No es para nada sencilla la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que se aprobó hace dos años y despenaliza la realización del aborto en el marco de la consulta en instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud y hasta las 12 semanas de gestación. Era de sospechar que sería así. En primer lugar, porque hacerse un aborto no es como tratar una gripe: al dolor que puede generar tomar la decisión se le suma la condena social, que lleva a muchas mujeres a ocultar su situación en el ámbito familiar, laboral y hasta en el servicio de salud. En segundo lugar, porque ha habido resistencia de algunos ginecólogos a cumplir con la ley al pie de la letra, así como atribuciones del personal de la salud, que se transforman en barreras para acceder a los servicios.
Una línea telefónica en la que plantear las dudas que no pueden ser formuladas en otros espacios puede ser un apoyo fundamental. En marzo, la organización feminista Mujeres en el Horno lanzó la línea 0800 8843 (que atiende lunes, miércoles y viernes) con el objetivo de informar, asesorar y acompañar a quienes atraviesan un embarazo no planificado o no aceptado. El colectivo presenta hoy un avance del informe de sistematización de las llamadas recibidas entre marzo y noviembre, que fueron 153 (no contaron las llamadas de acompañantes, ni las consultas por Facebook y correo electrónico).
Obstáculos varios
El informe concluye que la Ley IVE y las prestaciones que ofrece no han sido suficientemente difundidas. 66,7% de las mujeres llamó en la etapa previa a la práctica del aborto, consultó sobre la ley, los pasos, plazos, costos, horarios y a qué parte de la institución de salud debía dirigirse. Silvia Copello, integrante de Mujeres en el Horno, dijo a la diaria que “el desconocimiento de la ley es generalizado” y que afecta a mujeres de todos los estratos económicos. Añadió que incluso las mujeres que conocían la ley no sabían que la práctica es ambulatoria: los fármacos se los administra la propia usuaria en su domicilio. El colectivo preveía que la mayor parte de las llamadas ocurrirían durante el proceso de aborto; sin embargo, éstas sólo representaron 17,2%. El informe destaca que las consultas en esa etapa refieren a la ocurrencia de síntomas y a las consecuencias físicas de la expulsión: “Describen situaciones en las que queda claro que la información brindada en una primera instancia por los equipos IVE no fue suficiente, no la registraron bien, o se dan cuenta de que no lograron preguntar todo lo que querían”. 16,2% de las llamadas fue posterior a la realización del aborto. “Denuncian malos tratos, vulneración de derechos, demoras excesivas”, y otras indagan por el uso de anticonceptivos. Muchas de esas denuncias no se realizan ante los servicios de salud ni ante el Ministerio de Salud Pública por temor a la exposición.
Las llamadas demuestran dificultades en la aplicación de la ley: “Demoras en la atención, dilatación de las consultas en los casos en que las mujeres concurren con pocas semanas de embarazo, diversidad de formas en que se organizan los equipos para la atención del IVE, escasos recursos humanos, centralización de la atención, falta de capacitación del personal administrativo y no médico (lo que deriva en algunas situaciones de maltrato)”, expresa el informe. Se detectó que usuarias del interior, de mutualistas cuya sede central está en Montevideo, son enviadas a la capital para poder realizarse el procedimiento, y que el pasaje debe ser costeado por ellas mismas, algo que no debería ocurrir.
Hay otra falla del sistema identificada en el informe: mujeres que concurren al servicio de salud dentro de las 12 semanas de gestación (a veces incluso tempranamente, a las cuatro semanas) pero que por demoras del propio prestador de salud en la coordinación de estudios y consultas, o por dificultades con la medicación, terminan quedando fuera del plazo permitido. En esos casos “deben remitirse al mercado clandestino para lograr el acceso a la medicación”. El colectivo entiende que ésos son “agujeros” que deja la ley y recomienda “generar respuestas (no previstas en la actualidad por la ley) que habilite la continuidad de un aborto en condiciones seguras para la mujer”.
Por otra parte, si bien el departamento de Salto es el ejemplo más claro del impacto de la objeción de conciencia, el informe menciona que médicos objetores de otros servicios “han intentado persuadir a las mujeres de su decisión, negando atención y asesoramiento”, especialmente después de la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que observó algunos de los artículos reglamentarios de la ley.
Desmitificando
Copello destacó que quienes se oponían a la ley sostenían que su aprobación impulsaría el aborto como método anticonceptivo, algo que no se desprende de las llamadas: 70% de las mujeres dijo usar métodos anticonceptivos (preservativos o pastillas); la falla podría deberse a “falta de información, educación, dificultades para la negociación, barreras para el acceso”.
Entre los mitos derribados, Copello mencionó que “muchas tienen hijos; se decía que las mujeres que abortan son las que no quieren ser madres”: 56% de las mujeres que llamaron tenía al menos un hijo. Sólo 7,1% de las que llamaron tenían entre 14 y 18 años.
La “despenalización cultural del aborto” sigue presente, afirma el colectivo. Copello observó que si bien la ley existe, “la cabeza de las personas no cambia de un día para el otro, y sigue estando muy arraigado esto de que la mujer que aborta es una asesina; sigue estando esta penalización cultural, de todos lados”.