El servicio a cargo de supervisar la recaudación impositiva en Estados Unidos, el Internal Revenue Service, va a investigar una doble denuncia que presentó en ese país la Unión Demócrata Independiente (UDI) de Chile, según la cual hubo irregularidades en la recaudación en Nueva York para la campaña electoral de la presidenta, Michelle Bachelet.

La denuncia apunta a la participación de dos organizaciones sin fines de lucro en actividades políticas, algo que prohíbe la ley estadounidense. La Fundación Gabriela Mistral y la Asociación Católica de Líderes Latinos participaron en un evento en cuya organización estuvo involucrado el actual canciller, Heraldo Muñoz, que entonces era funcionario de Naciones Unidas. La UDI señala además que se violó la ley chilena que prohíbe que extranjeros financien campañas políticas.

En enero se supo de la cuestionada cena, celebrada en un yate en la ciudad de Nueva York en setiembre de 2013. El hombre que se ocupó de recaudar los fondos, entregados a la campaña de Bachelet bajo la forma de un cheque que hizo él a su nombre, el chileno-estadounidense Mario Paredes, que vive en Nueva York, hizo una serie de declaraciones contradictorias. De acuerdo al semanario chileno The Clinic, que reveló este asunto y publicó una foto de la invitación en inglés, la convocatoria al evento se hizo “en nombre” de Muñoz “y un grupo de chilenos en Nueva York” y se trató de una “recaudación de fondos privada […] para apoyar la reelección” de Bachelet.

El documento también indica que los participantes debían aportar 1.000 dólares cada uno. Paredes asegura que organizar el evento fue una “contribución personal” suya a la campaña. Primero dijo que sí había extranjeros, luego dijo lo contrario. Sin embargo, insistió en que “no se ha violado ninguna ley”. Muñoz también se contradijo. Primero coincidió con Paredes en que había extranjeros y luego dijo que “los que contribuyeron fueron un número reducido de compatriotas”.

El vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, dijo que el hecho de que el servicio estadounidense haya aceptado la denuncia de la UDI “no significa en absoluto que la presentación tenga fundamento” y agregó que desconoce “el mérito jurídico” y los argumentos de la UDI respecto al caso. En tanto, Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista, al que pertenece Bachelet, aseguró que no tiene “inconvenientes” con la denuncia. “Ahora, por favor no saquemos conclusiones antes de que las investigaciones se realicen, que es el gran problema que tenemos”, agregó, según la página web de Radio Cooperativa.

El oficialismo chileno asegura que es una movida política más de la oposición para desestabilizar al gobierno. La oposición acudió a la Justicia para actuar contra las principales reformas aprobadas por el Parlamento para que sean estudiadas por el Tribunal Constitucional y, según la coalición de gobierno, toma a esta institución como “tercera Cámara” legislativa.

La UDI también denunció en Chile al hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos, por tráfico de influencias y uso de información privilegiada tras un polémico negocio inmobiliario realizado por su esposa, Natalia Compagnon. En referencia a este caso y a otro, el caso Penta, que involucra a dirigentes de la UDI en financiación ilegal de campañas, Andrade dijo a la emisora Radio Cooperativa: “Pareciera que cuando se trata de sus propios compinches no hay esa misma voluntad [de aclarar sospechas]”.

Sin embargo, el socialista admitió que la coalición de gobierno está dando pie a ciertos ataques. “En consecuencia, yo creo que alguna cuenta se nos va a pasar en el futuro sobre esto”, dijo, y consideró que una reunión que mantuvo el hijo de Bachelet con el directivo de un banco que le dio un préstamo millonario a su esposa fue un “error político”.