Una de las promesas que realizó el presidente Tabaré Vázquez el día en que asumió su segundo mandato fue la de bajar un punto de déficit fiscal, de 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) que representa actualmente, a 2,5% para 2019. Tal intención fue plasmada en el Proyecto de Presupuesto Nacional que el Poder Ejecutivo envió en agosto al Parlamento en relación a una serie de supuestos macroeconómicos -PIB, inversiones, precios y salarios-, que el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) encontró “algo optimistas”. Ingresos “sobrestimados” y un gasto endógeno también “algo mayor” al proyectado por la consultora son la clave del optimismo que prevé un déficit fiscal de 2,9% para 2017, mientras la consultora estima, en cambio, que será de 3,4%.

Los modelos de proyección de Cinve sugieren que el escenario más probable de crecimiento en los primeros tres años del quinquenio se ubicaría en torno a 1,9%, 1,6% y 2%, respectivamente, base sobre la cual establecen que las estimaciones oficiales -2,5% durante 2015 y 2016 y 2,8% en 2017- resultan “algo optimistas, con una confianza excesiva en los estímulos que pueda generar la demanda interna”. El gobierno prevé que sea esta variable la que dinamice la economía en los próximos dos años -al mismo tiempo que las exportaciones se contraen-, mientras que el Cinve la descalifica, considerando incluso que “ya ha mostrado una importante desaceleración”, en referencia a la baja de 1,1% que se observó en el segundo trimestre contra igual período del año anterior.

Cinve también difiere en cuanto a las previsiones de inversión y aumento de precios, siendo estas últimas las “más evidentes”. Mientras que el análisis oficial espera que las presiones inflacionarias comiencen a ceder, convergiendo a 5% (centro del rango meta oficial) al final del período de gobierno, desde la consultora entienden que “no existen elementos” suficientes para pensar en una desaceleración en el crecimiento de precios de la magnitud prevista. Los argumentos los esgrimen sobre dos presiones “importantes”: las que vendrán desde el frente cambiario por “al menos los próximos dos años” y las de los salarios, sobre todo los más bajos, que “constituyen una restricción adicional para la reducción del traspaso de salarios a precios en el mediano plazo”.

De acuerdo a las estimaciones de Cinve, el Poder Ejecutivo estaría “sobreestimando” sus ingresos. En concreto, la consultora estima que los ingresos que crecerían a tasas reales de 3,1%, 2,4% y 2,6% en 2015, 2016 y 2017, respectivamente, y con los supuestos oficiales, estos incrementos serían del orden de 3,7%, 3,1% y 3,2%.

Cinve también nota que esta sobreestimación del gobierno se da en el crecimiento de los gastos endógenos, que serían “algo mayor” a los que la consultora proyecta, por las diferencias en los pronósticos respecto de la evolución del salario real durante este año, que, sumado a las discrepancias respecto de la evolución real de la actividad económica, determinan un mayor nivel de transferencias y pago de pasividades. Mientras que desde el gobierno prevén un aumento del orden de 1,7% para 2015 y de 1,5% para 2016 y 2017, Cinve pronostica cifras del orden de 1,5%, 1,2% y 0,8%, respectivamente.

Si bien la sobreestimación ocurre tanto en ingresos como en egresos, la consultora privada, cuyo consejo directivo integra el ex ministro de Economía Fernando Lorenzo, estima que la trayectoria descendiente del déficit fiscal marcada por el gobierno para el próximo bienio representa una meta “difícilmente alcanzable”. Desde Cinve se espera que el déficit se ubique en 3,4% durante 2015, deteriorándose mínimamente en 2016 (3,5%), para luego mejorar nuevamente hasta 3,4% en 2017, lo que implicaría una proyección de 0,1% superior al registrado durante 2014, en contraposición a la mejora de 0,6% planteada por el gobierno.

Las estimaciones provenientes del sector privado se paran sobre una evolución de los servicios de deuda “más gravosa” de la que espera el Ejecutivo, en un contexto de deuda bruta creciente asociada a un resultado primario de las cuentas del gobierno (esto es, el que surge de excluir de los gastos totales los intereses pagados por concepto de deuda pública) por debajo de lo previsto. Ante esto, advierten que la evolución “no constituiría una alarma” en términos de evolución de la deuda neta, sino que “pone en evidencia” las dificultades que tendrá el gobierno durante el final de su mandato para alcanzar el 6% del PIB para el presupuesto educativo o cumplir con el plan quinquenal de infraestructura propuesto, entre otros de los objetivos planteados.