Ayer los líderes de los tres partidos opositores catalanes posaban para los medios en la fachada del TC, uno al lado del otro, en lo que algunos medios españoles denominaron la primera acción conjunta de la oposición catalana. Se trata en realidad de una verdad a medias: Inés Arrimadas, de Ciudadanos, Miquel Iceta, del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), y Xavier García Albiol, del Partido Popular, recurrieron al TC, pero cada uno presentó un recurso distinto con objetivos diferentes.

El motivo de la asistencia sí fue el mismo: la Mesa del Parlamento de Cataluña admitió una resolución presentada la semana pasada por la coalición soberanista Juntos por el Sí y el partido CUP que declara “el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente” y proclama “la apertura de un proceso constituyente” para preparar “las bases de una futura Constitución catalana”. Las dos formaciones tienen mayoría en el Parlamento catalán y, como consecuencia, dominan la Mesa del Parlamento, que no sólo aceptó la resolución sino que redobló la apuesta: fijó el debate para el lunes. Ese día se cumple un año de la consulta popular sobre la independencia catalana, que fue un hito en este proceso.

El gobierno catalán tuvo la iniciativa de la consulta el año pasado e impulsó la aprobación de una ley para convocarla, pero el gobierno español recurrió ante el TC, que la suspendió como medida cautelar, porque había indicios de que la ley era inconstitucional. Los independentistas insistieron en su realización y la organización pasó a manos de la sociedad civil; el resultado fue favorable a la independencia, pero se lo consideró inválido por no ser una convocatoria oficial. Finalmente, el TC declaró ilegal toda la convocatoria, invalidando el proceso y su resultado. Hubo varias consecuencias: la Justicia española imputó al presidente catalán, Artur Mas, y a dos jerarcas por su papel en todo ese proceso, y Mas convocó a elecciones, al considerar que era la única opción que le dejaba el gobierno español para consultar a los catalanes.

El gobierno catalán se alió con fuerzas sociales y políticas en la coalición Juntos por el Sí, fortaleciendo el valor de referendo que buscaba darle a las elecciones: independencia sí o no. La coalición ganó las elecciones pero no alcanzó la mitad más uno de los integrantes del Parlamento, por lo que promovió una alianza con la CUP, que, por ahora, está limitada a las acciones independentistas.

Unidos pero diferentes

Ciudadanos y el Partido Popular (PP) recurrieron al TC pidiendo la suspensión cautelar de la sesión del Parlamento del lunes argumentando que la resolución propuesta por Juntos por el Sí y la CUP es inconstitucional y promueve “el establecimiento de una Cámara con poderes limitados”. El texto de la resolución independentista dice que el Parlamento no debe supeditarse “a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del TC” e “insta al futuro gobierno” a cumplir únicamente con las normas dictadas por el Parlamento.

La presentación del PSC ante el TC fue más tímida. En su recurso apelaba a que el TC se pronunciara sobre si la Mesa del Parlamento podía admitir a trámite una propuesta que vulnera la Constitución, pero no pedía la suspensión del pleno del lunes. El TC admitió a trámite los tres recursos y anunció que los evaluaría. Había pocos antecedentes de que suspendiera de forma cautelar el pleno de un Parlamento -autonómico o nacional-, pero el presidente de la bancada de Juntos por el Sí, Jordi Turull, ya había advertido, temprano, que, aunque el TC suspendiera la votación, se iba a realizar igual. “Tirar adelante es el mandato democrático que tenemos”, aseguró.

Pero el TC rechazó la solicitud de la medida cautelar al considerar que “en este momento es a la propia Cámara autonómica a la que corresponde velar por que su actuación se desarrolle en el marco de la Constitución”, y advierte: “Sin perjuicio de que la última palabra, cuando así se le pida, le corresponderá a este TC”.

Porque el papel del TC en el actual proceso no termina acá: el presidente español, Mariano Rajoy, reiteró ayer su advertencia de que si el Parlamento catalán aprueba la resolución independentista -lo que seguramente suceda- el gobierno la va a recurrir al TC. Hasta ahora las decisiones de Rajoy sobre Cataluña representaban sobre todo a la voluntad del PP, pero en las últimas semanas sostuvo reuniones y conversó sobre este tema con el líder de Ciudadanos a nivel nacional, Albert Rivera, y el del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez. En esos encuentros, Rajoy les pidió apoyo en lo que pretende ser una política de Estado y se comprometió a conversar con ellos antes de tomar decisiones importantes.