Las Juntas Departamentales de Paysandú y Tacuarembó prohibieron, en noviembre de 2013, la exploración y explotación de hidrocarburos mediante fracking, mientras que la de Salto está discutiendo si hace lugar a una resolución similar. La palabra inglesa fracking significa fractura hidráulica. Es la técnica empleada para la extracción de gas y petróleo de esquisto, que es un tipo de roca. Se hace una perforación vertical hasta llegar a la capa de esquisto, donde se inicia una perforación horizontal, y con una altísima presión se introducen agua, arena y productos químicos, para provocar artificialmente la fractura de la roca.

A mediados de julio la asamblea representativa de la Federación de Trabajadores de ANCAP (FANCAP) también se manifestó en contra de esa técnica. Gustavo Bello, dirigente del sindicato, manifestó a la diaria que luego de un proceso de discusión entendieron que “es una técnica que no corresponde aplicar en Uruguay, que está sumamente cuestionada, que no ha evolucionado en el mundo y que ha producido un daño importante en otros países”. Bello expuso ayer ése y otros puntos de la plataforma programática de FANCAP en el foro “Justicia social y ambiental: implicancias del modelo extractivo minero-energético”, que organizaron Redes Amigos de la Tierra y el programa Uruguay Sustentable. El fracking fue noticia por estos lados el primer fin de semana de agosto, cuando del lado argentino del puente internacional de Salto Grande un grupo de ambientalistas organizó un piquete para impedir el paso de camiones que transportaban cuatro vibradores sísmicos contratados por ANCAP a una empresa argentina para realizar exploraciones petroleras; la protesta se centró en la posible afectación del Acuífero Guaraní.

Problema contractual

En el foro de ayer participó también Víctor Bacchetta, periodista e integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, quien se centró en dos contratos que firmó ANCAP con dos empresas para la exploración y explotación de hidrocarburos en el área continental uruguaya. Una de esas empresas es Schuepbach Energy Uruguay, de capitales estadounidenses, que desde febrero de 2012 trabaja en un área de 1.400.000 hectáreas de los departamentos de Tacuarembó, Salto, Paysandú y Durazno; la otra es la francesa Total, concentrada desde octubre de 2013 en 240.000 hectáreas de Artigas y Salto. Baccheta señaló que los contratos aluden a hidrocarburos convencionales y también a los no convencionales, y afirmó que si bien no se menciona el fracking, “no hay otra tecnología; en este momento no hay otra manera de extraer el petróleo de esquisto que no sea con el fracking, y ése es el problema”. Agregó que el ente alega que no se trata de fracking porque apenas se está desarrollando la fase de exploración, pero observó que los contratos incluyen también la fase de explotación.

Baccheta señaló un segundo problema. Dijo que si el gobierno uruguayo se expresara contrario a aceptar el fracking, en el marco de estos contratos las decisiones deben ser tomadas por unanimidad por la empresa extranjera y ANCAP, y que si hay diferencias, éstas deben dirimirse en tribunales de arbitraje de comercio internacional. Sostuvo que “todo este proceso de los megaproyectos va emparejado con una pérdida de soberanía nacional, por las cláusulas contractuales que establecen una salida de la jurisdicción nacional”. Puso el ejemplo de Francia, país con el que Schuepbach mantuvo un contrato de prospección entre 2009 y 2011, justo cuando el país galo prohibió el fracking en su territorio; Schuepbach le hizo un juicio al gobierno francés, alegando que esa decisión era inconstitucional, pero perdió: el máximo tribunal constitucional francés validó la decisión de su gobierno.

El periodista explicó que accedió al contrato de ANCAP con Schuepbach siete meses después de haberlo solicitado, y que lo hizo por intermedio de la justicia, amparándose en la Ley de Acceso a la Información Pública, porque se entendía que el texto tenía una cláusula contractual de confidencialidad.

FANCAP tuvo varios encuentros con el ente. Bello dijo que la principal resistencia en el sindicato refiere a la técnica del fracking, pero no se oponen a la búsqueda de hidrocarburos. Insisten en que el ente tenga mayor protagonismo en toda la cadena productiva y que la gestión de los recursos no quede en manos de empresas extranjeras. Si bien el sindicato recibió información de la empresa, no ha accedido al contrato. Bello discrepó con que un contrato le asigne la última decisión a un organismo internacional.

Otra campana

En diálogo con la diaria, Héctor de Santa Ana, gerente de Exploración y Producción de ANCAP, afirmó que la exploración está centrada en los hidrocarburos convencionales. “En Uruguay no tenemos condición de fracking, no hemos descubierto una roca que pueda tener condición de ser fracturada”, explicó, y agregó: “Hemos trabajado en el análisis económico -en caso de que eventualmente pueda haber una roca que no encontramos todavía- de cuáles serían las condiciones económicas para poder explotarlo y qué valor podría llegar a tener el costo de operación para sacar un barril de petróleo, y no baja de 270 dólares”. Por eso, dijo que la explotación mediante fractura hidráulica sería inviable aun dentro de 25 años.

Expresó que los contratos son públicos y pueden ser consultados en el Diario Oficial, y que su forma no difiere de los que el ente realiza desde hace muchos años. Respecto del Acuífero Guaraní, agregó que se están abriendo seis pozos de monitoreo por si tienen inconvenientes con la explotación convencional de hidrocarburos.