El ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, dio una conferencia de prensa ayer, en el consulado argentino en Nueva York, después de negociar con los representantes de los fondos de inversión especulativa o “fondos buitres” que demandaron a Argentina. Anunció que no se alcanzó un acuerdo que permitiera a su gobierno pagar a los bonistas que sí aceptaron una reestructura de la deuda de la que eran acreedores, y para los cuales se depositaron en junio 539 millones de dólares. Esto se debe a que los fondos buitres “no aceptaron [...] ingresar al canje” junto a los otros bonistas, dijo.

Kicillof se reunió durante casi seis horas con los representantes de esos fondos, que reclaman un pago establecido por la Justicia estadounidense en 1.500 millones de dólares. En la reunión también estuvo Daniel Pollack, el negociador designado por el juez estadounidense Thomas Griesa, que actúa en la demanda presentada por ellos.

Mientras hablaba Kicillof, 
Pollack emitió un comunicado en el que aseguró que “Argentina inminentemente estará en default” y que ésa “no es una mera condición ‘técnica’, sino que es un evento real y doloroso” que afectará a los tenedores de bonos canjeados, a los fondos buitres y al “ciudadano común argentino”.

Consultado sobre ese comunicado, el titular de Economía dijo a los periodistas que no lo conocía, pero que al parecer se trataba de una postura “favorable a una de las partes”, lo que confirma que existe un “desbalance”. También consideró un “desbalance” que el juez haya dejado en manos de los fondos buitres la posibilidad de que los bonistas que en el pasado aceptaron el canje de deuda (que representan 92,7% del total) pudieran recibir su pago.

Además, Kicillof destacó que su país no está en cese de pagos porque, de hecho, pagó lo que debía pagar en junio. Pero ayer se vencía el plazo para que ese pago llegara a los acreedores y éstos no habían recibido el dinero porque Griesa no autorizó que el banco se lo entregara.

El ministro reiteró que su país está “abierto a dialogar” pero no quiere firmar nada que sea “ilegal, inequitativo, injusto”. Dijo que en este caso se cruzan legislaciones y jurisdicciones de distintos países que lo hacen “muy complejo”, y advirtió que Griesa busca “exportar la desregulación de los mercados” a Argentina. También afirmó que se trata de una situación que no está prevista en el contrato con los bonistas. En su opinión, esta situación “insólita, inédita e injusta” favorece a quienes buscan especular, desestabilizar a su país y hacer que Argentina vuelva al “sobreendeudamiento”.

Acerca de los pasos a seguir, adelantó que se tomarán todas las medidas que permitan las legislaciones y los contratos firmados, y que su país “quiere” y “puede” pagar. No descartó la posibilidad de que en el litigio con los fondos buitres se alcance “una solución entre privados”, porque hay “terceros” que podrían ayudar. Ayer la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino anunció que facilitaría unos 250 millones de dólares para negociar con los acreedores y buscar otra salida.