Según el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Wilson Netto, la presentación de las bases para un plan de educación en derechos humanos es parte de “un camino”, “no sólo para poner en agenda el tema” sino también para “comenzar a construir” una herramienta para poder implementarlo en el futuro. El rector de la Universidad de la República (Udelar), Roberto Markarian, destacó la importancia de estos temas y sostuvo que cuando él estudiaba “ni siquiera existían”. El rector habló de la necesidad de “educar en el cuidado de las ciudades” y en temas vinculados al género.

Luis Garibaldi, director nacional de Educación, destacó el trabajo durante los últimos cinco años de la Comisión Nacional para la Educación en Derechos Humanos, que elaboró las bases y está integrada por representantes de la ANEP, la Udelar y el Ministerio de Educación y Cultura. El jerarca señaló que el país empezó a reconocer derechos de varias minorías y eso “desafía” al sistema educativo, y llamó a seguir trabajando para transformar las bases en un plan que pueda ser aplicado en Uruguay.

El documento plantea la necesidad de crear un mecanismo “cíclico” de “diagnóstico, construcción, monitoreo, ejecución, rendición de cuentas y evaluación de la política pública”, y señala la necesidad de que el proceso de construcción del plan sea participativo y que pueda accederse a la información en todas sus instancias, al tiempo que en particular destaca la importancia de la participación y el control de las organizaciones de la sociedad civil.

Además, la propuesta plantea la realización de un diagnóstico en la materia que englobe la educación sobre, para y por medio de los derechos humanos. Luego de definido el diagnóstico, el documento habla de la elaboración de un plan de acción con “directrices, metas, plazos, acciones, sistema de monitoreo y asignación presupuestaria” que defina “una mirada estratégica de mediano y largo plazo” para lograr una “transformación de las prácticas sociales e institucionales”. La propuesta plantea también que es necesario “problematizar y redefinir los modos en que se estructura el poder en las instituciones” y adecuar las prácticas educativas “para que operen con una racionalidad acorde”.

En concreto, plantea acciones como “problematizar los modelos normalizadores que expresan relaciones de dominación o sostienen prácticas discriminatorias” y trabajar para “construir prácticas inclusivas que permitan educar para la diversidad y garanticen el respeto”. Habla de “promover la eliminación de las prácticas discriminatorias arraigadas culturalmente, problematizar el uso del lenguaje discriminatorio, garantizar el derecho a hacer visible la identidad de género y la orientación sexual, generar acompañamiento en los procesos de construcción de identidad y reconocimiento, relevar las diferentes causas de desvinculación educativa y definir estrategias específicas para cada caso”, y también de proteger a las víctimas de discriminación y crear “condiciones habilitantes para las personas con discapacidad”.

Además, señala que se debe “educar en la memoria de las violaciones a los derechos humanos” y que, de esa forma, su conocimiento “sea garante para evitar que se repitan”, al tiempo que propone la capacitación específica de los funcionarios en quienes recae “la responsabilidad de definir y administrar el poder de coerción y el poder militar del Estado”.