El Observatorio Luz Ibarburu, que hace el seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos, elaboró un proyecto de convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), para que estudiantes de esa carrera hagan pasantías voluntarias y honorarias en causas relacionadas con denuncias por crímenes de la dictadura. La iniciativa fue presentada originalmente por el decano de ese servicio universitario y profesor grado cinco de técnica forense, Gonzalo Uriarte, que se reunió a finales de diciembre con Raúl Olivera, uno de los referentes del Observatorio Luz Ibarburu. Aunque todavía falta la aprobación del Consejo de la Facultad de Derecho, ambas partes confían en que este acuerdo institucional empezará a aplicarse durante este año lectivo.

“Es algo importante, porque es una tarea muy compleja. Nosotros tenemos registrados unos 250 expedientes y en muchos casos carecen de abogados patrocinantes de los denunciantes y de las víctimas. Son denuncias que se presentaron antes de que se aprobara la Ley de Caducidad, luego se archivaron y, como pasó el tiempo, no hay representantes legales. La idea es darles un nuevo impulso con gente más joven. Contar con una mirada nueva es algo muy relevante”, explicó el abogado Pablo Chargoñia, integrante del Observatorio Luz Ibarburu.

Esta red de organizaciones sociales monitorea todas las causas judiciales vinculadas con los crímenes de la dictadura. Manejan información sobre cuáles son los expedientes que tienen avances y cuáles están más demorados; en qué casos hay duplicación de pruebas y qué pruebas de un expediente pueden servirle a otro.

En el Observatorio piensan que, en principio, el acuerdo con la Facultad de Derecho puede involucrar a unos 12 estudiantes, pero es posible que terminen siendo más, según el interés que concite. Está pensado para estudiantes de Técnica Forense, una materia que se imparte en el quinto año de la carrera de Abogacía.

Chargoñia recordó que el decano de Derecho expresó, en un seminario que organizó el año pasado el Observatorio Luz Ibarburu, que es importante rescatar una noción “vinculada con lo que se conoce como litigio estratégico, es decir, una mirada a largo plazo en materia de derecho”. “En este caso concreto, implica desarrollar la noción que tiene el derecho internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes, y promover que los juzgados nacionales adopten una tesitura favorable a la aplicación de ese derecho internacional. Incorporar estos aspectos en la formación de los estudiantes de derecho es fundamental, y es la base de este acuerdo. Muchas veces la formación se acota a patrocinar casos de divorcio o de pensiones alimenticias, y es importante darles otro vuelo, otra ambición a los estudiantes. En ese sentido, es un acuerdo muy importante”, explicó el abogado.

Por otra parte, está previsto, también en el marco de este acuerdo, que desde la Facultad de Derecho se brinden cursos de capacitación para las organizaciones que integran el Observatorio Luz Ibarburu. La lista es larga: en esta coalición participan Familiares de Detenidos Desaparecidos, PIT-CNT, HIJOS, Crysol, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, la Fundación Mario Benedetti, el Servicio Paz y Justicia, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Sur, la Mesa Permanente contra la Impunidad, Pro Derechos, el colectivo Denunciantes de Octubre de 2011, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la Fundación Zelmar Michelini, el Movimiento Educadores por la Paz, la Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca y la Asociación Civil ex Trabajadores del Diario El Popular (1957/1973).

El Observatorio Luz Ibarburu patrocina unas 30 denuncias vinculadas con el terrorismo de Estado, entre las que se incluyen causas emblemáticas como las que se presentaron por torturas en el centro de detención clandestino 300 Carlos y en la sede del cuerpo de Fusileros Navales, el homicidio del militante comunista Álvaro Balbi y el caso de los fusilados de Soca, entre otros. Este año, además, contará con un equipo estable de cuatro abogados (Chargoñia, Silvia Antúnez, Florencia Retamosa y Natalia Jubin) y tiene pensado mudarse a un nuevo local en la esquina de Eduardo Acevedo y José Enrique Rodó, que fue donado por el PIT-CNT.