Hace más de 20 días que se venció el plazo para que el Poder Ejecutivo reglamente la Ley de Software Libre. La norma, aprobada en diciembre de 2013, establece que los organismos estatales deberán “distribuir toda información en al menos un formato abierto, estándar y libre”. Dispone también que las instituciones y dependencias del Estado deberán “dar preferencia” a las licencias de software libre, y en caso de que se opte por software privativo, “se deberá fundamentar la razón”.

El texto final surgió de una negociación entre los partidos políticos y dentro del Frente Amplio, porque algunos legisladores y las organizaciones que defienden el software libre no estaban de acuerdo con que se establecieran excepciones para el uso de software libre por parte del Estado. La formulación final, que dispone que basta con “fundamentar la razón” para optar por software privativo, no conformó a las organizaciones, que aspiraban a que en la reglamentación se precisara más ese concepto. Pero hasta ahora no se conoce el texto de la reglamentación, que debe establecer, según la ley, los “tiempos y formas en que se efectuará la transición de la situación actual a una que satisfaga las condiciones de la presente ley”, así como orientar “las licitaciones y contrataciones futuras de programas de computación”.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería elaboró en primera instancia un borrador, pero cuando Sebastián Torres abandonó su cargo en la Dirección Nacional de Industrias, la responsabilidad de elaborar la reglamentación pasó a la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic).

Cuando la ley se trató en el Parlamento, la Agesic concurrió a comisión y se manifestó contraria al texto. El director ejecutivo del organismo, José Clastornik, dijo en junio de 2013 que hasta ahora el Estado “ha sido neutro en lo referido a la adquisición de software, considerando que debe ser amplio para recibir ofertas” de proveedores. Además, advirtió que el Estado “tiene la obligación de brindar servicios de calidad con altos niveles de seguridad, calidad de datos, integridad de información, alta disponibilidad y capacidad de recuperación frente a fallas”, y que “estos estándares tienen altos costos y mucha necesidad de conocimiento”.

Consultado ayer por la diaria sobre el texto de la reglamentación de la Ley de Software Libre, confirmó que el tema está siendo tratado por el Consejo Asesor de Informática Pública, un organismo honorario asesor de la Agesic. Aseguró que la reglamentación “está por salir”. “Salió la semana pasada o sale esta semana”, señaló. Consultado respecto del vencimiento del plazo, Clastornik aseguró que el texto ya está “cerrado” y que no se aprobó formalmente por “un tema administrativo”.