Hace 15 días el Ministerio de Salud Pública (MSP) conoció la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que hizo lugar a un recurso que presentó un grupo de médicos que solicitaban la nulidad del decreto reglamentario de la Ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). El TCA no hizo lugar a la nulidad del decreto, pero sentenció la suspensión de diez de sus artículos (ver http://ladiaria.com.uy/articulo/2014/10/objeciones/).
El MSP presentará hoy un recurso para restituir los diez artículos. Los profesionales alegaban que el decreto limita su derecho a ejercer la objeción de conciencia y discrepaban con la disposición de abstenerse de hacer, durante la consulta, juicios de valor que pudieran influir en la decisión de la mujer. Leonel Briozzo, subsecretario del MSP, dijo a la diaria que ése es uno de los artículos más importantes “por la implicancia que tiene ya no en la Ley de IVE sino en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, en la Ley de la Colegiación Médica y en todo el marco jurídico y normativo de la conducta profesional”. Detalló que el artículo 12 del decreto “plantea con toda claridad la importancia que tiene la acción profesional informando, con calidad técnica y humana, buscando las mejores decisiones de la paciente, libres, informadas y responsables, y la suspensión de ese artículo deja entrever la posibilidad de que se habilitaría a los profesionales para que puedan influir o manipular a la paciente, y eso está prohibido en el Código de Ética Médica”.
Por otra parte, los profesionales que presentaron el recurso rechazaron que tengan que dejar constancia por escrito de su objeción de conciencia ante la institución en la que trabajan. Briozzo reiteró que hasta ahora no se ha aplicado el formulario consensuado que elaboró el MSP en conjunto con el Colegio Médico y las facultades de Medicina y Derecho de la Universidad de la República, pero destacó que es importante que se aplique porque lo que hace es definir la objeción de conciencia: “Todavía sigue existiendo una falta de información y de conocimiento de qué es la objeción de conciencia genuina, que siempre es una actitud éticamente adecuada, no una seudo objeción por conveniencia”.
El subsecretario expresó que cuando comenzó a implementarse la ley, 30% de los ginecólogos había hecho objeción de conciencia, pero agregó: “Hoy no sabemos exactamente si son más o menos, creemos que son menos, porque los equipos [de salud sexual y reproductiva] están trabajando muy bien”. De todos modos, aclaró que “el recurso recae solamente sobre los 19 profesionales que lo presentaron y no va a influir en los más de 800 que están trabajando en todo el país”. El recurso fue presentado por cerca de 100 médicos, pero alcanza solamente a los ginecólogos (19), que son los únicos autorizados a prescribir el método abortivo.
Discusión con referentes
La sentencia del TCA motivó a la organización Iniciativas Sanitarias (IS) a organizar un “Panel de alto nivel” que se realizará hoy a las 15.00 en la sede del Sindicato Médico del Uruguay. Barnard Dickens, profesor emérito de la Universidad de Toronto y presidente del Comité de Ética de la Federación Internacional de Ginecotocología y Obstetricia, dará una conferencia titulada “Los derechos humanos en relación con la objeción de conciencia”. Participarán asesores y referentes del ámbito académico, político y de la sociedad civil. La invitación es a debatir.
IS discrepa con el recurso que presentaron los médicos: “No tenemos problema con la objeción de conciencia, la respetamos como derecho humano, pero nos molesta cuando estos médicos interponen su propia conciencia a la conciencia de las mujeres y, de alguna manera, promueven las barreras para el acceso a los servicios”, opinó Cecilia Stapff, de IS. Dijo que deben derivar a las pacientes, asegurarse de que sean atendidas y “no intentar convencerlas porque ellos están en contra”. “Que respeten la autonomía de las usuarias”, sintetizó.
A partir del trabajo de IS se propuso, en 2004, la ordenanza que reconoció el derecho de atención en los servicios de salud a las mujeres que se habían practicado un aborto. La estrategia permitió minimizar riesgos y reducir las muertes maternas, y hoy es reconocida internacionalmente, al punto de que IS está asesorando a países de América Latina y África para replicar la estrategia.