La Cámara de Diputados aprobó por 52 votos en 82 las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de ley sobre Minería de Gran Porte, que espera ahora la promulgación del Poder Ejecutivo. Conocida la noticia, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) anunció que juntará firmas para promover un referéndum para derogar la ley y que presentará recursos de inconstitucionalidad contra la nueva norma ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El texto original fue remitido por el Ejecutivo en octubre de 2012 y pasó a Diputados, donde se discutió en una comisión especial y el 17 de abril recibió media sanción. En el Senado fue debatido en la comisión de Energía, Comercio, Turismo y Servicios, que le hizo varias modificaciones que fueron aprobadas el 13 de agosto. De vuelta en Diputados, los cambios fueron discutidos una vez más en la comisión especial. Ayer en el plenario, tras el informe del diputado del Frente Amplio (FA) Alfredo Asti (Asamblea Uruguay), la mayoría de los representantes de los partidos Nacional y Colorado argumentaron en contra de las modificaciones, mientras que el Partido Independiente (PI) acompañó al FA.

Asti defendió el proyecto y dijo que se mantuvieron en el texto gran parte de los acuerdos establecidos por la comisión multipartidaria que funcionó en la órbita del Poder Ejecutivo. Aseguró que “se estipulan todos los requisitos medioambientales para cuidar que el impacto posterior a la explotación sea debidamente mitigado”.

Por su parte, el diputado nacionalista Gustavo Borsari (Todos) criticó a la bancada del FA por no haber recibido a algunas delegaciones y porque no tomó en cuenta los 29 aditivos presentados por el Partido Nacional, pero votó a favor de los cambios, “en consecuencia”, según explicó, con su voto afirmativo al proyecto original. “Las modificaciones no eran relevantes como para no acompañar el proyecto”, dijo a la diaria. En la votación del proyecto original otros cinco diputados blancos también habían acompañado la sanción: Jaime Trobo, José Carlos Cardoso, Carmelo Vidalín, Ricardo Berois y Rodolfo Caram. En las barras, trabajadores de Aratirí celebraron la aprobación del proyecto, y el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, declaró que seguramente el primer contrato a firmar con base en la ley aprobada sea con esa empresa.

Luego de la votación, las asociaciones nucleadas en Movus anunciaron que mantendrán acciones en contra de la norma. En los próximos días comenzarán una campaña de recolección de firmas para convocar a un referéndum para derogar la la ley. También presentarán recursos de inconstitucionalidad ante la SCJ, denunciando, en principio, que la ley viola el artículo 47 de la Constitución, que establece que la protección del medio ambiente es de interés general y que las personas deberán “abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente”.