Un grupo de funcionarios del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), denunciados ante ese organismo y ante la Justicia penal por malos tratos y abusos contra adolescentes privados de libertad, solicitaron una reunión con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Según relataron a la diaria integrantes de la INDDHH, se trata de funcionarios que trabajaban en el centro Ser de Colonia Berro y que figuran en la mayoría de las denuncias realizadas por las familias de los jóvenes recluidos; entre ellos, el funcionario de iniciales C.M., sobre el que pesa un pedido de procesamiento del fiscal de Pando, Leonardo Morales, por golpear a un joven en el centro Ser.

Los funcionarios se reunieron con el equipo técnico de la Defensoría del Pueblo, y alegaron que se estaban afectando sus derechos humanos, porque ahora “los gurises hacen lo que quieren” y “no hay disciplina”, relataron desde la institución.

La intervención en el centro Ser generó un cambio en las prácticas de los jerarcas del establecimiento. Ahora está al frente del centro la funcionaria Claudia González, que en general las familias de los jóvenes valoran, porque terminó con las situaciones habituales de malos tratos. Además, algunos funcionarios de ese centro agradecieron a los representantes de la INDDHH porque “ayudaron” con sus informes a mejorar la situación en materia de respeto por los derechos de los jóvenes. En cambio, según indica la propia INDDHH en un informe, otros funcionarios solicitaron ser redistribuidos “aduciendo no adaptarse a los cambios que se vienen registrando”. Al mismo tiempo, los jóvenes que padecieron malos tratos intentan que los nuevos adolescentes que ingresan tengan buen comportamiento, bajo el argumento de que, de otro modo, podría volverse a la situación anterior, según relatan sus familias.

El lunes la INDDHH publicó un nuevo informe sobre el centro Ser, que analiza los avances realizados en el cumplimiento de las últimas recomendaciones realizadas por la institución. Se sigue señalando que el centro no cuenta con instalaciones para atención médica ni con un lugar adecuado para la recepción de las visitas de los adolescentes; que la higiene “sigue siendo deficitaria” y se han visto ratas en el establecimiento; que los criterios de asignación de los jóvenes a los distintos centros continúan siendo arbitrarios, y el encierro, excesivo. Indican que, si bien “se han incrementado las actividades con talleres”, las medidas socioeducativas son “insuficientes”.

No obstante, se evalúa positivamente la intervención del centro y se destacan las mejoras edilicias realizadas, así como el incremento de personal para el equipo técnico, que permite “un mejor seguimiento de la evolución de los adolescentes”. La INDDHH señala que ahora hay jabón, cepillo y pasta de dientes en las celdas, y destaca como “uno de los hechos más importantes de resaltar” son los “cambios positivos expresados por los adolescentes en cuanto al trato que reciben por parte de los funcionarios”.