En el marco del diálogo de paz que las FARC mantienen con el gobierno de Juan Manuel Santos, se acordó en 2013 abrir un camino a la participación política de los guerrilleros desmovilizados, mediante medidas para facilitar que los nuevos movimientos políticos se establezcan como partidos y compitan en elecciones. El fin de semana las FARC reiteraron su voluntad de recorrer ese camino y reclamaron al gobierno una serie de cambios institucionales para Colombia.

Uno de ellos consiste en reformar las Fuerzas Militares, la Policía y los servicios de inteligencia y abrir los archivos de esas instituciones. Bajo el título “Desmilitarización de la sociedad y reforma de las Fuerzas Militares y de Policía”, las FARC proponen en uno de varios puntos que las fuerzas estatales dedicadas a combatir a la guerrilla sean reconvertidas “hacia la protección de la soberanía nacional y de las fronteras patrias” y que los servicios de inteligencia sean rediseñados para enfocarlos hacia la “protección de la soberanía nacional”. También propone el “rediseño de instituciones educativas militares”, y programas de “readaptación laboral” para funcionarios del sector Seguridad y Defensa, para ese momento en el que ya no combatan a la guerrilla.

En el documento difundido por el dirigente Jesús Santrich, las FARC abogaron por la “reducción del tamaño de las Fuerzas Militares”, la disminución del gasto en defensa hasta 2% del Producto Interno Bruto, y que el ahorro que esto genera se destine a gasto social y a contemplar los derechos de las víctimas. Además, consideraron necesario crear una “comisión de esclarecimiento del paramilitarismo”, que trabaje para desmantelarlo.

La guerrilla también presentó su iniciativa para que se abra un ámbito específico de participación política de las víctimas del conflicto mediante una circunscripción electoral que corresponda a ellas y que tenga vigencia por tres legislaturas, informó la agencia de noticias Efe. Esta circunscripción electoral estaría representada por dos senadores y cuatro diputados, y requeriría un censo nacional que identifique a los colectivos que quedarán comprendidos. En opinión de las FARC, así las víctimas podrían participar en forma directa en la “elaboración, ejecución y control” de las políticas que se instrumenten para su reparación y en la “materialización de sus derechos”.

“Uno de los fundamentos para una paz estable y duradera y un proceso de reconciliación nacional tiene como presupuesto la existencia de un poderoso movimiento de víctimas con capacidad de reivindicar y exigir el reconocimiento y disfrute efectivo de sus derechos”, dijo en La Habana Rodrigo Granda, uno de los líderes de las FARC. Consideró que el Estado debe promover que las víctimas se organicen, en particular en el caso de “mujeres, campesinos, indígenas y afrodescendientes”.

Para atender la situación de las víctimas, las FARC proponen que se creen diversas instituciones estatales: un Plan Nacional para la Reparación Integral, un Consejo Nacional para la Reparación Integral, un Fondo Nacional para la Reparación Integral y una Comisión constitucional permanente que proteja sus derechos.

El gobierno de Santos ha reiterado que en los diálogos de paz no están en juego cambios en las Fuerzas Militares ni en otros organismos de seguridad, y el oficialismo lo repitió debido a las críticas que recibieron estas iniciativas de las FARC. “La propuesta de Santrich en Cuba es atrevida e irrespetuosa. Que quede claro que el futuro de las Fuerzas Militares no se negocia en La Habana”, escribió en Twitter el senador Roy Barreras, que pertenece al gobernante Partido de la U.

Otros, desde la oposición, reclamaron un mayor rechazo del gobierno a esa iniciativa. “Ya es hora de que el presidente Juan Manuel Santos diga si tiene o no claro con quiénes está negociando y, más aun, si dejó en claro sobre la mesa de La Habana que las Fuerzas Militares no son un punto a discutir”, dijo la diputada Tatiana Cabello, del partido Centro Democrático, liderado por el ex presidente Álvaro Uribe, que es el principal crítico al proceso de paz.

No todos

Nicolás Rodríguez Bautista, conocido como Gabino, el principal dirigente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla colombiana, dijo la semana pasada que no cree que este grupo pueda llegar a un acuerdo de paz con el gobierno en un plazo corto. En una entrevista con Canal Capital, dijo que desde hace un año el ELN mantiene conversaciones “exploratorias” pero están lejos de conducir a un acuerdo. “No es un problema de capricho, es un problema de análisis de la realidad”, manifestó.

Como muestra de que el conflicto sigue en todos sus términos, ayer el ELN confirmó que el 16 de diciembre secuestró a Fredys Palacios, el alcalde del municipio de Alto Baudó, en el departamento de Chocó, para someterlo a un juicio por corrupción. La guerrilla informó que va a liberar a Palacios cuando se “comprometa a devolver lo que robó”. Cuando se confirmó el secuestro del alcalde, Santos exigió que lo liberaran si querían “realmente entrar en un proceso de paz”.

Por su parte, las FARC anunciaron ayer que mantendrán el alto el fuego indefinido que declararon en diciembre y reclamaron al gobierno que no postergue “más la decisión de acordar el alto el fuego bilateral”.