A instancias de la senadora nacionalista Carol Aviaga, ayer se llevó a cabo el foro “En defensa de las garantías y los derechos territoriales de las personas” en el anexo del Palacio Legislativo. Entre los presentes estaban los ex candidatos a la presidencia Gonzalo Abella, por Unidad Popular (UP), y César Vega, del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), y el diputado Eduardo Rubio, también de UP. Los expertos que participaron están de acuerdo en que el Presupuesto y otras políticas adoptadas por el Poder Ejecutivo (PE) implican un retroceso importante en los derechos y garantías conquistados.

El primero en hablar fue el director de la maestría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Universidad de la República (Udelar), Pablo Ligrone. En cuanto a la Ley de Presupuesto que envió el PE, que en su artículo 16 crea la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, y estipula que “tendrá como cometido específico, además de los que se le asignen por norma objetiva de derecho, el de articular y coordinar con las instituciones y organizaciones públicas y privadas, la ejecución de las políticas públicas relativas a la materia de medio ambiente, agua y cambio climático”, Ligrone sostuvo que es una “pérdida de derechos”. Señaló que al pasar a la órbita presidencial “el rol que normalmente” tiene el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) se “pierden los controles y garantías en las decisiones y acciones que se emprendan”, porque según establece la Constitución, el presidente de la República no puede ser controlado, sí el PE. Agregó que la modificación del artículo 47 de la Ley Nº 18.308, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, aprobada en junio de 2008, que propone el proyecto de Ley de Presupuesto “desmantela y destruye buena parte de las garantías ambientales”. Con el cambio se elimina la disposición relativa a que “los Instrumentos Especiales que tengan por objeto una superficie de terrenos superior a diez hectáreas requerirán Autorización Ambiental Previa, sin perjuicio de la legislación vigente”, y no exige que los instrumentos de ordenamiento territorial del ámbito nacional cuenten con una “evaluación ambiental estratégica aprobada por el MVOTMA”.

Ligrone explicó que estas críticas no son nuevas, ya que en 2013 se intentó aprobar una ley de similares características y más de 25 académicos respaldaron las recomendaciones realizadas en aquel entonces, al igual que ahora. Lo planteado en la Ley de Presupuesto, dice, “no responde ni de casualidad a la Ley 18.308” y deja abierta “la posibilidad” de que el PE decida por decreto, “sin ningún tipo de garantías”. A su vez, aseguró que respecto del tema ambiental, es una ley que anula la participación ciudadana y no tiene contenidos: “no define criterios”, sino que otorga a “otros, que son muchos”, la potestad de definirlos “sin una visión científica coherente”. Se están dando “cheques en blanco para ser llenados por el gobierno de turno. Es un destrozo”, afirmó.

Por otro lado, el docente grado cinco de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República Daniel Panario aseguró que si el gobierno no crea, pone en funcionamiento y evalúa una política costera a la brevedad, el mar seguirá avanzando y la costa se reducirá, cuestión que ya está sucediendo, a pasos agigantados. Panario ejemplificó con los casos de Alemania, que no tiene política alguna, Inglaterra, que trazó una ‘línea roja’ imaginaria entre el mar y el suelo, y Holanda, que construye playas artificiales para no perder ni un metro de costa. Según dijo, Uruguay, que no tiene política costera estatal, sí tiene la del “hormigón”: “Cuando se establece una calle costera y se hormigonea, ésa pasa a ser nuestra línea roja”, sostuvo. Según afirmó, “no hay propuesta, presupuesto ni nadie que genere un grupo de trabajo” para detener y mitigar el proceso de erosión de las dunas, cuestión que ayuda a que el mar siga avanzando. “Tomar medidas implica tomar problemas, y nadie le quiere poner el cascabel al gato”, afirmó.

Por último, el constitucionalista Eduardo Lust dijo que en los últimos tiempos hay “una emergencia de poner en práctica planes al margen de la Constitución”, apoyó lo sostenido por Ligrone en cuanto a que la nueva secretaría escapa a los controles parlamentarios y añadió que también a lo estipulado por la Constitución, y aseguró que los legisladores deberían “poner en marcha un proyecto de reforma constitucional para adecuarla a la realidad”, así “este tipo de inconstitucionalidades” no tendría pie.