A pesar de tener casi 67 años, el Instituto Nacional de Colonización (INC) adquirió 25% de su cartera de tierras entre 2005 y 2014. La presidenta del instituto, Jacqueline Gómez, dijo a la Secretaría de Comunicación de Presidencia de la República que en los últimos cinco años el INC compró más de 55.000 hectáreas, por un costo de más de 180 millones de dólares y se incluyeron más de 1.500 familias de colonos a distintos proyectos productivos.
El beneficio que otorga el INC, según Gómez, permite a los colonos un acceso a predios productivos por 50% del valor que la tierra tendría en el mercado. Unas 5.000 hectáreas de ese total son tierras del Estado que pertenecieron a los ministerios de Defensa Nacional e Interior y que fueron transferidas al INC en modalidad de comodato. Las otras 50.000 fueron adquiridas de privados.
Gómez comentó que los recursos para estas inversiones provienen de dos impuestos: el que grava la Concentración de Inmuebles Rurales y el de las Transacciones Patrimoniales. Gómez destacó el proceso de mejora de la gestión del INC en relación con el cobro de la renta e indicó que 74% de los colonos tiene sus pagos al día, lo que consideró un valor histórico.
Asimismo, la titular del INC destacó la mejora en los tiempos que median entre la compra de los campos y la adjudicación a colonos. “Hoy el INC es una institución completamente distinta a la de 2005. El nivel de actividad, la compra de tierra, las adjudicaciones, el vínculo con los colonos y la respuesta de los funcionarios es mucho más activa comparado a la historia del organismo, que en 2000 estuvo detenido y a punto de cerrarse”, puntualizó.
Gómez agregó que el ritmo de incorporación de tierras “es una definición política del gobierno que sale y del que entra”. Para Gómez, esta definición política implica que los productores familiares y los asalariados rurales “tienen derechos” y fundamentó la necesidad de una política de tierras para “mantener a la gente en el campo”, que sostenga una estructura agraria.
Destacó que en los últimos cinco años se impulsó el desarrollo de la lechería entre los colonos, se fortaleció el acceso a la tierra de grupos de asalariados rurales y productores familiares ganaderos en el norte del país y se recompraron tierras que eran del instituto y estaban en manos de propietarios. Gómez valoró positivamente la política de comunicación del instituto y el avance en la cotitularidad de la tenencia de predios que posibilita que las nuevas fracciones individuales puedan ser arrendadas por ambos integrantes de la pareja.
Actualmente la demanda continúa siendo superior a las capacidades de cobertura que tiene el instituto. Gómez dijo que en los llamados individuales sólo se alcanza a cubrir 16% de la tierra que se demanda y en los emprendimientos grupales, 30%. “La demanda de tierra existe en todo el país. La gente se organiza y busca estrategias para armar una propuesta que mejore sus condiciones de vida y su calidad de trabajo”, indicó.
Los interesados en convertirse en colonos deben ser productores familiares o asalariados rurales capaces de ejecutar un proyecto productivo, además de contar con algunos recursos disponibles y conocimiento del trabajo rural. Se prioriza a productores con dificultades de escala, que no pueden crecer ni mantenerse en el medio rural y a personas con desalojo de tierras y asalariados rurales. El INC exige residencia en el lugar del proyecto productivo, la utilización de fuerza de trabajo propia para llevarlo adelante, cuidar los recursos naturales y cumplir con las obligaciones del pago de rentas.