En diciembre, la Comisión de Legislación y Códigos de la Cámara de Diputados aprobó el texto y lo pasó al plenario. Pero recibió las críticas de la Institución Nacional de Derechos Humanos y de más de 30 organizaciones sociales -entre ellas académicas- que entendieron que significaba “un retroceso en la agenda de derechos que el país se jacta de haber incorporado”, que pidieron a los legisladores que no votaran el proyecto. Entonces el texto volvió a la comisión, que el 29 de diciembre resolvió introducirle algunas modificaciones.
El diputado Jorge Orrico expresó, en diálogo con la diaria, que “no hay tiempo material [para aprobar el proyecto], lamentablemente la bancada decidió no tratarlo dadas las objeciones” que recibió. Su colega Gonzalo Mujica está trabajando en las modificaciones, pero no cree que pueda concluirlas en esta legislatura. En diálogo con la diaria afirmó: “El texto ha sido criticado en todos los capítulos por parte de diferentes entidades, algunas académicas incluso. No creo que esto se pueda arreglar en 15 días”.
Mujica comentó que será el único diputado frenteamplista que continuará en la comisión en la próxima legislatura y afirmó que puede ponerse en el orden del día no bien la comisión retome el trabajo, luego del 15 de febrero.
Aseguró que las críticas de las organizaciones no apuntaron al trabajo de la comisión, sino al texto enviado por la comisión ad hoc que formuló el texto inicial, una comisión técnica que estuvo integrada por representantes de la Suprema Corte de Justicia, el Colegio de Abogados y magistrados. Sostuvo que lo que ocurrió “no es tan grave”, que los códigos penales duran en el tiempo -el actual es de 1934- y que “si tenemos que darle un año más para que quede bien, vamos a dárselo”.