En Uruguay hay 9.770 personas presas; 650 de ellas son mujeres. Hay bebés que viven con sus madres -en las cárceles El Molino, de Montevideo, y en las departamentales del interior del país-, otros que no han nacido pero vienen en camino, y están los miles de niños y adolescentes que son hijos de esas 9.000 personas. En ellos pone el foco la Agenda de recomendaciones para la protección integral de hijos/as de personas privadas de libertad que presentó ayer el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, con el apoyo de la Cooperación Española y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Gabriela Fulco, asesora del Ministerio del Interior (MI) en materia penitenciaria, reconoció que ha existido un “olvido histórico del Estado y de la sociedad de esta franja infantil” que se ha extendido “durante más de un siglo”. De manera similar, el ministro sostuvo que estos niños “también son víctimas de la delincuencia” y que hasta ahora no se los ha atendido “suficiente ni medianamente bien”.

La agenda de recomendaciones fue elaborada a partir de los datos obtenidos en cinco relevamientos: dos realizados en la ex cárcel de Cabildo en 1994 y 2009, otro hecho en 2013 por el MI a nivel nacional sobre 5.491 hijos de personas privadas de libertad y otros dos estudios concretados este año. El panorama descripto por Fulco permite aproximarse a la realidad de estos niños. Mencionó la predominancia de cuadros depresivos, ansiedad, angustia, trastorno del sueño, dificultades de relacionamiento con los pares, baja autoestima. Comentó que en algunos casos desarrollan conductas de inhibición y en otros de agresión; dijo que son los llamados “niños problema” que son estigmatizados en el ámbito educativo. Destacó que la mayoría presentan dificultades de aprendizaje, rezago y repetición escolar.

En concreto

Bonomi leyó una por una las más de 20 recomendaciones de la agenda. Se propone desarrollar programas de concientización de la situación y buscar mecanismos de apoyo para la crianza, preparar y acompañar el egreso de la cárcel, definir con rapidez el traspaso del cobro de asignaciones familiares y otros beneficios a quienes quedan a cargo de los niños.

Uno de los estudios desarrollados en 2014 indaga en las condiciones en que se desarrolla la visita carcelaria. La agenda recomienda que los espacios de encuentro sean “amigables, cálidos e integradores”, que se implementen áreas infantiles y se faciliten medios de transporte de niños, y para ello se ofrece explorar la realización de convenios con empresas de transporte. Se reconoce la importancia de la formación del personal penitenciario, de áreas técnicas, administrativas y de seguridad desde la perspectiva de derechos de los niños.

Las recomendaciones apuntan a la articulación interinstitucional, a coordinar el seguimiento de los hijos con todos los organismos involucrados en la protección de la infancia y a promover acuerdos de trabajo e investigación con la academia. Se plantea la necesidad de asegurar los controles pediátricos y la continuidad del tránsito educativo, generar instancias de sensibilización y apoyo a los referentes de instituciones educativas, promover la formación de equipos técnicos que puedan acompañar el proceso de los niños tras el procesamiento de sus progenitores.

La recomendación general de la agenda es “la creación de un organismo regente para la protección integral de los hijos e hijas de personas privadas de libertad” que tenga “una integración multisectorial, interinstitucional e interdisciplinaria” en la que se incluya a la sociedad civil y a los especialistas en la temática. Bonomi subrayó que “como instancia preparatoria el MI se constituirá en el punto focal de una convocatoria a la integración de un grupo de trabajo que, en un plazo no mayor a 90 días y sobre la base de las recomendaciones, elabore el documento que defina la estructura, su organización, cometidos e inserción”. Para el ministro, el financiamiento “no es el mayor problema; además, hay apoyos de organismos del exterior que pueden ayudar”.

Invisibles: ¿hasta cuándo? se tituló un estudio sobre niños y adolescentes con referentes adultos encarcelados en Brasil, República Dominicana, Nicaragua y Uruguay, publicado a fines de 2013, en el que participó Gurises Unidos. Lía Fernández, integrante de esa organización, expresó a la diaria su conformidad con que el tema sea puesto en la agenda y se mostró expectante ante la convocatoria a la mesa intersectorial para pensar un abordaje integral. Agregó que hasta ahora “había dos agendas en paralelo”, una de infancia y otra de seguridad ciudadana, y “nadie se hacía mucho cargo” de la situación de estos niños, pero observó: “Hoy un gran ausente en este evento es el INAU [Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay], que es el rector de niñez y que tiene que ser garante del derecho de todos los niños”.

Para Gurises Unidos éste es un tema que se está comenzando a abordar. Juan Miguel Petit, asesor de la ONU en Derechos Humanos, explicó a la diaria que “es una línea de trabajo bastante nueva en buena parte del mundo, es una parte del iceberg que no se ve”. Añadió que así como es importante para los niños mantener un buen vínculo con sus progenitores, también lo es para los padres: “Volver a un ámbito familiar que a uno lo reciba es un factor clave para la integración social y para la no reincidencia”.