En la madrugada de ayer, la bancada de legisladores del Frente Amplio (FA) encontró una salida legal para los cerca de 1.000 funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que trabajan en esta cartera de forma tercerizada por medio de contratos con organizaciones no gubernamentales. Los textos sustitutivos para los artículos 501, 502 y 503 fueron los últimos en votarse en la comisión, que culminó su sesión a la 1.35, tras varios cuartos intermedios que se fueron sucediendo durante toda la noche del miércoles.

La visión que primó en la bancada oficialista fue la que sostenía que los artículos que originalmente habían sido incluidos en el capítulo del Mides “perforaban” el Estatuto del Funcionario Público. Alejandro Sánchez, diputado frenteamplista y presidente de la Cámara de Representantes, había explicado a la diaria ayer que no se podía permitir el ingreso a la carrera funcionarial sin saber si hubo un procedimiento competitivo de selección.

El articulado original que había enviado el Mides en el proyecto de Ley de Presupuesto, tras una negociación con el sindicato que nuclea a los trabajadores de la cartera (la Unión de Trabajadores del Mides, Utmides), implicaba la incorporación directa a la plantilla del ministerio de los funcionarios tercerizados con una antigüedad de más de 18 meses. A aquellos que no superan ese lapso se los incorporaba al sistema de provisoriato, el régimen de prueba de 15 meses por el que pasan los trabajadores que ingresan al Estado antes de convertirse en funcionarios públicos.

La alternativa que aprobó la bancada del FA impone un nuevo parámetro de diferenciación: el mecanismo por el que los funcionarios ingresaron a trabajar en el Mides. Aquellos que hayan alcanzado los 18 meses habiendo ingresado a su función mediante concurso de oposición y méritos, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto del Funcionario Público, podrán ingresar en régimen de provisoriato. En cambio, los que no cumplan con alguno de estos dos requisitos podrán acceder a contratos temporales de dos años, prorrogables por dos años adicionales, y también presentarse a concursos en la cartera, en los que se tendrá en cuenta su experiencia.

Integrantes de la bancada frenteamplista argumentaron que con esta fórmula “nadie se queda sin trabajo”, y aseguraron que puede recibir otras modificaciones tanto durante el tratamiento del proyecto en el plenario de la Cámara de Diputados como en el Senado.

La oposición no acompañó la propuesta porque, aseguran, ni siquiera tuvieron tiempo de leerla durante la comisión. El diputado nacionalista Jorge Gandini dijo que las idas y vueltas del oficialismo en torno a este tema “revelan el escándalo que ha sido el Mides en estos años”, en los que si bien el Estado “avanzó hacia una ventanilla única, el ministerio tiene estos sistemas escandalosos” de ingreso a la función pública. El legislador incluso aseguró que si los trabajadores llegan a ir a juicio por esta situación, “los van a ganar todos”.

Disconformidades

Las modificaciones no fueron aceptadas por el Utmides, que quería que los tres artículos se aprobaran sin modificaciones. El sindicato interpreta que los cambios en los artículos significan en los hechos una violación de la negociación colectiva y una “desautorización” del Parlamento a la titular de la cartera, Marina Arismendi, que encabezó la negociación con el gremio. “Carecería de sentido seguir discutiendo con ella más adelante, porque no hay condiciones para hacerlo”, sostuvo Carlos Moreira, dirigente de Utmides.

El dirigente también argumentó que con las nuevas modificaciones, a la hora de discriminar a los funcionarios que ingresaron de acuerdo a la modalidad prevista en el Estatuto del Funcionario Público “se excluye a los que hace más tiempo que trabajan en el Mides, porque solamente se permite la regularización de los que participaron en algún llamado de Uruguay Concursa, que empezó a funcionar en 2012”. “Y la gente que ingresó hace más tiempo es la que tiene más derecho adquirido”, sostuvo.

Moreira agregó que según fueron informados ayer, en una reunión que mantuvieron con los coordinadores del secretariado del FA, los posibles cambios en el articulado se realizarán durante el tratamiento del proyecto en la Cámara de Senadores. Uno de los coordinadores, el socialista Yerú Pardiñas, admitió que la situación es complicada. “Las modificaciones, según dicen, no contemplan todo lo que se había acordado en la negociación colectiva. No podemos debilitar el funcionamiento del Mides, pero además debemos garantizar que los procesos de regularización y contratación se apeguen a las normas”.