El jueves 18 el Ministerio de Salud Pública (MSP) reglamentó la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida que fue aprobada en noviembre de 2013. El decreto, que regirá a partir del 1º de octubre, abarca sólo los procesos denominados “de baja complejidad” y llega con siete meses de retraso respecto de lo previsto en la ley, a lo que se suman los 17 años que llevó la discusión de la norma en el Parlamento. La cuestión es muy sensible para quienes corren contra el reloj biológico y esperan desde hace largos años para tener un hijo.

Durante los últimos meses el MSP fue allanando el camino. No ha sido sencillo, porque la ley se aprobó más de 20 años después de que se pusieran en funcionamiento las clínicas de reproducción asistida. Incluso hay algunas que están en proceso de habilitación y eso es, según las autoridades del MSP, lo que está frenando la reglamentación de las técnicas de alta complejidad, que estará pronta en noviembre o diciembre.

Las técnicas de baja complejidad son los procedimientos en los cuales la unión entre el óvulo y el espermatozoide se realiza dentro del aparato genital femenino (como la inseminación artificial). Las instituciones que forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) están obligadas a aplicar estos procedimientos a las mujeres menores de 40 años que lo requieran (durante los dos años siguientes a la reglamentación se considerará también a aquellas mujeres que sobrepasen ese límite etario si tienen posibilidades de lograr un embarazo). Para las usuarias de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) la prestación no tendrá costo.

Sistema público

Desde hace más de diez años ASSE brinda a las usuarias procedimientos de reproducción asistida de baja complejidad por intermedio de la Unidad de Reproducción Asistida del Pereira Rossell. Alicia Ferreira, gerente de ASSE, dijo a la diaria que en los últimos cinco años se realizaron 745 inseminaciones y se obtuvieron 330 embarazos, lo que consideran “muy buenos resultados”. Ferreira dijo que la atención seguirá siendo gratuita, aunque sospechan que pueda aumentar la demanda. Hasta ahora el beneficio estaba restringido para quienes tenían un mínimo de dos años de antigüedad en la institución, pero ahora que la prestación fue incluida en el Programa Integral de Asistencia a la Salud, no existirá ese límite. Ferreira indicó que se podría afectar los tiempos de espera para iniciar el primer tratamiento, que hoy son apenas de 20 días.

Rieppi desestimó que pueda haber un incremento de la demanda en ASSE, porque si bien la mujer puede continuar afiliada a su institución privada y pagar además la cuota en ASSE, existe una alta fidelidad respecto del servicio de salud en que se atiende.

Los hospitales Militar y Policial no forman parte del SNIS, pero Rieppi aseguró que se buscará el modo de que las usuarias de esas instituciones sean incluidas.

En cambio, las usuarias de las instituciones privadas deberán pagar los tratamientos, y, a su vez, el Fondo Nacional de Salud pagará mayores cápitas por las mujeres en edad reproductiva. Los tratamientos de estimulación ovárica le costarán 800 pesos a la usuaria. El costo de la inseminación artificial varía según el número de intentos: el primero saldrá 4.700 pesos, el segundo 12.925 pesos y el tercero 18.800 (todos incluyen análisis, medicamentos, ecografías y consultas). Esto es lo que molestó a las organizaciones de usuarios, puesto que la ley estableció que los procedimientos de baja complejidad fueran financiados por el SNIS sin mencionar el pago de los usuarios, algo que sí estableció para los tratamientos de alta complejidad.

Una inseminación artificial en una clínica privada cuesta entre 600 y 1.000 dólares (cada intento), por lo que en algunos casos el pago del tercer intento sería superior en las instituciones de salud. En una nota publicada por Presidencia de la República, el subsecretario del MSP, Leonel Briozzo, expresó que la reglamentación se hizo en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y que además de asegurar la calidad de atención, se buscó que su aplicación “sea sustentable en términos económicos”, porque en países europeos la prestación que era gratuita dejó de brindarse cuando comenzó la crisis económica.

La otra crítica que ha recibido la reglamentación refiere al costo ascendente en función del número de intentos (lo que se da tanto en las técnicas de baja como en las de alta complejidad), puesto que el procedimiento, los insumos y tratamientos no varían. Rita Vernocchi, delegada de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana ante el Fondo Nacional de Recursos (FNR) -que está evaluando los copagos para los tratamientos de alta complejidad-, dijo a la diaria que preguntó a las autoridades sanitarias por qué los costos eran mayores para el segundo y tercer intento. Le respondieron que “lo que se pretende es dar un intento a toda la población”. Opinó que le parece bien lo establecido si ése es el objetivo, pero, poniéndose en el lugar de la mujer, comentó que “la paciente no tiene la culpa de no embarazarse”. Estadísticamente la mujer tiene las mismas chances de embarazarse por cada intento, dijo Vernocchi, y negó que quien no pueda quedar embaraza de primera tenga menos oportunidades luego.

Alta complejidad

Se denomina así a los tratamientos de reproducción asistida en los que la unión del óvulo y el espermatozoide se produce fuera del aparato genital femenino (fertilización in vitro). La financiación se hará por intermedio del FNR y se graduará en función de los ingresos económicos de la mujer y su entorno familiar, así como por el número de intentos (tres como máximo).

Hoy estos tratamientos cuestan en clínicas privadas entre 6.900 y 8.000 dólares (cada intento). Silvana García, integrante de la organización Procrea Uruguay, adelantó que los costos no variarían demasiado en la reglamentación que está proponiendo el MEF. “Esperábamos que fuera más accesible”, reclamó. Procrea Uruguay realizó el domingo una movida en Kibón que nucleó a unas 70 personas que expresaron su rechazo a los costos previstos para los tratamientos de baja y alta complejidad, así como algunas condiciones. García comentó que se pretende excluir a las mujeres fumadoras y a las obesas (cuyo índice de masa corporal sea superior a 32). Leticia Rieppi, responsable del área de Salud Sexual y Reproductiva del MSP, dijo a la diaria que se trata de factores que inciden negativamente en el embarazo y en la vida del bebé. “No estamos pidiendo que sean flacas, pero pongamos un poco más de nosotros, porque la reproducción va a ser más fácil y el bebé va a ser mejor”.

La nota de Presidencia afirmó que el primer año podría haber una demanda de 12.000 mujeres y que luego se estabilizaría en 6.000 procedimientos anuales. Las tres clínicas que funcionan actualmente realizan entre 500 y 600 tratamientos de alta complejidad por año; Vernocchi consideró que, como mucho, en el primer año se duplicará ese número, pero que se estará lejos de los 3.000 que prevén las autoridades para los procedimientos de alta complejidad. Las autoridades prevén que al haber mayor número de tratamientos pueden disminuir los costos, pero Vernocchi duda de que se dé un uso masivo de los tratamientos, debido al costo de los copagos.