El Parlamento austríaco adoptó ayer una reforma legislativa que promueve “un Islam con carácter europeo” y prohíbe el financiamiento de los imanes y de las organizaciones culturales vinculadas al Islam por fondos extranjeros. Además, obliga a que los imanes tengan un buen nivel de alemán. Por otro lado, establece el derecho de los musulmanes a disponer de capellanes en el ejército, los hospitales, los hogares de ancianos y las cárceles, que puedan acceder a una alimentación acorde a las recomendaciones del libro sagrado musulmán, el Corán, incluso en la educación pública, y que los trabajadores podrán no trabajar en sus días de fiestas religiosas.

El texto aprobado modifica la “Ley sobre el Islam” aprobada en 1912, cuando Bosnia y Herzegovina (país con una numerosa población musulmana) fue anexado al extinto Imperio Austrohúngaro.

El ministro conservador de Integración, Sebastian Kurz, que gobierna en coalición con los socialdemócratas, dijo que la norma apunta a “dar más derechos a los musulmanes, pero también a luchar claramente contra las derivas”, y que se pretende “tener cada vez más imanes criados en Austria”. En esa nación centroeuropea de 8,5 millones de habitantes, viven cerca de 560.000 musulmanes, en su mayoría de origen turco y bosnio.

El texto generó polémicas y el principal dignatario musulmán de Turquía, Mehmet Görmez, cuyo país financia imanes en Austria y en varios países europeos, dijo que la ley es “una regresión de 100 años”. Además, un primer borrador tuvo que ser modificado debido a las críticas que desató, porque preveía una versión oficial del Corán en alemán para Austria.

Aunque el texto está en trámite desde hace dos años, ahora que se sabe que 200 austríacos viajaron a Siria e Irak para luchar junto al grupo Estado Islámico y luego de los atentados en París y Copenhague cobró otra dimensión.

Kurz cree que la ley puede inspirar una nueva legislación europea. En efecto, varios países europeos siguen esa iniciativa con interés, sobre todo Francia, donde el primer ministro Manuel Valls anunció su intención de impedir las financiaciones extranjeras a las mezquitas. Mientras tanto, el gobierno galo anunció ayer la puesta en marcha de una nueva instancia de diálogo entre los franceses musulmanes y el Estado. Implicará establecer un encuentro bianual, similar al que ya ocurre con los representantes católicos y judíos y permitirá acordar asuntos relativos a la formación de los imanes, los sacrificios rituales o la seguridad en los lugares de culto. De momento el rol de representación de los musulmanes lo cumple el Consejo Francés del Culto Musulmán, creado en 2003, que seguirá participando en el diálogo con el Estado pero ya no como único interlocutor. Se le sumarán otros actores que falta definir entre asociaciones, intelectuales, y personalidades destacadas.

Además, para ser contratados como capellanes, los imanes deberán cursar formaciones universitarias “cívicas y civiles” que se van a establecer en 12 facultades del país antes de fin de año. El Estado francés financiará también dispositivos de seguridad para los lugares de culto musulmanes porque, de acuerdo al Ministerio de Interior, en enero hubo 176 agresiones islamófobas, más de las que hubo durante todo el año pasado.

Todas estas medidas, anunciadas ayer por el gobierno francés, enfrentan el desafío de no violar la emblemática ley de 1905, que establece que Francia es un Estado laico que, por ende, no puede tener injerencia en las religiones.