El precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou (Todos) dará a conocer esta mañana las propuestas comprendidas en su plan Asentamiento Cero, que se propone erradicar estos establecimientos irregulares en un plazo de diez años. El plan se hará público en el marco del segundo capítulo de los cuatro que componen la agenda de gobierno que propone el precandidato, llamado “Un país de oportunidades”

El coordinador de los grupos programáticos de la precandidatura de Lacalle Pou, Pablo da Silveira, expresó que Asentamiento Cero consta de tres partes: frenar la construcción de nuevos asentamientos, convertir en barrios integrados a la ciudad aquellos asentamientos cuya ubicación y características los hagan “viables” para este objetivo y, en caso de que éstos sean “inviables”, reubicar a sus habitantes en nuevas viviendas. “Siguiendo estas vías y gastando más de lo que el actual gobierno ha gastado hasta ahora, creemos que en un plazo de diez años es posible revertir esta situación”, aseguró Da Silveira.

La primera parte de este proyecto se dirige a quienes corren riesgo de engrosar los asentamientos por su vulnerabilidad social. “Una de las críticas que le hacemos al gobierno es que si bien tiene respuestas para el que ya se cayó, no las tiene para quienes están luchando por no caerse. Queremos apoyar a esa gente, que es mucha y pelea en condiciones muy difíciles”, describió Da Silveira. Según cita El Observador, el documento del sector afirma que el actual gobierno premia “a quienes dejaron de pelear” y “castiga” a quienes “siguen peleando”. “Si alguien deja de buscar empleo y se instala en un asentamiento, recibe muchas formas de ayuda. Pero aquellos que se esfuerzan por generar sus propios ingresos, pagar por los servicios públicos y cumplir con sus obligaciones ante la seguridad social no reciben ninguna clase de apoyo”, sostiene.

Las propuestas en esta área están focalizadas a que esta población “aumente su capacidad de generar ingresos” y a la vez abaratar sus costos de vida, explicó Da Silveira. Entre las medidas que se prevé adoptar, se incluye la posibilidad de que los beneficiarios de estas políticas (que, según El Observador, deberán tener un empleo formal o un microemprendimiento registrado, abonar con regularidad la electricidad y tener un ingreso que no llegue a la segunda franja del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, IRPF) puedan alquilar con la garantía del Estado, solicitar microcréditos en condiciones ventajosas, ser exonerados total o parcialmente del IRPF y acceder a programas de capacitación laboral.

En cuanto a convertir los asentamientos en barrios, Da Silveira explicó que se propondrá utilizar medidas que incluyan la expansión de los servicios básicos estatales a esas zonas y la emisión de títulos de vivienda a cambio de algunas condiciones como, “por ejemplo, el compromiso de realizar mejoras en las viviendas, con la debida ayuda” y “que el propietario tenga un empleo en el sector formal”. En los casos en que haya que reubicar a la población de los asentamientos, el asesor expresó que se implementará una serie de programas que incluyen nuevas técnicas de construcción y la utilización de viviendas y predios que están en desuso, la mayoría de las cuales, según Da Silveira, son propiedad del Estado.

Contraataque

Los planteos de Lacalle Pou ya generaron críticas en los despachos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Andrés Scagliola, director nacional de Políticas Sociales, cuestionó el enfoque de esta propuesta y recordó que hay 500.000 personas que reciben asignaciones familiares, es decir, “mucho más que las personas que viven en asentamientos”. Según consideró, el plan de Lacalle Pou parece estar dominado por una “perspectiva de antagonismo entre el que trabaja y el que no, por lo que en realidad es una propuesta construida sobre un mito”. “El problema no es que las personas en situación de pobreza no trabajen, sino que muchas veces buscan empleo pero como están estigmatizadas terminan en el mercado informal”. También evaluó como algo “muy peligroso” oponer “grupos sociales” entre “quienes trabajan y quienes no trabajan” y entre “quienes la pelean y quienes no”: “Cuando hablás de familias en situación de pobreza hay muchas mujeres solas que pelean por el cuidado de los hijos en situaciones muy adversas, y plantear que no la están ‘peleando’ es un error garrafal”.

Por su parte, el director nacional de Evaluación y Monitoreo del Mides, Juan Pablo Labat, consideró que los objetivos de Lacalle Pou son “compartibles” y se alegró de que su sector haya dejado por el camino la idea de recortar los gastos en políticas sociales como lo había hecho en las elecciones de 2009. No obstante, manifestó dudas respecto del proyecto: “Quiero que me expliquen cómo van a hacer esto y a la vez bajar el gasto público, porque para erradicar los asentamientos van a tener que aumentar el gasto social, y ningún problema de eficiencia de gestión puede dar lugar a un margen presupuestal tal para lograr esto sin subir el gasto”. Labat además invitó a Lacalle Pou a que explicite “qué inversión incremental anual en vivienda” piensa hacer en su gobierno, y consideró que “pensar que la pobreza en Uruguay es igual a los asentamientos es propio de alguien que nunca caminó por esos lugares”. Sostuvo que se trata de un pensamiento “bastante simple” ante “propósitos reconocidos por todos”.