En la última reunión de la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía -integrada por el gobierno nacional y departamental, usuarios y la sociedad civil-, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) presentó el lunes dos herramientas de acceso público que permitirán controlar las actividades y la situación ambiental de la principal cuenca proveedora de agua potable del país.

Salvador Schelotto, director nacional de Ordenamiento Territorial, presentó el Atlas de la cuenca del río Santa Lucía, que se sustenta en una aplicación informática generada a partir del Sistema de Información Territorial y reúne información de publicaciones, bases de datos espaciales e informes temáticos, explica una nota publicada ayer en el sitio web del MVOTMA. El atlas se focaliza en “observar, exponer y comentar los procesos de ocupación, transformación y uso del territorio, y en visualizar sus tendencias”, dice la reseña.

La otra herramienta que ya está disponible es un visualizador satelital de alcance nacional (mvotma.gub.uy/visualizador), que tiene información sobre parámetros de calidad del agua, del aire, de vertidos, áreas protegidas y participación ciudadana, entre otras; mediante un sistema de capas, se pueden cruzar las diferentes variables. El visualizador será presentado la semana que viene a técnicos del MVOTMA y de otros organismos públicos, así como a la academia. En diálogo con la diaria, Alejandro Nario, responsable de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), explicó que “cada vez que haya una medición de calidad de agua o de aire se va a poder ver al instante”, así como las mediciones que se cargan directamente online y la evolución de los distintos parámetros. Agregó que también estará la información de todos los emprendimientos que han presentado estudios de impacto ambiental. Será para uso de técnicos y académicos pero también para la población en general; podrá verse, por ejemplo, si un padrón que se va a comprar está comprendido dentro de un área protegida. Nario dijo que el visualizador es una herramienta dinámica, porque actualiza los datos al instante, y complementaria del atlas, que muestra una línea de base del uso del suelo al día de hoy y que cambiará a medida que se vaya actualizando. Remarcó que ambas aplicaciones son parte de una política de acceso a la información pública y constituyen pasos hacia la construcción de un observatorio ambiental.

Cuestionamientos

En la reunión de la comisión de cuenca, la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, integrada por vecinos y usuarios, formuló una serie de críticas a la gestión fiscalizadora. Una de ellas ya había trascendido en la prensa la semana pasada: fue el reclamo de que el gobierno no estaba considerando un tramo de 25 kilómetros del río Santa Lucía, próximo a la localidad canaria de San Ramón, porque el río había cambiado su curso principal y la fiscalización se estaba haciendo sobre el trayecto anterior, sobre el que hoy circula una escasa cantidad de agua. El colectivo difundió un video de un mosquito -vehículo que sirve para fumigar- cargando agua en una laguna de uno de los padrones de ese trayecto.

Nario dijo que ese movimiento del curso sí se contempló y que se tomaron las dos lenguas del río; así lo mostró el lunes, cuando presentó el visualizador. La Asamblea se mostró conforme con las dos herramientas presentadas, pero pidió que se faciliten los mecanismos de denuncias, por ejemplo, creando un número telefónico de tres cifras, similar al 911. Los vecinos de Santa Lucía detectaron en la zona suburbana de esa localidad una fumigación de un cultivo extensivo, algo que no podría ocurrir, y mostraron una resolución del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que no sancionaba al productor porque él había “afirmado” que cultivaba zapallos; el grupo adjuntó fotos de la extensa pradera y la única planta de zapallos que había plantado y cuestionó cómo el organismo se pudo guiar por lo que decía la persona que debía ser sancionada, en vez de corroborarlo in situ. Pidieron que los organismos no se guíen sólo por las denuncias, sino que implementen sistemas de fiscalización por medio de nuevas tecnologías. Nario respondió que se han fiscalizado los recorridos por tierra y por aire y que cuando se disponga de herramientas informáticas para fiscalizar todo será más sencillo; en tanto, apuntó a la denuncia, como la del mosquito, que ya está investigando, o la que el grupo hizo a comienzos de diciembre, cuando detectó la tala de monte nativo en Paso del Sordo, próximo a Santa Lucía.

La asamblea difundió fotos aéreas de la Intendencia de Canelones que muestran cultivos dentro del área de amortiguación en la que no debería cultivarse; pidió, también, sanciones más severas para quienes incumplen la normativa, y que se llegue al punto de aplicar multas por el valor de la tierra, con opción a expropiarse las parcelas de los infractores. También mencionaron la posibilidad de que se tipifiquen estas acciones como delitos ambientales.

Camino a la sanción

Al 31 de diciembre, las 23 industrias que más contribuyen a la contaminación de la cuenca del Santa Lucía deberían tener prontos sus nuevos sistemas de tratamiento de efluentes; la medida debió estar pronta hace un año, pero el plazo se extendió hasta ahora. “Estamos terminando de evaluar los incumplimientos, vamos a sancionar y en algunos casos vamos a intimar al cese de las actividades si no se hacen las obras”, sostuvo Nario. Se refirió así al caso de tres industrias y de 15 tambos que no han avanzado en la creación de sistemas de tratamiento de efluentes. Dijo que se está en proceso de notificación -por eso se excusó de nombrarlas- y comentó que “se está evaluando el grado de aproximación, porque no es lo mismo quien está trabajando en la obra que el que no ha hecho nada”. Las sanciones económicas para unos y otros son distintas, y “en algún caso se le va a intimar al cese de actividades si no presenta como mínimo adecuaciones intermedias que garanticen el cumplimiento”.