Las acusaciones de Siria contra Turquía surgieron el sábado, cuando el Ejército sirio difundió un comunicado en el que sostuvo que el gobierno turco “incrementó recientemente su apoyo a los terroristas [los grupos armados que se oponen a Al Assad] y el nivel de suministro de armas, municiones y equipos necesarios para continuar con sus actos criminales”. Según el texto, las armas llegan a manos de los rebeldes en cargamentos que Turquía califica de “asistencia humanitaria”, y son entregadas a cambio de antigüedades robadas en Siria e Irak y petróleo vendido a bajo precio. Durante un encuentro con una delegación iraní en Damasco, el presidente sirio señaló ayer que el “empeño de luchar contra el terrorismo” seguirá “a pesar de la reciente escalada por parte de algunos países hostiles que, mientras dicen estar luchando contra el terrorismo, han aumentado [los envíos de] fondos y armamento a estos grupos”, según publicó la agencia de noticias siria Sana. Por su parte, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, negó que Turquía esté comprando petróleo al grupo jihadista Estado Islámico, informó la agencia Reuters.
El malestar de Rusia con el gobierno turco también tiene que ver, en parte, con el conflicto en Siria. La tensión entre los dos países aumentó el martes, cuando Turquía derribó el caza ruso enviado a Siria bajo el argumento de que violaba su espacio aéreo. Rusia insiste en que su avión no entró en territorio turco en ningún momento. En este incidente, uno de los pilotos murió.
El sábado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, decretó una serie de sanciones económicas contra Turquía, que insiste en que actuó “en defensa de su territorio” y se niega a disculparse, compensar a las víctimas o castigar a los culpables del derribo del avión.
Entre otras medidas, Putin ordenó restringir la entrada en Rusia de determinadas mercancías turcas, prohibir que empresas turcas realicen algunos trabajos y presten ciertos servicios en el territorio de Rusia, y dispuso que no se contraten trabajadores turcos a partir del 1º de enero, excepto si los empleadores cuentan con autorización del gobierno. El decreto presidencial señala además que los operadores turísticos rusos deberán abstenerse de vender productos y servicios que contemplen visitas a Turquía, y suspende un acuerdo de exención de visas para los ciudadanos turcos a partir del 1º de enero, medidas que podrían significar para el sector turístico turco la pérdida de hasta 10.000 millones de dólares anuales.
Ayer, el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, criticó las sanciones económicas impuestas por Rusia, aunque dijo que la “prioridad” de Turquía es mantener con este país “los canales de comunicación abiertos”. A la vez, manifestó que responsabilizar a Turquía por el incidente “es ilegítimo e inválido de acuerdo con el derecho internacional, y no es correcto cuando Turquía y Rusia han mantenido una estrecha relación de amistad y vecindad”. El sábado, también en el frente interno, aumentaron las tensiones para el gobierno turco cuando Tahir Elçi, abogado, activista por los derechos humanos y símbolo de la defensa de una solución pacífica al conflicto kurdo, fue asesinado durante un acto público en Diyarbakir, al sureste del país, en un ataque en el que también murió un policía y una docena de personas resultaron heridas, de acuerdo con la cadena CNN Türk.
El activista era perseguido desde octubre por decir en un debate televisivo que el proscrito Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK, por sus siglas en kurdo) no era una “organización terrorista”, aunque cometiera atentados, sino una “guerrilla con fines políticos”. Después de sus declaraciones en televisión, había sido imputado por “propaganda de organización terrorista” y se enfrentaba a una pena de siete años y medio de cárcel.
Según medios locales, Elçi, que presidía el Colegio de Abogados de Diyarbakir, denunciaba ante la prensa los daños sufridos por el patrimonio histórico durante combates entre milicianos vinculados con el PKK y las fuerzas especiales de la Policía, cuando se oyeron disparos. A los pocos segundos, comenzó un tiroteo entre la Policía y quienes emitían los disparos, que ayer no habían sido identificados. Una bala terminó en la cabeza de Elçi, que murió de inmediato.
El partido HDP expresó el sábado que la muerte del abogado fue un “asesinato planeado” e instó a las personas a salir a protestar. Sin embargo, la manifestación terminó cuando la Policía lanzó gases lacrimógenos y usó cañones de agua para dispersar a la multitud. El primer ministro turco dijo, horas después del tiroteo, que era necesario aclarar si Elçi murió como consecuencia de éste o si fue víctima de un asesinato intencional.