La historia se desenvuelve como un ovillo: en diciembre, Fernández de Kirchner había descabezado la cúpula de la SI, en una movida en la que cayeron su titular, Héctor Icazuriaga, y el segundo, Francisco Larcher, dos hombres muy cercanos al ex presidente Néstor Kirchner, aunque de peor relación con la actual mandataria. Pero el verdadero objetivo era remover al hombre fuerte de “La Casa”, Antonio Stiuso, un oficial de carrera que ejercía el poder en ese organismo por encima de cualquier control político. Stiuso, además, era el principal informante de Nisman en la causa AMIA.
El encubrimiento
En una trama que oscila entre James Ellroy y John Le Carré toma relevancia el juicio por encubrimiento que comenzará en el segundo semestre de este año y apunta a los responsables de la primera investigación del atentado terrorista, desde el ex presidente Carlos Menem hasta el primer juez de esa investigación, Juan José Galeano. La manipulación de esa causa incluyó, entre otras cosas, el pago de sobornos a imputados para que cambiaran su declaración, la destrucción de medios de prueba y la detención irregular y posterior tortura de un imputado. El objetivo era direccionar la investigación hacia la llamada pista iraní, descartando toda pesquisa sobre la pista siria y la conexión local. Esa decisión, de carácter político, fue tomada en los días inmediatamente posteriores al atentado por el gobierno argentino, con acuerdo de Tel Aviv y de Washington, que tenían, cada cual, importantes motivos geopolíticos para atribuir la explosión a Irán. Desde entonces, los servicios de inteligencia de Israel y Estados Unidos fueron los principales, si no únicos, proveedores de pruebas en las sucesivas investigaciones que se llevaron a cabo. El nexo entre la CIA, el Mossad y la SIDE no era otro que el ubicuo director de Operaciones, Antonio Stiuso.
Jaime
Le dicen Antonio Horacio Stiuso pero nadie sabe a ciencia cierta si ése es su nombre o uno más de sus alias, como Jaime y Stiles. Ingresó a la SIDE en 1972 y atravesó en ese lugar la última dictadura y todos los gobiernos democráticos. Con el tiempo reunió más poder que nadie en “La Casa” y controlaba las direcciones de Operaciones y Contrainteligencia, además de la estratégica dirección de Observaciones Judiciales (la “ojota”), a cargo de las escuchas telefónicas. Su rostro salió a la luz cuando el primer ministro de Justicia del kirchnerismo, Gustavo Béliz, mostró un retrato suyo en televisión y lo acusó de comandar un ministerio paralelo. Tras esa denuncia mediática, el funcionario tuvo que renunciar a su cargo y desde entonces vive fuera del país.
Siempre ahí
Creada en 1946 por Juan Domingo Perón como CIDE (Coordinación de Información del Estado), la agencia de inteligencia que (en los papeles) reporta directamente a la Presidencia y tiene rango ministerial ha sido una pieza oscura pero clave de la historia política argentina durante los últimos 70 años. Su nombre definitivo, SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), comenzó a ganar fama a partir de 1973, cuando con el recrudecimiento de la violencia política funcionó como base para las patotas que constituyeron algunos de los primeros experimentos de terrorismo de Estado y antecedieron a la creación de la Triple A. En esa época fue reclutado Antonio Stiuso, proveniente del servicio militar. Ya en democracia, la secretaría funcionó como nexo en las negociaciones entre Raúl Alfonsín (1983-1989) y los militares carapintadas durante los levantamientos. Con Carlos Menem (1989-1999) comenzó a funcionar como una herramienta para tutelar políticamente al Poder Judicial. Durante esta época participó en el contrabando de armas a Ecuador y Croacia y sus fondos reservados pasaron a ser una caja para uso a discreción de la Casa Rosada, desde donde se giraban sobresueldos para funcionarios, legisladores, jueces y periodistas, tanto del oficialismo como opositores. Con Fernando de la Rúa (1999-2001) continuó esa práctica, y desde “La Casa” se financiaron sobornos en el Senado para aprobar una reforma laboral, según sostuvo la Fiscalía en un juicio que terminó con todos los acusados, Fernando de la Rúa, entre ellos, absueltos. En el gobierno interino de Eduardo Duhalde (2002-2003) la prioridad fue infiltrar a las organizaciones políticas y sociales conflictivas que todavía abundaban en la turbulenta Argentina poscrisis. Bajo la hipótesis, pergeñada por la SIDE, de que los grupos “piqueteros” estaban poniendo en marcha un plan para derrocar al gobierno, la Policía Bonaerense fusiló durante una protesta a los militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
Según versiones coincidentes, fue el mismo Néstor Kirchner quien presentó a Nisman con Stiuso, cuando creó la Unidad Fiscal Especial para que llevara adelante la segunda investigación del caso AMIA. Uno era el hombre elegido para encabezar la máxima apuesta del gobierno por resolver un caso que tenía todas las cartas de la impunidad en la mano. El otro, la principal fuente de información sobre ese tema. Sin embargo, y según fuentes judiciales y políticas que salieron a la luz estos días, la relación de fuerzas no tardó en darse vuelta, y el fiscal terminó subordinado al agente de inteligencia.
Así fue como Stiuso devino en el director de esa pesquisa, que pronto volvió a recorrer la huella marcada unos años antes: todas las miradas apuntadas a Teherán, grandes anuncios seguidos de pruebas de poco tenor judicial, y una inmovilidad prácticamente total en la causa, que ya lleva una década. El último mojón de esta colaboración entre el agente y el fiscal fue la denuncia contra la presidenta y el canciller presentada por Nisman el 14 de enero de este año, por presunto encubrimiento a los acusados iraníes en el proceso.
La denuncia
El 27 de enero de 2013, el gobierno argentino había anunciado la firma de un memorando con Irán, que, de concretarse, permitiría que el juez argentino que entiende en la causa por el atentado, Rodolfo Canicoba Corral, interrogara en ese país a los acusados, además de conformar una Comisión de la Verdad con juristas de terceras partes. El acuerdo finalmente no llegó a buen puerto porque el gobierno de Teherán decidió darle visto bueno sin que pasara por el Parlamento, tal como estaba acordado entre ambos gobiernos, y porque la Justicia argentina lo declaró inconstitucional.
Un día más tarde, Nisman ya estaba trabajando sobre la hipótesis de que la presidenta y el canciller habían hecho un “arreglo político” con Irán para “resolver amigablemente” el caso AMIA, según él mismo le relató al periodista norteamericano Andrés Oppenheimer. De eso se desprende que durante dos años, el fiscal se dedicó a investigar esta supuesta trama en lugar de la autoría del atentado. Curiosamente, durante todo ese tiempo no informó al juez Canicoba Corral de sus esfuerzos ni de la evidencia recolectada.
La acusación contra Fernández y Timerman tiene poco vuelo jurídico y no parece escrita siquiera por un abogado: en casi 300 fojas no hay doctrina ni jurisprudencia y en sólo dos de ellas se menciona el supuesto delito cometido, lo que despertó especulaciones sobre la verdadera autoría de un texto de semejante gravedad institucional. En las más de 5.000 horas de escuchas a las que recurrió, no aparece ni una sola vez la presidenta, el canciller ni ningún funcionario del gobierno. Además, el texto tiene contradicciones internas y asegura que el objetivo del memorando era, a cambio de la impunidad de los acusados, intercambiar petróleo iraní para paliar la crisis energética argentina por granos. Pero el déficit energético argentino era por falta de gas licuado y no de petróleo; por otra parte, el crudo que exporta Irán no es apto para las refinerías argentinas, por su alto contenido de azufre.
Sin embargo, la principal flaqueza de la denuncia pasaba por la hipótesis que repite 96 veces y es el eje de la presentación: que la entrada en vigencia del memorando implicaba la caída de las “credenciales rojas” de Interpol sobre los sospechosos iraníes, y por lo tanto del pedido internacional de captura. Esto fue desmentido por ese mismo organismo internacional. El 18 de enero, pocas horas antes de que el fiscal apareciese muerto en su departamento, el ex director de la Interpol Ronald Noble fue contundente al respecto: “Lo que dice Nisman es falso.”
Cuarto cerrado
Los detalles de las circunstancias de la muerte del fiscal son poco claros. Su cuerpo apareció en el baño, bloqueando la puerta. El departamento estaba cerrado por dentro. Había sólo un arma en la escena, un solo tiro y una vaina coincidente; sin embargo, ni la fiscal ni la jueza que investigan se animan aún a confirmar un suicidio. Más allá de todo, parece claro que los servicios de inteligencia marcaron a Nisman hasta el último momento. La figura clave en esta trama es Diego Lagomarsino, un estrecho colaborador suyo, el último en verlo con vida y quien le prestó, un día antes de su muerte, la pistola calibre 22 que terminó matándolo (él dice que Nisman se la pidió para defensa personal).
Especialista en informática, Lagomarsino tenía el contrato más alto de todo el Ministerio Público argentino, de unos 40.000 pesos argentinos mensuales (unos 3.000 dólares), por labores que no llegan a explicarse. Su presencia en la Fiscalía era escasa, según testimonios, y su relación pasaba exclusivamente por el fiscal. Aunque él negó vínculos con los organismos de inteligencia, hay otras versiones que lo sitúan en este ámbito e incluso, según escribió Julio Blanck, uno de los principales editorialistas políticos de Clarín, “habría sido Stiuso en persona quien lo llevó a la SIDE. De allí habría pasado a cumplir funciones en la Fiscalía, muy cerca de Nisman”.
Inteligencia
Ya en noviembre, la presidenta había dado señales de avanzar sobre la estructura de la SI cuando descabezó la secretaría y terminó con la carrera de 42 años de Stiuso. Eso demostró no ser suficiente, e incluso en el gobierno especulan que pudo haber precipitado los episodios de enero. Ahora, con el proyecto de ley que se conocerá en las próximas horas, el gobierno da un paso más, reformando de cuajo esa dependencia. Los detalles se debatirán en el Congreso.
Sin embargo, la SI representaba solamente un tercio del presupuesto de inteligencia, y lo restante se reparte entre aparatos de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. Éstas, en teoría, tienen prohibido hacer espionaje interior, aunque la oposición apunta contra la figura del jefe del Ejército, César Milani, un hombre cercano a la Casa Rosada y al que le atribuyen tareas no contempladas por las leyes de Inteligencia, Defensa y Seguridad Interior. Para complicar más el panorama, los grupos de inteligencia locales tienen feroces internas por celos propios de las funciones que cumplen, pero también por negocios poco transparentes, entre los que se encuentran el narcotráfico, el juego y la prostitución. En ese contexto se explica la muerte de Pedro Viale, El Lauchón, mano derecha de Stiuso, acribillado en su casa por el grupo de operaciones especiales de la Policía Bonaerense hace poco menos de dos años.
En un año electoral, y con presidenciables que tienen vínculos más o menos abiertos con diferentes sectores del mundo de la Inteligencia nacional (Mauricio Macri está procesado por escuchas ilegales, Daniel Scioli es el responsable político de la Bonaerense y Sergio Massa, arrastra, de su época de jefe de Gabinete, relación con sectores de la SI), el caso Nisman aparece como la punta de un ovillo que en 31 años de democracia nadie había intentado desenredar y que toca intereses poderosos, dentro y fuera del país.
El éxito o fracaso de la reforma propuesta por Fernández no llegará a impactar en estos últimos meses de su mandato, sino que comenzarán a configurar cómo será Argentina después de 2015. Pero sobre todo es la última apuesta, quizás tardía, a que el principal atentado del terrorismo internacional en suelo sudamericano no quede para siempre impune: ésa y no otra, quizás, sea la gran deuda del kirchnerismo tras casi 12 años en el poder.