Todo esto es parte del Informe Anual de 2013 que ayer Garcé presentó a la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria de la Asamblea General. El comisionado destaca que hubo un aumento de la utilización de medidas alternativas a la prisión preventiva, lo que evitó que la tasa de encarcelamiento fuera mayor, aunque igualmente la prisión preventiva sigue siendo excesiva, según Garcé. La tasa de encarcelamiento de Uruguay es de cerca de 300 personas por cada 100.000 habitantes, cifra que, “en proporción a la población”, duplica los niveles de Argentina y Brasil. Sólo Chile supera a Uruguay en la región.
A eso se le suma que la cantidad de salidas transitorias se redujo entre 2006 y 2013 “a la mitad” (“pese a que la proporción de quienes delinquen en ocasión de las salidas es mínima en relación al total de beneficiarios”). Garcé informa además que la dieta ofrecida a los internos “continúa siendo deficiente en calidad y cantidad” en la mayoría de los establecimientos, en donde “el personal médico no controla la calidad de la alimentación, a pesar [de] que tiene la obligación legal de hacerlo periódicamente”.
Respecto de la tuberculosis, el informe sostiene que la prevalencia de la enfermedad es “más de 30 veces más alta en cárceles con respecto al resto de la sociedad”, por lo que “urge la adopción de medidas de detección precoz de la enfermedad”. También se denuncia que existen insuficiencias en el tratamiento de los reclusos con VIH.
Garcé reclama mejores alternativas de prevención y de tratamiento de las adicciones (especialmente para la pasta base) y un mejor sistema de protección de las víctimas y denunciantes de hechos de violencia o actos de corrupción.
Al referirse al hacinamiento, el informe especifica que la densidad actual es de 126% (hay 9.771 reclusos), lo que supone un descenso respecto de años anteriores. En ese marco, señala que hay cinco establecimientos con niveles críticos, encabezados por la cárcel de Mercedes, con 248% de ocupación respecto de su capacidad. A pesar de ello, destacó que en un futuro próximo “se podría registrar a nivel nacional una densidad menor a 120%, lo que, en términos generales, equivaldría a la superación de la etapa de emergencia humanitaria”.
El comisionado también sostiene que existe un aumento de la cantidad de reclusos que estudian y/o trabajan. Concretamente, 21,32% de la población reclusa estudia, 34,3% realiza algún tipo de actividad laboral y 12,86% hace ambas cosas. Entre otros datos, 56,31% de los internos son reincidentes, frente a 43,63% de primarios.
Durante otro pasaje del informe, el comisionado se refiere al asesinato de dos reclusos por parte de “un grupo de funcionarios” policiales que “actuó criminalmente y por fuera de la cadena de mando” durante un motín ocurrido en octubre en el Complejo Carcelario (Comcar), en el que se describe que un comando del Instituto Nacional de Rehabilitación utilizó munición letal indebidamente.
Sobre el final, Garcé señala que “la definitiva conformación de un sistema penitenciario nacional, prevista reglamentariamente para el año 2015, se visualiza como posible y cercana”. Según dijo a la diaria, lo ideal sería que este sistema fuera institucionalmente un ente autónomo con un directorio elegido por el Parlamento, cuyo relacionamiento con el Poder Ejecutivo fuera por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social. “El cambio en 2015 quedaría incompleto si toda esta estructura quedara en el Ministerio del Interior, que tiene un cometido de seguridad y no de rehabilitación”, afirmó.
