El miércoles de noche el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) emitió un informe en el que recomienda al Congreso rechazar las cuentas del anterior gobierno de Dilma Rousseff (2010-2014). El informe será sometido a votación en el Congreso y, si es aprobado (o sea, si se rechazan las cuentas de Rousseff), la presidenta podría quedar inhabilitada a participar en próximas elecciones presidenciales, y la oposición tendría la posibilidad de pedir su destitución mediante un juicio político.

La más grave de las irregularidades encontradas por el TCU es que el gobierno utilizó recursos de los bancos públicos para costear programas sociales porque el Tesoro Nacional no tenía fondos. Con este método, indica el informe, se “maquillaron” los balances y presupuestos públicos en 2014 (año de elecciones) para que no fueran deficitarios y condujeran a recortes. De esta forma, los bancos públicos le dieron un “crédito” al Estado, algo que está vetado por la Constitución brasileña, y además se incumplió con la Ley de Responsabilidad Penal.

Durante el proceso el gobierno se defendió con el argumento de que todas las administraciones hicieron esto desde el año 2000, sin que sus cuentas fueran rechazadas.

Para el gobernante Partido de los Trabajadores, hoy el gobierno enfrenta una operación política impulsada por la oposición. Sin embargo, en el TCU fue respaldado por unanimidad el informe realizado por el encargado del caso, Augusto Nardes, que asegura que el gobierno creó “una irreal condición” económica que permitió gastos excesivos en los que está el origen de la crisis económica que vive Brasil.

El informe del TCU pasa ahora a la Comisión Mixta de Presupuesto, integrada por diputados y senadores, que evaluará el texto y enviará una recomendación a las cámaras, que deberán votar el informe. En el Congreso nunca se aprobó un informe del TCU que rechazara las cuentas de un presidente y, según algunas interpretaciones de la Constitución, esto llevaría a que automáticamente Rousseff quedara inhabilitada para un nuevo mandato presidencial (al que podría presentarse después de las elecciones de 2018).

La votación se realizará en un Congreso que se ha mostrado hostil con Rousseff, incluso después de la reforma ministerial realizada la semana pasada, que estaba dirigida a promover la fidelidad de algunos sectores de la bancada oficialista.

La prueba fue el miércoles, día en el que el gobierno logró que se incluyera en el orden del día una votación para aceptar o rechazar los vetos de la presidenta a proyectos de ley que aumentan el gasto público. Rousseff necesita que eso se vote y que se aprueben sus vetos, que son parte del programa de austeridad de su gobierno, pero cuando el tema se puso sobre la mesa en el Congreso no había quórum y, por tercera vez, la votación fue postergada.

El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un dirigente que se ha declarado opositor al gobierno, fue crítico con el Ejecutivo y dijo que la votación sobre las cuentas de la anterior administración de Rousseff no se realizará hasta 2016, porque la Comisión Mixta de Presupuesto tiene otros temas que tratar antes. El presidente del Senado (y del Congreso), Renan Calheiros, aliado del gobierno, no quiso pronunciarse sobre los plazos de la votación.

Si el Congreso rechaza las cuentas de Rousseff, ese rechazo es el que podría ser considerado una base para el juicio político. El líder del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el senador Aécio Neves, dijo que el informe del TCU “es una demostración clara de que la presidenta cometió ilegalidades durante el proceso electoral, y tiene que responder por esas ilegalidades”.

Neves señaló además que el informe supuestamente respalda las denuncias que ha hecho el PSDB, en las que se acusa a Rousseff de haber utilizado recursos del Estado para la campaña electoral.

Estas denuncias son investigadas por el Tribunal Superior Electoral. Neves también dijo que el PSDB apoyará el juicio político contra Rousseff. La oposición es minoritaria en ambas cámaras, pero no hay nada que garantice la estabilidad de una bancada oficialista que está formada por más de una decena de partidos.