No son pocos los sectores brasileños que siguen denominando al golpe de Estado y la posterior dictadura como “la revolución”: militares, empresariales e incluso políticos. Pero sorprende que lo haga también la Cámara de Diputados de Brasil, en uno de los textos de su web, en este caso escrito por la Asesoría de Prensa del órgano: “Escribiendo la historia [una sección de la web de la cámara baja] lanza una nueva serie con hechos importantes de la historia de Brasil: los 50 años de la Revolución de 1964”. La redacción de este anuncio fue corregida y se sustituyó “revolución” por “golpe de Estado”, pero el error en sí permite mostrar la dualidad que existe en Brasil cuando se habla de la dictadura.
Las páginas web de los principales medios brasileños tienen desde hace semanas espacios dedicados a los 50 años del golpe de Estado, en los que se publican resultados de investigaciones sobre hechos de la dictadura, pronunciamientos de la Comisión de Verdad y entrevistas a militares retirados y ex guerrilleros.
Se puede leer, por ejemplo, al general Leônidas Pires Gonçalves, uno de los principales dirigentes militares de la última etapa de la dictadura y ex ministro del gobierno de José Sarney, diciendo frases como “Evitamos que el país se partiera” o “La revolución no mató a nadie”. Al lado, se puede ver una entrevista a Cid Benjamin, que hoy es periodista y que fue líder estudiantil y guerrillero a fines de los 60. En esa nota, Benjamin, que participó en el secuestro del embajador estadounidense Charles Burke Elbrick en 1969, justifica la lucha armada y dice que “aunque estuviera equivocada políticamente”, porque no logró el eco que buscaba, “fue una parte legítima de la resistencia a la dictadura”.
El de Brasil fue el primero de los golpes de Estado que implantaron dictaduras en los años 70 en el Cono Sur, y el año que viene se van a cumplir 30 años del retorno a la democracia. Pero la revisión, incluso histórica, de esa etapa todavía es una cuenta pendiente. El tema no se enseña en las escuelas y liceos -excepto en los liceos militares, en los que se incluye como tema la “revolución moderada” de las Fuerzas Armadas-, y la Comisión de la Verdad de Brasil fue la última en crearse. Según sostienen algunos militantes por los derechos humanos, será además la menos reveladora (ver nota vinculada). No hay ningún militar preso, tampoco hay ninguno que esté sometido a juicio por los crímenes de la dictadura.
Cambio generacional
Hay algunas iniciativas que parecen mostrar cierta tendencia a que las nuevas generaciones cambien esa inercia brasileña. Ha habido reuniones entre autoridades escolares, padres y alumnos en una media decena de escuelas para debatir el cambio del nombre de la institución y retirar el de un dictador para sustituirlo con el de un político o dirigente guerrillero, por ejemplo. Así, la escuela Presidente Emilio Garrastazú Médici, de Salvador (Bahía), se llama ahora Carlos Marighella.
También son jóvenes los integrantes del Grupo de Trabajo Justicia de Transición, integrado por fiscales que se agruparon para investigar causas de la dictadura y que han intentado llevar a los represores ante la Justicia esquivando una casi impenetrable ley de amnistía, aunque sin lograrlo. Ellos llevan adelante una lenta pero progresiva campaña de cambios de nombres en edificios y espacios públicos y señalan que los homenajes a los generales que lideraron la dictadura violan el derecho a la memoria previsto en la Constitución.
Ya avanzaron en lugares poco conocidos y lograron modificar nombres de rutas, puentes, caminos y demás, pero ahora su objetivo es el puente que une la ciudad de Río de Janeiro con la de Niterói, cuyo nombre es Presidente Costa e Silva, el segundo presidente del régimen militar, que gobernó desde 1967 hasta 1969, cuando Garrastazú Médici asumió el cargo.
En el marco de las conmemoraciones del aniversario del golpe de Estado, que comenzaron hace un par de semanas, varias organizaciones civiles han reclamado en distintos puntos del país que las edificaciones que eran utilizadas como centro de tortura sean convertidas en centros culturales. En San Pablo, la Comisión Municipal de la Verdad Vladimir Herzog pidió al gobernador Geraldo Alckmin la transformación de la sede del Destacamento de Operaciones de Información del Centro de Operaciones de Defensa Interna, el DOI-CODI, el mayor órgano represor de la dictadura brasileña.
Con o sin memoria
La Comisión Nacional de la Verdad, creada por ley en diciembre de 2011 y formada en mayo de 2012, anunció días atrás que incluirá en su informe final los resultados de investigaciones sobre la colaboración de varias empresas con el gobierno dictatorial, pero investigaciones similares se habían anunciado sobre las iglesias hace casi un año y medio y, sin embargo, no se han conocido resultados.
Mientras esas iniciativas van apareciendo, a 50 años del golpe, otras no quedaron atrás. Para el sábado 22 de marzo varias agrupaciones -la mayor parte de ellas, de militares- organizaron desde las redes sociales una reedición de la Marcha de la Familia con Dios por la Libertad, que el 19 de marzo de 1964 inundó las calles de San Pablo y sirvió de antesala del golpe. La “segunda edición de la marcha que en 1964 expulsó al comunismo de Brasil y evitó que el país fuera el patio trasero de Cuba” reunió sólo a unos cientos de personas.