El terremoto ocurrido el martes de noche dejó seis muertes -debidas a derrumbes y paros cardíacos- y afectó en particular la zona de Iquique, capital de la región de Tarapacá, en el extremo norte chileno. También causó daños materiales que ayer todavía se evaluaban.

La presidenta suspendió su agenda y viajó ayer de mañana a la zona afectada junto a cinco de sus ministros. De madrugada, Bachelet decretó el estado de catástrofe en las dos regiones del norte de Chile, Arica y Tarapacá para evitar posibles saqueos y desórdenes públicos. La fuga de 322 personas de la cárcel de mujeres y de 14 presos juveniles en Iquique fue una de las consecuencias secundarias más destacadas en la prensa chilena, aunque la mayoría de esas personas ya volvieron a ser detenidas.

A pesar de que ayer aún había rutas cortadas, las pérdidas humanas no tienen comparación con las que causó el sismo de 8,8 grados de 2010. En aquel sismo, ocurrido cuando Bachelet estaba a punto de dejar el cargo a Sebastián Piñera, murieron 524 personas, de las cuales 181 fallecieron debido al tsunami que siguió al terremoto y del cual no se alertó a tiempo.

Esta vez se aplicó una serie de nuevos protocolos de actuación a seguir, establecidos después de analizar los errores que se cometieron hace cuatro años. “Los organismos institucionales, tanto de la intendencia como del Ejército, han operado con mucha solidez y rapidez en esta emergencia”, dijo el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, desde Iquique, ciudad a la que viajó ayer junto a Bachelet, que se quedaría en la zona hasta hoy.

A pesar de los momentos de pánico que generó el temblor (que fue menor que el de 2010), y la posterior alerta de tsunami, la impresión que había ayer en Chile era la de que el país está ahora mejor preparado para este tipo de desastres.

Se estima que en 2010, cuando Bachelet estaba a punto de dejar el gobierno, 181 personas murieron por no haberse dado las alertas de tsunami a tiempo. Lo ocurrido el martes de noche sirvió para probar las nuevas normas y pasos a seguir en esos casos. Esta vez la ciudadanía estaba mejor informada que hace cuatro años, a lo que se sumó un sistema de alerta por mensajes de texto a cargo de la Policía. Gracias a todo eso se evacuaron las costas chilenas con calma y no hubo incidentes en las calles.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, un total de 972.000 personas fueron evacuadas. Ayer, con el levantamiento de la alerta de tsunami, aquellos evacuados cuyas viviendas no habían sufrido daños ya pudieron regresar a ellas.

Bachelet dijo ayer que “todos los habitantes del norte” demostraron “una gran actitud cívica”, al tiempo que expresó sus “condolencias” a las familias de las víctimas. El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, también quiso demostrar que la situación estaba bajo control: “Quiero dar tranquilidad a las zonas afectadas por el terremoto y al país en general, respecto a que contamos con los recursos para enfrentar emergencias como ésta”.

Desde la oposición, llegaron señales de reconocimiento a la manera en que el gobierno gestionó esta situación. Según la chilena Radio Bio Bio, el diputado de la opositora y derechista Unión Demócrata Independiente, Gustavo Hasbun, dijo que algo se aprendió de 2010. También el movimiento Amplitud, un sector de Renovación Nacional, el partido de Piñera, consideró adecuado que se respetara lo establecido en el protocolo de emergencia, que dispuso que se encargaran de atender la crisis el ministro y el subsecretario del Interior, aunque en un primer momento Bachelet supervisó las operaciones desde La Moneda.