El miércoles 14, personal de la Intendencia de Canelones (IC) detectó en un sobrevuelo realizado con el apoyo del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) la tala de un monte nativo a orillas del río Santa Lucía, a la altura de pueblo Bolívar, en el noreste del departamento. El predio está dentro de la zona de amortiguación de las márgenes del río Santa Lucía en la que no puede hacerse laboreo ni aplicación de agroquímicos, definida en febrero por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) para cuidar la calidad ambiental de la cuenca del río Santa Lucía (es la medida ocho del Plan de Acción para la cuenca).
Las autoridades canarias se comunicaron con la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y con la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), que el jueves hicieron la inspección. El viernes, la Dinama le exigió al propietario del predio que cesara las actividades. La tala se estaba haciendo con una máquina retroexcavadora. Se constató, además, que se acopiaba madera y se quemaban restos de tala, que había una excavación de 5.000 metros cuadrados y cuatro metros de profundidad, focos ígneos y canalizaciones de desagües naturales.
Unidos y en acción
Ayer, autoridades de la IC, la Dinama, la Dirección General Forestal y el MDN se reunieron en la capital canaria para generar un protocolo de control ambiental. En conferencia, Alejandro Nario, responsable de la Dinama, valoró la inmediatez con que se actuó, pero indicó que es necesario generar una coordinación “a nivel técnico” que “se dispare en forma automática”, y no mediante la articulación directa de los jerarcas de las instituciones involucradas, así como lograr una mayor capacidad de control.
El protocolo prevé un control mensual aéreo (con técnicos designados por los ministerios y la IC), al que se agregará un monitoreo por agua, con el aporte de la Dirección Nacional de Bomberos y del MDN. Nario dijo que ahora cada ministerio y la IC tienen su área de control satelital. Se apuntará la coordinación de las imágenes satelitales para “aumentar el cruce de información, para planificar esas inspecciones sobre el terreno y hacerlas más efectivas”. La cuarta vía de monitoreo se hará por medio del control ciudadano. En su sitio web, el MVOTMA tiene un formulario para hacer denuncias ambientales de cualquier tipo (www.mvotma.gub.uy/denuncias-ambiente.html).
A partir de un trabajo realizado con la IC, ambas instituciones adoptaron el mismo sistema. Nario anunció que la idea es extender esa misma herramienta al resto de las intendencias. La denuncia también puede hacerse en los municipios y por el teléfono 1828, de Telegestiones de la IC, o por mensaje de texto al 099389486. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, mencionó la necesidad de coordinar acciones con el resto de las intendencias que forman parte de la cuenca del Santa Lucía -Florida, San José, Lavalleja y Montevideo- y adelantó que los intendentes “están dispuestos a trabajar en ese sentido”.
Pedro Soust, director general Forestal, explicó que la sanción por infringir la Ley Forestal es de 12.500 dólares por hectárea. Dijo, además, que el empresario tiene la obligación de hacer dos publicaciones en diarios de la capital sobre su infracción y desarrollar un plan de reposición de los árboles. Por su parte, la Dinama intimó al propietario a pagar una multa de 1.000 unidades reajustables (casi 30.000 dólares) por incumplir con la medida ocho.
Las autoridades dijeron desconocer el tamaño del área talada, pero Soust aclaró que “es una cifra que no es importante por la cantidad, sino por la magnitud y el lugar en que se hizo esa deforestación y la forma en que se hizo”: “con una máquina, no un carrito”.
Incumplimiento
Nario dijo que en general las empresas cesan las actividades cuando son intimadas por la Dinama, “porque eso tiene consecuencias económicas y jurídicas”. Señaló que “el problema” ocurre cuando no hay acatamiento, “como está pasando en el caso de Picón”. “Estamos viendo cómo fortalecer esa capacidad de acción”, dijo, y comentó que la Dirección General Forestal recurre a la fuerza pública.
Se refería al caso de Paso Picón (Canelones), donde el médico y empresario Máximo Castilla planta soja y trigo. Castilla ha sido multado por no respetar las condiciones de fumigación. Su terreno, ubicado entre los arroyos Canelón Chico y Canelón Grande, está en un área altamente poblada. Eso motivó que la Junta Departamental de Canelones prohibiera este año la fumigación en varios padrones de la zona. A comienzos de setiembre, sin embargo, Castilla fumigó su plantación de trigo. Los inspectores de la IC lo intimaron a que respetara la norma, y luego de varios días de incumplimiento, lo denunciaron penalmente. Ayer, mientras las autoridades estaban reunidas, el médico volvió a fumigar, al igual que el día anterior. En diálogo con la diaria, Adriana Pascual, vecina de Castilla, criticó que el empresario siga sin respetar las normas de la IC, del MGAP y de la Dinama, y que la Justicia siga sin pronunciarse ni haber citado a nadie.