El diputado Iván Posada plantea, a su vez, la posibilidad de solucionar a corto plazo el “caos” del tránsito y el transporte con trenes eléctricos, y planificar la construcción de un subte. Posada entiende que todo esto es “un desafío” que debería cumplirse antes de 2026 para que Montevideo festeje su cumpleaños número 300, entre otras cosas, como sede de un campeonato mundial de fútbol. “Quién sabe”, dice.

-¿Cuáles son los ejes del programa del PI?

-Aún está en proceso de elaboración, pero el principal tema a resolver es la limpieza y la disposición final de residuos, que es un problema de carácter social y está directamente relacionado con la degradación de los cursos de aguas del departamento. El problema no se soluciona si no asumimos que la recolección y clasificación de la basura es una fuente de ingresos para un grupo importante de personas.

-Algunos candidatos hablan de municipalizar el servicio de clasificación de residuos.

-No, lo mejor es generar algún tipo de forma jurídica que implique la participación pública en el marco del derecho privado, de forma tal de habilitar mayores posibilidades de gestión. Hay que encarar un programa de formalización de todo ese sector informal, donde los recolectores clasifiquen pero también gestionen. En una primera etapa puede haber hasta un subsidio para estimular la asociación de los propios recolectores para realizar el trabajo. La formalización asegura ingresos básicos para todos los involucrados, aumentaría las posibilidades de desarrollo humano de todos los que trabajan en esa área y dejaría beneficios para la sociedad en su conjunto: significaría la eliminación de carritos en la ciudad, mejoraría sustancialmente la situación sanitaria. Además, muchas veces participan los niños, lo cual es absolutamente inadecuado y contrario a las propias normas y compromisos internacionales de Uruguay en materia de trabajo infantil. Es el primer eslabón en la cadena, esto tiene que ser complementado con políticas que incentiven o estimulen a los hogares a realizar un clasificado domiciliario de separar los residuos orgánicos de los que son reutilizables.

-¿Qué sucede con la disposición final de los residuos?

-Con la basura orgánica se hace relleno sanitario para producir gas o se encara la generación de compost para relacionarse con la actividad agrícola. En Montevideo no se hace nada. Hoy, la basura se sigue volcando a cielo abierto, que es una fuente brutal de contaminación. Es fundamental actuar; generar energía podría ser, al cabo de varios años, una contribución al consumo de Montevideo, más cuando hablamos de una ciudad que tiene niveles altísimos de consumo.

-¿Qué otro aspecto contempla el programa del PI?

-Es muy importante el tema del tránsito y transporte, están intrínsecamente relacionados. Hay un sobredimensionamiento del parque automotor, y el problema se agrava porque todos los días, fundamentalmente desde la Ciudad de la Costa, ingresan miles de vehículos que transitan y permanecen por el día hasta emprender el retorno. Para lograr una disminución del tránsito, con todo lo que implica la disminución de gases y demás, necesariamente deberíamos encarar una solución que en una primera instancia puede ser el tren eléctrico, para desestimular el uso del auto propio. Para eso el sistema de transporte tiene que asegurar rapidez y eficiencia en el servicio, que sea de calidad. Hoy no lo tenemos. Uno tiene la impresión que el status quo, la organización actual del sistema de transporte, es un obstáculo para encarar soluciones, pero Uruguay tiene una ley de participación público-privada aprobada, y se debiera tratar de encarar un proceso para estudiar las posibilidades de interés de un tren eléctrico, y visualizar a largo plazo la posibilidad de establecer líneas subterráneas. Tenemos que vincularlo con el interés privado, pero obviamente conjugarlo con el interés público.

-Ahí está en juego la infraestructura de Montevideo.

-Sí, claro. Otro de los puntos fundamental es el planeamiento urbano. Las grandes ciudades planean a 40, 50 años, y en todo caso van adecuando ese proyecto, período tras período, en función de lo que se ha podido hacer. En Montevideo no pasa eso, hay un gran rezago. Hay una actuación que responde más al inmediatismo y a la improvisación que a las necesidades y a los planes que se trazaron. No hay nada peor para el ejercicio de una administración que improvisar. Cuando se quiere gestionar algo, necesariamente hay que tener un plan estratégico para ir desarrollándolo en función de los objetivos planteados. Uno tiene la impresión de que carecemos de un plan estratégico que contribuya al desarrollo de la ciudad.

-¿Qué piensa sobre los programas de descentralización?

-El esfuerzo que se hizo a partir de los años 90 fue una propuesta adecuada que debió ser profundizada; hay que recordar que suponía dividir Montevideo en 18 zonas, crear en algunas juntas locales, en otras comisiones especiales delegadas, en todas comisiones vecinales. Todo eso tenía una potencialidad que perdió fuerza en los últimos años, pero que en todo caso seguía siendo un enfoque adecuado para un sistema de descentralización real y efectivo. Esto, que se hizo a partir del período pasado, fue un mamarracho: se dividió a Montevideo de forma absolutamente artificial, no se respetaron las identidades barriales, no se sabe muy bien los objetivos que tienen los municipios… Al margen del chascarrillo, todo el proceso falla de cabo a rabo, la gente no tiene idea quién es el alcalde de su zona. No hay una relación directa con la ciudadanía. Nosotros tenemos la idea de profundizar lo que se aprobó bajo la intendencia de [Tabaré] Vázquez: dar más recursos y sobre todo respetar las identidades barriales.

-¿Considera que el Presupuesto Participativo es una buena herramienta descentralizadora?

-No, es una forma de lavarse las manos. Las cosas que tiene que hacer el gobierno departamental no las tiene que hacer en función de un voto casuístico que eventualmente dé la ciudadanía, las tiene que hacer porque son parte de sus competencias y mandatos. Lo que tiene que tener cualquier gobernante es el análisis de los reclamos que hacen los ciudadanos y evaluarlos en función de cómo utilizar mejor los recursos públicos para darles respuesta. Quien tiene que tomar la decisión no es la gente, es el gobierno. Eso ha sido una medida demagógica que no tiene pies ni cabeza.

-¿Desde la IM se puede hacer algo para trabajar el tema de la seguridad ciudadana?

-Sí, es un tema que nos preocupa. Se ha dado que existen zonas excluidas y que hay que realizar esfuerzos con las organizaciones no gubernamentales para trabajar en programas de integración. Esto está vinculado al uso de los espacios públicos y a las formas de vinculación y de compromiso que se puedan desarrollar a través de actividades deportivas. También debe plantearse la creación de un cuerpo de guardias civiles, orientado a vincularse con la ciudadanía en el sentido de ser una fuente de información, de apoyo y de desestímulo a cometer delitos. Se trataría de dar respuesta a lo que hoy se genera en las playas, donde ha habido casos de rapiñas y arrebatos, situaciones descontroladas, y la Policía no tiene la cantidad de efectivos como para llegar. La IM no tiene cometidos específicos, pero sí puede significar un primer eslabón en el nexo con el Ministerio del Interior.

-¿Cómo se formaría esa guardia civil?

-Quizá a través de la reconversión de la Inspección General de la IM, asumiendo no sólo tareas vinculadas a la inspección, sino también de relacionamiento con la ciudadanía, que necesariamente tiene que ser cordial. Se redefiniría el concepto del funcionario municipal. Estamos pensando en personas con un nivel de formación importante, por ejemplo en jóvenes estudiantes que puedan realmente desarrollar la tarea con éxito y estar en contacto directo con la gente. Que esta sea una forma de financiar sus estudios. Tampoco se puede ir de la noche a la mañana a formar cuerpos muy importantes, primero tiene que encararse como un plan piloto.