“La pregunta es, racionalmente: ¿cuánta cárcel necesitamos? ¿Realmente no hay otras alternativas de reproche del crimen?”, preguntaba ayer Aníbal Corti, que buscaba transmitir el objetivo del seminario “Discutir la cárcel, pensar la sociedad”, que se llevó a cabo en la sede de la Asociación de Funcionarios Judiciales. La actividad fue organizada por el proyecto “Contra el sentido común punitivo”, del programa Artículo 2 de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República -que reúne a investigadores de historia, filosofía, derecho y criminología-, y el Centro Interdisciplinario de Estudios Judiciales. La finalidad de los investigadores, y también del seminario, es “aportar a la comprensión de un problema de interés público y, tal vez, buscar soluciones”, y “poner en cuestión el carácter natural del castigo carcelario como la respuesta que el crimen naturalmente merece”, agregó Corti. Si bien reconoció que las cárceles aparecieron como una respuesta “menos bárbara que los castigos previos”, señala que “un día podrían ceder su lugar a otras formas de castigo” que no sean “estrictamente el encierro”. Añadió que en los últimos años las cárceles han mejorado las condiciones de hacinamiento y de infraestructura, pero que se perderán “si las tasas de encarcelamiento siguen creciendo”, y apuntó que “es un buen momento para discutir el castigo carcelario” antes de que se genere “una crisis humanitaria”.

Nicolás Duffau, otro de los investigadores, comentó que “en algunos de los países de la región hay un consenso en cuanto a que la cárcel no funciona; sin embargo, la sociedad reclama cada vez más cárcel”. Transmitió que en el seminario participaron abogados, una jueza y el ex comisionado parlamentario Álvaro Garcé, y que todos mencionaron la necesidad de pensar alternativas a la cárcel. Entre ellas se manejan “penas económicas, trabajo comunitario, mecanismos que proponen evitar que la cárcel sea la primera opción”, lo que implica postergar la entrada de delincuentes primarios, porque “las propias dinámicas de socialización en que el preso ingresa en los recintos penitenciarios fomentan la reincidencia”, explicaron los investigadores. Aclararon que esto no implica vaciar las cárceles, sino reservarlas para los casos más complejos, y dar a los primarios una segunda oportunidad.

Ánimo de lucro

La privatización carcelaria fue el tema de una de las mesas del seminario. El modelo en el que empresas privadas se hacen cargo total o parcialmente de la administración y gestión de cárceles surgió en Estados Unidos en la década de 1980. Aterrizó en Uruguay en 2011, cuando la Ley 18.786 habilitó la participación público-privada para construir obras y prestar servicios en diferentes sectores, entre ellos las cárceles. La propuesta se hizo efectiva en julio, cuando se comenzó a ejecutar el primer proyecto: la construcción del centro penitenciario de Punta de Rieles, presentado por el Ministerio del Interior como una cárcel “de última generación y acorde a los estándares internacionales más exigentes”.

Álvaro Colistro, integrante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), reseñó que el proyecto está liderado por un consorcio de empresas que emitió obligaciones negociables en la bolsa de Montevideo, por valor de 85 millones de dólares. Tendrá capacidad para 1.960 personas y será de mínima y mediana seguridad. El consorcio se encargará del diseño y la construcción del recinto, y por 27 años y seis meses se ocupará del mantenimiento, la alimentación y la limpieza; el Estado mantendrá las tareas de seguridad, salud y rehabilitación. Por cada recluso, el consorcio cobrará 620 pesos diarios.

Colistro pidió debatir más sobre la propuesta, que no ha dado buenos resultados en Perú ni en Chile. Expresó que se habla de tender a medidas alternativas a la prisión y a que el encierro sea la excepción y no la regla. Cuestionó que la forma de solucionar el problema por parte del Estado sea construir más cárceles, ya que Uruguay lidera el ránking sudamericano en materia de encarcelamiento. Además, señaló que una cárcel que reúna a 1.960 personas “se contradice” con recomendaciones internacionales, y aseguró que “la construcción de megacárceles no se condice con la finalidad rehabilitadora”.

A título personal, Colistro expresó que “hay muchos riesgos en cuanto a la incidencia del mundo empresarial con respecto a una política de Estado y a la ejecución de la pena”. Explicitó que se trata de un conjunto de empresas y que “la lógica del mercado en una economía globalizada implica que las empresas siempre van a buscar un beneficio económico”. “No concibo que estas empresas que invierten no traten cada día de obtener mayor lucro”, dijo, y advirtió que las empresas “ganan por interno” y que “cuantas más personas privadas de libertad haya, más van a cobrar”. “No solamente van a querer tener siempre su capacidad colmada dentro de lo que está establecido, sino que van a incidir en la opinión pública”, afirmó. Advirtió, además, que esto aleja al Estado uruguayo de los compromisos internacionales de recurrir a las medidas no privativas de libertad.