Los cuatro candidatos presidenciales de los partidos con representación parlamentaria fueron invitados por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU) a responder, en una actividad pública, una serie de preguntas sobre las demandas de esa gremial. Asistieron los presidenciables del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou; del Partido Colorado, Pedro Bordaberry; y del Partido Independiente, Pablo Mieres. El candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Tabaré Vázquez, se excusó y no participó.

La APPCU consultó a los candidatos sobre la vigencia de la Ley de Vivienda de Interés Social en futuros gobiernos y acerca de los topes a los precios de venta impuestos por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), que la gremial considera “contraproducentes”. También se les preguntó cuáles son sus propuestas para incentivar la consolidación del mercado inmobiliario y qué piensan de la carga tributaria del sector, en particular sobre el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP). Además se los interrogó acerca de la opinión de la APPCU de que hay que sustituir la construcción informal por la formal, castigando las ocupaciones de tierras, no brindando servicios públicos gratuitos en asentamientos y bajando los costos de la formalidad a partir de la disminución de los impuestos municipales, el estímulo a nuevos sistemas constructivos y de que el Banco de Previsión Social permita la contratación de menos gente en las construcciones, por la utilización de tecnología.

Mieres señaló que la Ley de Vivienda de Interés Social “fue una muy buena idea”, pero que no “se ha cumplido el objetivo desde el punto de vista social”. “Los hogares de ingreso medio y bajo no acceden a este tipo de vivienda por el precio. Los precios son altos, no por un capricho de los constructores, sino porque que reflejan el aumento de los costos de la construcción”, expresó, señalando una gráfica en la que se mostraba un aumento de 350% de los costos de la mano de obra y de entre 100% y 200% de la tierra. Propuso como soluciones la “incorporación de nuevas tecnologías, crear un nueva categoría dentro del sistema de interés social y mejorar la productividad del sector”. Sobre este último punto, criticó al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) porque “tiene 80 millones de dólares guardados que no se gastan” en capacitar trabajadores. Finalmente, dijo que hay que “reequilibrar el sistema de las relaciones laborales con un Estado que juegue un papel de equilibrio en la negociación entre capital y trabajo”.

Por su parte, Bordaberry, que también se apoyó en una presentación en pantalla, expresó que el precio de la vivienda “se multiplicó por tres” en diez años, pero en unidades indexadas el precio “es casi el mismo”. “Lo que se incrementó fue el precio en dólares”, dijo, y señaló a la moneda estadounidense como uno de los principales problemas. Luego consideró como “una buena iniciativa” la Ley de Vivienda de Interés Social, pero dijo que “vivienda social y desarrollo inmobiliario son dos lógicas distintas”. Por eso, propuso que “la vivienda social como derecho protegido tiene que estar en el MVOTMA y en el Ministerio de Desarrollo Social, y la vivienda con otra lógica debe estar en el Ministerio de Turismo”. Luego dijo que hay que crear un Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR) pero “urbano”, “modificar la Ley de Ordenamiento Territorial para terminar con el derecho de preferencia de los gobiernos departamentales”, y eliminar la “prescripción adquisitiva” a los cinco años. “Es un delito ocupar, pero si delinquís durante cinco años te premio, te doy la propiedad”, ironizó.

Lacalle Pou comenzó destacando que 38% de la inversión extranjera directa “se volcó a la construcción” y dijo que “lo que está bien hecho lo vamos a seguir mejorando y lo que está mal lo vamos a cambiar”. “Éste es un negocio a varios años y por eso las políticas de Estado son fundamentales. La vivienda de interés social es una política de Estado; reciente, pero lo es”, agregó. Señaló que por “la denominación uno se imagina que es un vivienda para aquellos de menores recursos, pero vino a cubrir otra franja”, por lo que “contraviene ponerle topes”. En el mismo sentido se pronunciaron Bordaberry y Mieres. El candidato nacionalista afirmó que Rocha es el próximo destino de las inversiones en construcción, y dijo que hay que hacer una “recategorización de suelos”. Propuso invertir en los cascos de las ciudades que “han sido abandonados por la inversión”, como la Ciudad Vieja, y retomar la construcción de los núcleos básicos evolutivos, a los que “les dieron más palos que en las Llamadas, pero se construyeron 25.000 viviendas en cinco años”. También destacó la necesidad de aplicar nuevas técnicas de construcción y puso como ejemplo a “los yanquis que viven en casas de madera”. Luego habló de su plan “asentamiento cero”, al que “mataron antes de leerlo”, y dijo que es “para diez años, pero alguien tiene que empezarlo”. Agregó que hay 250.000 uruguayos que “no tienen las necesidades habitacionales satisfechas” y que es una “obligación moral” la inclusión “de esa gente”. Aclaró, no obstante, que “no se pretende regalarle nada a nadie”, porque “el primer error sería la gratuidad de esta prestación”. “Hay que apostar a la dignidad y al sacrificio”, agregó.