El sábado la Convención del Partido Nacional (PN) se reunirá para proclamar la fórmula presidencial, integrada por Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, y también aprobará el programa de gobierno que presentará en octubre. El documento, que contiene las líneas estratégicas fundamentales, tiene 13 páginas y diez capítulos, el primero referido a la seguridad. A la vez que propone reformar y dignificar a la Policía, algo que fue enfatizado por Lacalle Pou durante su campaña, se propone la creación de una guardia nacional, una propuesta de Larrañaga, pero con la variación de que sea dependiente del Ministerio del Interior. En este capítulo también reafirma la derogación de la Ley de Regulación del Mercado de Marihuana, y no hace referencia a legalizar el autocultivo.

En materia de políticas sociales el programa reafirma una serie de planes: Asentamiento Cero, Estamos Contigo (orientado a dar apoyo a familias con “alta vulnerabilidad económica y en riesgo de exclusión social”) y Discriminación Cero (“que proteja a la población en riesgo de ser discriminada”).

El capítulo educativo propone impulsar una política educativa que privilegie “el control ciudadano sobre el gobierno de la educación”. Para eso plantea fortalecer el papel del Ministerio de Educación y Cultura, y señala que los órganos de la Administración Nacional de Educación Pública se ajustarán “al principio democrático que establece que la conducción de la educación nacional corresponde a los representantes de la voluntad ciudadana”. Si bien el programa no da detalles, Lacalle Pou y Larrañaga acordaron que los docentes tengan representantes en los organismos de la ANEP, pero no voto. Larrañaga pretendía aumentar el número de representantes del Poder Ejecutivo, de forma que tuvieran mayoría, mientras que Lacalle Pou era partidario de que los trabajadores no estuvieran representados.

En el marco del capítulo denominado “Un Estado de Derecho sólido, con instituciones transparentes”, incluyen como línea programática respetar “estrictamente los pronunciamientos del Poder Judicial”. “La Suprema Corte de Justicia es un poder del Estado que no puede ser sometido a presiones ni desafiado”, añade. En este capítulo incluyen además que prevendrán “violaciones a los derechos humanos, especialmente aquellas que puedan cometerse en ámbitos dependientes del Estado como el sistema carcelario, el INAU y el Sirpa”.

En el séptimo capítulo el programa se refiere a la economía y plantea impulsar un Plan de Competitividad que incluirá una regla fiscal “consensuada entre el gobierno, la oposición, los trabajadores y los empresarios”. Incluye también la transformación del IRPF “en un impuesto más justo y más inteligente”, introduciendo deducciones por gastos en educación y aumentando las deducciones por alquiler.

El programa se compromete explícitamente a mantener los Consejos de Salarios, pero a la vez pretende derogar el decreto sobre ocupaciones en los lugares de trabajo y “quitar rigidez al sistema, introduciendo mecanismos de descuelgue para empresas en dificultades y cláusulas de salvaguardia que se activen ante cambios abruptos en el contexto”.

También propone asociar las definiciones salariales con la productividad. En materia agropecuaria, asegura que mantendrán las deducciones al IRAE “que premien la productividad” y que rechazarán “cualquier impuesto ciego al activo tierra”.

En materia de relaciones internacionales, señala que se privilegiará “la solución de los problemas con la República Argentina”, así como “mejorar la posición de Uruguay” dentro del Mercosur, priorizando “los temas económico-comerciales sobre los políticos” y estrechando los vínculos con Paraguay.

El programa le dedica un capítulo especial al medio ambiente: impulsará la creación de Juzgados Nacionales de Ambiente y un Defensor Nacional del Medio Ambiente.