Martin Ennals fue un defensor británico de los derechos humanos que ocupó el cargo de secretario general de Amnistía Internacional entre 1968 y 1980. El premio que lleva su nombre se creó en 1993 y cuenta con un fuerte apoyo de la ciudad suiza de Ginebra, donde está su sede. Premia a personas de todo el mundo por su “lucha excepcional”, se destina a aquellos que demuestran “valentía” y capacidad de innovación y que necesitan “protección inmediata”. Su objetivo es dar a conocer a la opinión pública el trabajo de los premiados, para brindarles mayor seguridad.

Es conocido como el “Nobel de Derechos Humanos” y surge de la colaboración entre diez de las mayores organizaciones de defensa de los derechos humanos en el mundo -entre ellas Amnistía Internacional-, que integran el jurado.

Este año la premiada fue Ancheita. Al terminar la entrevista, la activista destacó la importancia de la voz del presidente José Mujica y saludó que un país latinoamericano “logre llamar la atención sobre los graves problemas de violencia que vivimos en el continente”. Además, reclamó una “comunidad latinoamericana más crítica y también más fortalecida” a la hora de defender los derechos humanos.

-Su organización, ProDESC, lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, de los migrantes y de los trabajadores ante las empresas multinacionales.

-Sí. Y también de comunidades agrarias. Acá, en México, todavía tenemos una figura legal que es el núcleo ejidal o comunidades de bienes comunales. Después de la revolución se otorgaron tierras a campesinos, pero el título y la propiedad de la tierra tienen una naturaleza colectiva. En el estado de Oaxaca, cuyo índice de población indígena es bastante alto, tenemos dos causas importantes de defensa del derecho al territorio de comunidades indígenas en el istmo de Tehuantepec. De manera muy particular, el gobierno de Oaxaca está impulsando un proceso para que se vaya impulsando el derecho a la consulta [a los pueblos originarios sobre asuntos que los afecten directamente] previsto en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, no es una práctica que se haya generalizado en el país y todavía hay una deficiencia, en términos generales [aunque esta normativa fue integrada a la legislación local].

-¿Cuáles son esas dos causas que impulsan en el estado de Oaxaca?

-La comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo es una comunidad cuyos derechos a la tierra, al territorio y los bienes naturales que allí se encuentran fueron afectados por la construcción de parques de energía eólica. Son parques construidos principalmente por empresas transnacionales europeas. En el caso de esta comunidad en especial, llegaron en 2004 a solicitarles la renta de su tierra para que se construyera allí el parque de energía eólica Piedra Larga Nº 1. Sin embargo, llegaron sin traductores, les hablaron en español, y es una comunidad cuya forma de entendimiento todavía es a partir de su lengua, el zapoteco. Por supuesto, algunos conocen el español y lo hablan, pero no es el idioma en el que ellos tienen el mejor entendimiento de lo que puede implicar la renta o la venta de la tierra. Los representantes de estas empresas les solicitaron la renta de sus tierras, sin explicarles en zapoteco lo que implicaría el desarrollo de esos parques eólicos ni lo que implicaría en términos del desarrollo de su propia vida comunitaria. Es una comunidad que todavía siembra la tierra y que vive de su producto. Además, el título de su tierra es todavía comunal y las empresas no sólo entraron sin explicar, sino que además hicieron con ellos contratos privados, cuando la ley que se tendría que aplicar es la ley agraria, y se debería haber firmado un contrato de ocupación temporal regido por esa norma. Entre los contratos privados que se firmaron también se estableció que los dueños de la tierra iban a poder entrar a esa zona a trabajar, porque no necesariamente se iba a necesitar toda la superficie. Pero una vez que empezó la construcción, cercaron las tierras y los habitantes ya no han podido entrar a trabajar la tierra como lo venían haciendo por generaciones. Eso les está implicando no sólo una afectación económica, sino una afectación cultural por la imposibilidad de desarrollar sus actividades como comunidad en relación con la tierra.

-¿Esa empresa de dónde es? ¿Cuál es su nombre?

-Es una empresa española, Renovalia [Renovalia Energy].

-¿Ustedes cómo intervienen?

-Entramos a apoyar este caso cuando ya se había iniciado la construcción del parque. La comunidad nos llamó para pedir asesoría. Nosotros hicimos un análisis de la situación legal y les notificamos que se podía dar por terminados sus contratos, y estamos litigando el caso ante los tribunales agrarios. Pero también estamos acompañando el proceso organizativo de la propia comunidad, para fortalecer sus procesos de definición y de toma de decisiones, principalmente llevándoles la información que necesitan sobre las implicaciones de este tipo de proyecto y tratando de que tengan toda la información para poder tomar las mejores decisiones.

-¿Nos puede hablar de algún otro caso que estén atendiendo, vinculado a otras poblaciones?

-Desde 2013 acompañamos a un grupo muy grande de trabajadores y trabajadoras mexicanos, pero principalmente a trabajadoras, que migran cada año a Estados Unidos bajo las visas de trabajo temporal H2A y H2B. Viajan al estado de Luisiana para dedicarse a la limpieza del marisco, que es una industria importante allí. Sin embargo, sufren una serie de violaciones a sus derechos humanos laborales, desde el momento en que son contratadas en sus comunidades de origen, en el estado de Sinaloa, en el norte. Han tenido ya alrededor de 13 o 15 años de experiencia, cruzan a trabajar cada año a Estados Unidos, pero no han acumulado ningún derecho económico social, ni en Estados Unidos ni en México, por la temporalidad de este tipo de visas. Además, la falta de atención integral por parte del gobierno mexicano, y por las condiciones en las que se dan el reclutamiento y la contratación, dan la posibilidad a agentes privados de llegar a esas comunidades ofreciendo ese tipo de trabajo y solicitando cuotas por asegurarles un lugar de trabajo en Estados Unidos y por hacer la solicitud de la visa.

-¿Eso está prohibido?

-Eso es una violación a la Constitución de México, donde el trabajo está considerado un derecho, y además hay una serie de reglamentaciones que penalizan a las agencias de contratación y reclutamiento cuando se le solicita [al trabajador] cualquier pago o cuota por trámites ante el consulado estadounidense. Estas visas de trabajo son emitidas por el gobierno estadounidense y cualquier cuota tiene que ser subsanada por el empleador, que es estadounidense. Cobrar cualquier cuota es incurrir en el delito de fraude. Otra de las situaciones que se dan es que cuando las trabajadoras se dan cuenta de que les cobraron cosas indebidas, se quejan de esta situación.

-Y pierden el trabajo.

-Exactamente. Las despiden y son deportadas, porque con esas visas de trabajo, una vez que el empleador ya no quiere a los trabajadores o a las trabajadoras, tienen que regresar a su país.

-¿En qué medida las ayudan ustedes?

-Lo que hemos impulsado es la defensa legal, pero otra parte muy importante, en el caso de las comunidades de Oaxaca, ha sido apoyar las posibilidades de procesos organizativos. ProDESC impulsó la creación de una coalición de trabajadoras y trabajadores sinaloenses. A su vez, ellos están impulsando una serie de trabajos para dar información veraz, adecuada y oportuna, y también para tener un diálogo con el gobierno mexicano para que se involucre en la protección de sus derechos cuando están todavía en territorio mexicano.

-¿Notó un cambio en la postura del Estado ante las multinacionales desde que asumió el presidente Enrique Peña Nieto?

-No. Desafortunadamente, creo que lo que sí hemos visto es un acomodo ad hoc por parte del gobierno mexicano a una mayor explotación por parte de las empresas transnacionales. Esto tiene que ver también con las últimas reformas en materia energética que se dieron en el país, ya a cargo del gobierno de Enrique Peña Nieto, en 2011, en las que hay mayor apertura hacia las empresas transnacionales para que entren al territorio de comunidades agrarias e indígenas a hacer una sobreexplotación de los bienes naturales y a producir energía sin darles un marco de mayor protección a las comunidades para que tengan la posibilidad de decir que no. Me parece que ha sido un cambio, incluso, hacia una mayor restricción en materia de protección a los derechos de las comunidades y de mayor apertura para las empresas transnacionales.

-El premio Martin Ennals, que usted recibió, se suele entregar a defensores de los derechos humanos que están siendo amenazados, para darles más visibilidad y, por lo tanto, mayor seguridad. ¿Usted está en peligro?

-Desafortunadamente, la defensa de los derechos humanos se ha convertido en un trabajo de muy alto riesgo en México. Yo llevo 15 años en la defensa de los derechos humanos. Acá en México, en los últimos dos años, fui sujeta, junto con mi organización, a una campaña de amenazas e intimidación. Amenazas de muerte por correo electrónico, también telefónicas. Tuvimos vigilancia [para intimidar] fuera de nuestra oficina y también en algunos hogares de miembros de mi equipo y en mi propia casa. A la par de que estábamos teniendo estas acciones de intimidación, fuimos sujetos de una campaña de difamación en los medios de comunicación. Se inició difamando el trabajo de la organización en términos generales y, una vez que fue aumentando la intimidación, esta campaña de difamación se dirigió hacia mí como persona.

-¿Qué medios participaron en la campaña?

-La mayoría eran medios escritos, y también algunos electrónicos. La última situación, que ya nos generó mayor alerta, fue cuando en el editorial de El Financiero me nombraron como “la abogada del diablo”, estableciendo que yo sola tenía bajo ataque a un centenar de empresas transnacionales y que estaba causando un impacto negativo en la economía del país. Es importante también ponerlo en un contexto en el que la relatora [especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos (2008-2014) de la Organización de las Naciones Unidas], Margaret Sekaggya, en su último informe [antes de dejar el cargo] estableció que la difamación era una de las nuevas estrategias que se estaban utilizando para crear una animadversión hacia defensores y defensoras, principalmente hacia aquellos que estamos defendiendo a comunidades indígenas o los derechos de trabajadores frente a intereses económicos como los que representan estas empresas transnacionales. En México, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos tiene un registro de ataques a defensores. Sólo en 2013 registró 242 ataques contra mujeres defensoras acá. De éstos, 95% está todavía en la impunidad. La propia comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal registró 809 ataques contra defensores y defensoras en el país entre 2010 y 2013.

-¿Usted tiene alguna forma de custodia, de seguridad que le provean las autoridades?

-Eso es parte de los retos que enfrentamos, porque en 2011 se constituyó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos y Periodistas. Es un mecanismo a cargo del gobierno mexicano que ha recibido 130 solicitudes de protección, las cuales no se han podido atender aún con efectividad. Nosotros solicitamos protección en noviembre del año pasado, y apenas en diciembre [de 2014] el mecanismo nos va a hacer la primera entrevista a mí y a mi equipo para identificar y hacer un análisis de riesgo. Esto es parte de la situación que se está viviendo y de la falta de atención, pronta y efectiva, por parte del gobierno mexicano para asegurar el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos.

-¿Cree que la indignación generada por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala va a desembocar en cambios reales en México?

-Creo que fue la gota que derramó el vaso. En México hay una cifra oficial de 26.000 desaparecidos desde 2005 hasta la fecha. Implica un problema gravísimo y estructural, y este último caso vino a terminar de acomodar, digamos, la indignación que viven no sólo los padres de los 43 normalistas, sino centenares de padres y madres de familia que siguen en la búsqueda de sus desaparecidos. También creo que hay un cambio que se va identificando de manera paulatina, lo va construyendo el ejercicio ciudadano de la demanda del respeto a los derechos humanos que la sociedad mexicana está haciendo en las últimas fechas. El gobierno tiene la obligación de atender esta exigencia. Y la mejor forma sería asegurar el acceso a la Justicia a esos 43 jóvenes que están desaparecidos, pero también a los otros 26.000 desaparecidos que hay en el país. Existe un proceso de cambio que la sociedad está planteando en México. Había un miedo generalizado por lo que está pasando en el país, y eso había creado cierto sentido de parálisis. Sin embargo, creo que el caso de los jóvenes dio la posibilidad de transformar ese miedo en una indignación y una exigencia colectiva de respuestas que me parece que son una alternativa para construir mejores condiciones para este país.