Los cuatro programas retoman los conceptos instaurados en la Ley Marco de Defensa Nacional -Nº 18.650-, aprobada por unanimidad a principios de 2010, y sobre esa base elaboran propuestas. Aunque hay diferencias entre los partidos, coinciden en que la política de defensa nacional debe ser definida por el Poder Ejecutivo, y en la necesidad de llegar a acuerdos para asegurar políticas de continuidad por encima de la alternancia de los gobiernos.

La noción base de los conceptos esbozados en la ley es que “la Defensa es más civil que militar”, según expresa el FA. El PN, cuyo candidato es Luis Lacalle Pou, coincide en este punto y también lo manifiesta explícitamente en su programa. Hilando más fino, la propuesta del PC, liderado por Pedro Bordaberry, considera que “el sistema político debe reafirmar en forma inequívoca la pertenencia plena de las FFAA [Fuerzas Armadas] a la comunidad cultural, social y política del país”. El FA, con Tabaré Vázquez a la cabeza, defiende una concepción más artiguista y pretende “elaborar una nueva doctrina en materia de Defensa Nacional que destierre, definitivamente, la Doctrina de la Seguridad Nacional”, porque asegura que es “competencia de la sociedad en su conjunto, la defensa de la soberanía económica, social, cultural, política y militar de la nación”.

En cuanto a la participación en las misiones de paz, todos los partidos están de acuerdo en continuarla. El PC plantea incrementar los “componentes civiles y diplomáticos”, ya que sería una “muestra del compromiso del país con el Sistema de Derecho Internacional y con la Paz y Seguridad mundiales”. Tanto el PC como el PN y el FA consideran que la política de defensa necesariamente debe articularse con los lineamientos de la política exterior uruguaya.

En referencia a la legislación, Bordaberry plantea una revisión y actualización de las leyes orgánicas de todas las fuerzas. Lacalle Pou sugiere lo mismo. El FA también se ampara en la ley y asegura que es “una hoja de ruta para el gobierno y el Estado”, y se propone “avanzar en el debate nacional sobre leyes orgánicas de nuestras Fuerzas Armadas y cada una de las fuerzas”. El PI, conducido por Pablo Mieres, comparte esta visión y considera que hay que “redefinir las funciones”, y que aunque el marco normativo es “importante, es muy general e insuficiente a la hora de generar una política pública”.

Inteligencia coordinada

Otra de las similitudes entre el PC y el PN es la creación del Sistema Nacional de Inteligencia. Lacalle Pou explica que está “destinado a producir inteligencia estratégica de Estado, sobre la base de la articulación de los órganos existentes bajo la dirección de una autoridad civil”. Además, el PC propone delegar a las Fuerzas Armadas tareas que actualmente están en la órbita civil. Bordaberry aclara que no tienen que “desarrollar tareas de carácter policial”, aunque sí desempeñarse en “tareas de seguridad en Bancos, Edificios e Instituciones Públicas y dependencias diplomáticas, liberando de esta manera personal del Ministerio del Interior para el desarrollo de sus tareas específicas en la calle”, y por ende, pretende “definir con claridad el marco legal” para su actuación.

Otro aspecto que comparten el PN y el PC es considerar a las Fuerzas Armadas como “columna vertebral orgánica y operativa del Sistema Nacional de Emergencia”. Bordaberry plantea “intensificar medidas de coordinación y alistamiento, y revisar y completar su marco jurídico para darle mayor precisión”. Lacalle Pou también se plantea lo mismo: “fortalecerlo” y sumarle la “sensibilización a la población”. El FA plantea para un posible tercer gobierno poner “en funcionamiento el Servicio General de Movilización y el Servicio de Defensa Civil, así como los instrumentos de la Defensa Pasiva, los que se entienden como la organización y capacidad de la población para afrontar contingencias de la naturaleza que van desde catástrofes climáticas, inundaciones, incendios, a otras eventuales situaciones de cualquier orden, promoviendo que la población comprenda la importancia de estos instrumentos”.

Para cumplir con todos los proyectos, el PN y el PC ven como un obstáculo la poca captación de nuevos militares. Por eso, Bordaberry tiene como uno de sus objetivos “asegurar una capacidad de alistamiento básica para el cumplimiento de las tareas” y “mejorar y profesionalizar a las Fuerzas Armadas”. Para lograrlo, tanto él como Lacalle Pou aseguran que brindarán apoyo social para garantizar una vivienda digna, mejorar el servicio de salud de la Sanidad Militar, y aumentar los salarios. El FA también habla de una “integración racional, con personal altamente calificado y dignamente remunerado”. Asegura que “el número y formación de los efectivos, materiales, equipos y presupuesto asignados surgirán de las exigencias planteadas por la nueva Política de Defensa Nacional y su Política Militar de la Defensa, siendo los necesarios, suficientes y acordes al cumplimiento de las misiones asignadas”.

En cuanto a la educación de los militares, el FA afirma que “promoverá la incorporación en los planes de educación militar, la formación en derechos humanos, principios democráticos y normas de derecho internacional”. Agrega que también se harán esfuerzos para establecer una “dinámica transversalización entre el sistema de educación pública y el sistema de educación militar, a los efectos del libre tránsito de docentes y alumnos”.

Lacalle Pou también promete “aumentar recursos destinados al Liceo Militar, promover una política de alianzas académicas que fortalezca a los institutos militares de formación de grado y posgrado”. Mieres considera que la formación de los oficiales tiene que ser de nivel terciario, de modo que el ingreso a las escuelas de formación de oficiales exija bachillerato completo, y propone “estudios de grado y posgrado como requisito para avanzar en la carrera militar”.

Un punto en común entre Vázquez y Bordaberry es continuar con la presencia uruguaya en la Antártida. El PC considera que es necesario aumentar el “apoyo técnico y logístico” para el “desarrollo de los intereses nacionales en la Antártida y la delimitación del Límite Exterior de la Plataforma Continental”. El FA quiere vigorizar “la presencia de Uruguay en la Antártida en su calidad de miembro pleno del Tratado Antártico, incrementando la investigación científica” y “dotando la delegación con los medios 
necesarios para tal fin”.