fiscal de “un fondo soberano intergeneracional de inversiones, que redunda en beneficio de las nuevas generaciones” y “la compensación que se le brinda al superficiario dueño de la tierra a explotar”.
En ese punto, el senador nacionalista Juan Chiruchi solicitó una interrupción: “No creo en la solución que da el Instituto de Colonización al superficiario, básicamente es una expulsión del productor, ya que no todo se compra con dinero, ese productor es expulsado del lugar donde se proyectó con su familia”. Michelini le respondió que no se puede recurrir a “razones afectivas o efectistas” y recordó que los cambios a la ley sobre ese punto fueron sugeridos por los propios productores.
El senador Oscar López Goldaracena, del Frente Amplio (FA), expresó que muchas de sus convicciones sobre el tema no estaban expresadas en el proyecto de ley, pero que iba a apoyarlo porque si bien “el marco legal no era el adecuado”, la ley es perfectible y “considerablemente” mejor que la vigente. Propuso que “como colectivo social nos apropiemos de los beneficios de nuestro suelo”, ya que la sociedad debe ser “la dueña soberana del recurso”. Pidió un rol mayor de las empresas públicas en la actividad y una mayor participación social en la explotación, por ejemplo mediante emprendimientos cooperativos. Expresó que “estamos viviendo una época de replanteo de la relación comunidad-naturaleza” y tomó como referencia a Ecuador, cuya Constitución considera a la naturaleza “como centro de derecho e imputación normativa”.
El senador colorado Pedro Bordaberry, en tanto, enumeró los cuatro puntos que no generaron consenso en las comisiones interpartidarias: los beneficios tributarios que se le dan a las empresas, el plan de cierre, el ordenamiento territorial y la transparencia. La intervención más larga, debido al diálogo que generó, fue la del ex ministro de Ganadería Ernesto Agazzi, quien comenzó realizando una semblanza histórica de la presencia de la minería en Uruguay “para analizar el hecho a partir de nuestra historia y no de los libros”. “Uruguay nunca será un país minero porque nuestros recursos minerales son marginales. Simplemente se trata de incluir un nuevo componente en la matriz productiva para diversificarla”, manifestó. Agazzi considera que se necesitan reglas diferentes de las actuales que regulen la minería porque la actividad ha cambiado, y destacó los acuerdos multipartidarios sobre el tema. En ese momento, Bordaberry le solicitó una interrupción y afirmó muy enfervorizado que el FA no había cumplido con el acuerdo y que con este proyecto se ignora el ordenamiento territorial y los gobiernos locales.
Sigue con todo
El nacionalista Sergio Abreu pidió otra interrupción y aseguró que por esos motivos no había estado de acuerdo con que su partido participara en esas comisiones. Agazzi respondió después que las directrices sobre ordenamiento territorial y gobiernos locales “ya están contempladas en la Ley de Ordenamiento Territorial, que votamos sin apoyo de la oposición” y que en Diputados hay un proyecto sobre el tema relacionado directamente con minería, pero que no se puede esperar a que esté aprobado para avanzar.
El blanco Luis Alberto Heber solicitó una interrupción y afirmó lo mismo que Bordaberry, siendo categórico en que el proyecto no contempla la evaluación ambiental estratégica. El frenteamplista Enrique Rubio solicitó otra interrupción para expresar que “la ley vigente de ordenamiento territorial establece la competencia exclusiva de los gobiernos departamentales de la categorización de sus suelos, y eso no se toca”.
Luego el senador Gustavo Guarino (Alianza Progresista) realizó una extensa intervención, casi sin interrupciones. Destacó que la minería “puede llegar a ser una alternativa para combatir la desigualdad de oportunidades que las zonas con peores suelos para la agricultura y la ganadería sufren en relación a las zonas más productivas” y celebró que gran parte de lo recaudado por la presión fiscal sobre la actividad minera sea destinado al Fondo de Desarrollo del Interior y los gobiernos locales.
Por su parte, el senador nacionalista Jorge Larrañaga expresó que “el gobierno no ha sido prolijo con el tratamiento de la ley”, que “afecta derechos de los superficiarios, las normas sobre igualdad de oferentes, y propicia violaciones al medio ambiente”. Según dijo, la normativa “no es amigable con el desarrollo social y humano y tiene carencias en cuanto al control ambiental muy complejas”. Aseguró que “todos los gobiernos han tenido problemas y patologías en el control, pero acá se está legislando sobre la improvisación”, y que por ese motivo no iba a acompañar ninguno de los artículos.
Finalmente el senador Alberto Couriel admitió que los beneficios que se les dan a las empresas no son los que fueron acordados en la comisión multipartidaria, aunque afirmó que apoyaba la ley porque el marco legal “da garantías sociales y ambientales”. Destacó, al igual que Michelini, que “un recurso no renovable le deje la mitad de las ganancias” al fondo soberano, y que el 30% de éste irá destinado a educación.