Miércoles 18 de octubre de 2006 en el Cortijo Vidiella, lindero al Batallón Nº 14 de Infantería del Sauce. En una sala de reuniones están los generales Pedro Aguerre y Miguel Dalmao, el entonces comandante en jefe del Ejército, Carlos Díaz, el ex presidente Julio María Sanguinetti y el ex ministro de Defensa Yamandú Fau. La noticia sale al otro día en Búsqueda y esa misma tarde el presidente Tabaré Vázquez y su ministra de Defensa, Azucena Berruti, deciden remover a Díaz. Los motivos: reunirse sin autorización con dirigentes de la oposición y romper así la cadena de mando, lo que es considerado una falta grave. Fin del asunto.

Sábado 24 de octubre de 2015. El diario El País publica fragmentos de una circular firmada por el comandante en jefe de la fuerza de tierra, Guido Manini Ríos, en la que considera “inaceptable” un anteproyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo para reformar el sistema de jubilaciones de las Fuerzas Armadas. En la comunicación que distribuyó entre los oficiales del Ejército, Manini concluye que ese anteproyecto denota “un profundo desconocimiento” de la estructura militar. Al otro día, el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, intenta ponerle paños fríos a la cuestión y Manini se llama a silencio. Fin del asunto.

No es fácil establecer cuál de los dos episodios es más grave; entre otras cosas porque son de diferente naturaleza. Sí se puede decir que ambos reflejan el mismo problema: las tensiones entre la cúpula militar y el poder político, y cómo, cada tanto, los militares amenazan la cadena de mando y juegan al borde de la prohibición constitucional de manifestarse sobre asuntos políticos (podría apuntarse que la respuesta del gobierno no fue la misma con Juan Pedro Mir, que debió renunciar por sus dichos en una actividad sectorial).

La situación deficitaria de la Caja Militar hace todavía más incomprensible la reacción de Manini. Es la única caja paraestatal que todavía no pasó al régimen general establecido por el Banco de Previsión Social; ya se reformaron los subsistemas notarial, profesional, policial y bancario. Por otra parte, la asistencia financiera de Rentas Generales al -llamemos a las cosas por su nombre- Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas es escandalosa: en 2014 el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó una partida de 344 millones de dólares, se prevé que este año serán 268, y la proyección para el período 2016-2019 llega a unos 310 millones de dólares por año. Es asistencia financiera pura, es decir, recursos para cubrir la diferencia entre los gastos por todo concepto del servicio de la Caja Militar (entre los cuales el más importante es el pago de jubilaciones y pensiones) y sus ingresos por aportes personales de los militares y patronales del Estado.

Las comparaciones son realmente odiosas. Según los datos de la Rendición de Cuentas de 2014 (es decir, lo que el Estado gastó en ese año), la asistencia financiera a los retirados militares fue de casi 8.000 millones de pesos. O sea que equivalió a casi toda la ejecucion presupuestal del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay en el mismo período, fue mayor que la de vivienda, casi el doble de la del Poder Judicial y siete veces la destinada a ciencia y tecnología. Superó además, en 21 millones de dólares, el déficit de ANCAP en los 12 meses del año pasado.

Otro problema son las inequidades salariales en la estructura militar, y vale seguir con las comparaciones: en el caso de la Policía, la relación entre el tope de la escala salarial y el escalafón más bajo es de tres a uno; mientras que en las Fuerzas Armadas es de nueve a uno (sin contar que entre las remuneraciones más altas están las jubilaciones militares, algunas de más de 150.000 pesos). El borrador que elaboró el gobierno, y que por estos días analizan los mandos militares, también modifica el sistema de retiros. Actualmente, un militar -oficial o subalterno- puede optar por el retiro voluntario tras 20 años de servicio simple, con el beneficio adicional de que, en algunos casos, se computan como años de trabajo los pasados como alumno en el Liceo Militar. Con ese régimen, un instructor de aeronáutica puede retirarse con 43 años y empezar a cobrar 100% del salario que tenía como activo (o aun más), y un subalterno puede pasar a retiro antes de los 38. No parece justo.

El Ejecutivo quiere enviar el proyecto de ley al Parlamento a mediados del año que viene y después empezar a discutir la reforma de las cuatro leyes orgánicas militares; la de las Fuerzas Armadas, y las de sus tres ramas: el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Va a ser interesante, llegado el momento, monitorear si esos cambios estructurales causan tanto alboroto como este anteproyecto.

Del lado del gobierno no hay excusas para postergar la reforma. Los tres ministros involucrados (Fernández Huidobro, Danilo Astori y Ernesto Murro, titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) están alineados, y las señales que llegan desde el Parlamento son auspiciosas. Hasta lo podría fundamentar desde una necesidad política: no voy a desarrollar todo el cuento de Nanni Moretti, su película Aprile y aquello de “decir algo de izquierda”, pero vendría al caso.

Lo que sigue sin entenderse es la reacción de Manini, que cometió errores graves y raros para un militar. Escribió un boletín “reservado” que se filtró rápidamente a la prensa, o sea que su control sobre la estructura militar parece ser, al menos en este caso, relativo. Además, apostó a dar una discusión sobre beneficios salariales ante la opinión pública, un terreno que, en principio, luce bastante adverso a sus intereses. Por último, en lugar de apostar al bajo perfil, emitió una especie de declaración de guerra para una batalla que, si tomamos en cuenta la aparente sintonía ministerial y la mayoría parlamentaria del oficialismo, estaría perdida de antemano.

En resumen, el comandante en jefe del Ejército se fue de boca. Y es curioso que eso suceda, porque si de algo han dado sobradas pruebas los militares uruguayos es de su habilidad para mantenerse en silencio.