A un año de que se diera a conocer el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) sobre la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo -que eliminó artículos del decreto reglamentario 375/012 de la ley y, entre otras cosas, estipuló que los médicos podrán abstenerse de participar en el proceso para realizar abortos-, el viernes 16 el Grupo Médico por el Derecho a Decidir divulgó una carta en la que expresa su “gran preocupación” por la sentencia, porque no les “cabe duda de que esta decisión tendrá consecuencias perjudiciales para la salud de las mujeres uruguayas”.
La red internacional de médicos y médicas de distintas especialidades asegura que la resolución “avala una interpretación errónea del concepto de objeción de conciencia y contradice los estándares internacionales en cuanto al tema”. En ese sentido, recomiendan que Uruguay respete los estándares acordados internacionalmente, lo que permitiría “la prestación de servicios oportunos de aborto basados en la conciencia” y, al mismo tiempo, que implemente “procedimientos y reglas claras” para quienes decidan negarlos. En ese sentido señalan que “la designación como objetor debería tener deberes concomitantesº, como la información a empleadores y pacientes, y la obligación de derivar a las pacientes, de impartir información precisa, y de brindar atención de emergencia”.
El Grupo, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Médica Mundial y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, considera que “el derecho a la objeción de conciencia debe limitarse al operador del procedimiento y al procedimiento en sí, y no extenderse a los que están en la cadena de la prestación ni a los cuidados pre-aborto o post-aborto”. Por ello, continúa el texto, entienden que, a pesar de las convicciones personales, los médicos están obligados a garantizar “los derechos de las mujeres, especialmente su autonomía, pero también la información, los servicios y la confidencialidad”. Al respecto, el Grupo considera que cuando se ejerce la objeción de conciencia “en nombre de un derecho individual, otros derechos son vulnerados: la vida, la salud, la autonomía, la privacidad y la dignidad de las mujeres”. Esos derechos no son contemplados por el TCA: “Quienes prestan un servicio de aborto también se basan en razones de conciencia y actúan según aquello que consideran moral: prestar el servicio a las mujeres que lo necesitan”, afirman.
En números
Por otro lado, el Grupo elaboró un informe que examina la prevalencia, las consecuencias en la salud y las respuestas normativas respecto de “la objeción de conciencia y la negativa a brindar atención de salud reproductiva”, tal como indica el título del trabajo. Concluyeron que los países que proporcionan mayor acceso al aborto legal y seguro tienen “tasas no significativas de abortos no seguros”, y que sucede lo contrario en contextos legales restrictivos. “Cuando se restringe el acceso al aborto legal, las mujeres buscan realizar el procedimiento en circunstancias no seguras”, señalan.
Las cifras que arroja la investigación son contundentes: aproximadamente 21,6 millones de los 46 millones de abortos inducidos que se realizan en el mundo cada año no son seguros, y casi todos (98%) se llevan a cabo en países de recursos limitados. Es preocupante lo que pasa en los países de bajos recursos: más de la mitad de los abortos practicados (56%) no son seguros, en comparación con 6% en zonas de ingresos altos. Más de cinco millones de estos abortos no seguros producen complicaciones médicas graves que requieren tratamiento con internación hospitalaria: 47.000 mujeres mueren cada año a nivel mundial debido a abortos no seguros, y una cantidad adicional desconocida de mujeres sufren complicaciones por la misma causa y no buscan atención sanitaria, se sostiene en el informe.
El informe también presenta los porcentajes de objetores en diferentes países: en la punta está Portugal con 80% de los ginecólogos que se niegan a realizar abortos legales, le sigue Italia, en Reino Unido casi un tercio objetó la práctica,y en Hong Kong, 14%. Uruguay aún no figura en la lista, pero según afirmó el 23 de setiembre de este año la subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, Cristina Lustemberg, de los 214 ginecólogos que se notificaron, 86 declararon objeción de conciencia (40%).