En la última semana de diciembre, la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) publicó dos edictos. El primero informaba que el conjunto económico Minera Aratirí solicitó servidumbres mineras a los propietarios de 495 padrones; de ellos, 171 se ubican en Rocha, 100 en Durazno, 97 en Florida, 76 en Treinta y Tres y 51 en Lavalleja. La servidumbre minera es un derecho sobre el padrón, que puede implicar, por ejemplo, el derecho de que un tramo del mineroducto pase por ese territorio. El mismo edicto, de acuerdo con lo que establece el Código Minero, daba vista a los propietarios de los padrones y les otorgaba 30 días de plazo para formular sus descargos. En la misma semana, la Dinamige publicó otro edicto en el que solicitaba la “concesión para explotar” sobre los mismos padrones. En este caso, el plazo para los descargos es de diez días hábiles.
Rául Viñas, uno de los referentes del Movimiento Uruguay Libre, advirtió que no corresponde que se solicite la “concesión para explotar” un padrón, cuando no se especifica qué es lo que se quiere explotar y cuando no se realizó antes una actividad de prospección. El pedido sólo se justifica, a entender de Viñas, por el “apuro” del Poder Ejecutivo para firmar el acuerdo con la minera Aratití, ya que en la concesión para explotar hay diez días hábiles para los descargos, y en la servidumbre el plazo es de 30 días.
Por otra parte, varios propietarios han presentado recursos, en los que alegan que la vista que les dio el gobierno no contiene la información básica como para poder formular los descargos. “No están cumplidos los requisitos como para dar la vista previa. No se dice qué se quiere hacer en cada predio, faltan incluso certificados notariales en las notificaciones”, afirmó Julio Gómez, productor rural de Cerro Chato e integrante del grupo de productores y vecinos de ruta 7, que se opone a la instalación de Aratirí. Gómez estimó que se presentarán cerca de 100 recursos.
Kreimerman dijo a Búsqueda que se esperará a tener los descargos para firmar el acuerdo, y estimó que el plazo podrá cerrarse en la primera semana de febrero. No obstante, los productores entienden que recién después de que la información de la vista previa esté completa empieza a correr el plazo de diez días hábiles para los descargos. “Tienen que dilucidar la vista previa, recién ahí corre el plazo para los descargos”, estimó Gómez. Además, opinó que las declaraciones de Kreimerman conllevan “mala fe”, porque recién se dio la vista. “Si después los descargos están bien, ¿cómo va a asegurar que firma [el acuerdo con Aratirí]?”. Asimismo, Gómez hizo notar que el ministro dijo que la empresa iba a notificar a los propietarios de los padrones, cuando es una tarea que realiza el Estado.
Contraataque
En octubre del año pasado, el presidente José Mujica instó a sus ministros a realizar una campaña para difundir las bondades del emprendimiento que proyecta la minera Aratirí. Mujica reiteró el pedido a comienzos de diciembre. Desde hace tres días, el sitio oficial de Presidencia de la República está publicando entrevistas con el ministro Kreimerman, en las que defiende los beneficios que, a entender del gobierno, le reportará la minería de gran porte al país.
La última entrevista, publicada el sábado, figura bajo el titular: “Exigente. En negociación con Aratirí, el gobierno pone énfasis en garantías ambientales y económicas”. Kreimerman sostiene que las garantías son “un punto importante” en la negociación con Aratirí, “tanto desde lo ambiental [cierre de minas] como desde lo económico, en caso de no concretarse el proyecto”.
Sin secretos
El asesor presidencial Pedro Buonomo dijo a la diaria que el contrato con Aratirí “debería ser público”. “No me consta que se haya planteado alguna cláusula de confidencialidad”, manifestó.
Respecto de las garantías económicas, el semanario Brecha publicó el viernes, citando fuentes gubernamentales, que una vez firmado el acuerdo, la garantía que debe poner la empresa “se depositará en cuestión de horas”. Sin embargo, la Ley de Minería de Gran Porte establece en su artículo 27 que la denominada “Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato”, cuyo monto asciende a 5% de las inversiones programadas -que la empresa estima en 3.000 millones de dólares-, deberá constituirse previo a la suscripción del contrato entre la empresa y el Estado.
El ministro Kreimerman sostuvo también, en diálogo con la Secretaría de Comunicación de Presidencia, que la minería de gran porte es “beneficiosa” para el país, “por los ingresos que supone y por la diversificación productiva que genera”. Remarcó que por concepto del canon y otros impuestos que se cobran a la empresa, el Estado percibirá 450 millones de dólares anuales, que representan el 50% de las ganancias del proceso de la minería. De este monto, 70% se destinará a un Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión y 30% a proyectos de desarrollo productivo o de carácter ambiental. El secretario de Estado sostuvo además que 15% de la producción que se exporta deberá ofrecerse al mercado local, con el objetivo de desarrollar la industria siderúrgica.