Esta semana, la Justicia argentina debe definir si imputa o no a la presidenta, tal como lo reclamaron los fiscales Alberto Nisman y quien lo reemplazó en la causa después de su muerte, Gerardo Pollicita. La presidenta y varias figuras del oficialismo son investigadas por supuesto “encubrimiento” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” en el marco de las negociaciones con el gobierno iraní para destrabar las investigaciones por el atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.
En este contexto fue que Fernández publicó el sábado una carta en la que argumentó que existe un movimiento opositor dentro de la Justicia de su país, al que llamó el “Partido Judicial”, y que según publicó en la red social Twitter, tuvo “su bautismo de fuego” en la marcha del miércoles, en Buenos Aires. En esa movilización, que fue convocada en homenaje a Nisman y en reclamo de justicia, participó buena parte de la oposición.
Fernández destacó que Pollicita se negó a ir al Congreso a explicar el pedido de imputación en su contra. “¿Qué pasa con los fiscales del Partido Judicial? ¿Cuando los invita la oposición aceptan y cuando los invita el oficialismo lo rechazan?”, se preguntó, en referencia a las entrevistas que había dado Nisman antes de morir y a su intención de concurrir al Parlamento a pedido de legisladores opositores. La presidenta fue más allá y escribió que el movimiento que originó la marcha, “además de ser partido, es opositor y destituyente del gobierno”.
Varios dirigentes oficialistas acompañaron su lectura, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, que dijo que el pedido de imputar a Fernández demuestra un “comportamiento político que pretende dañar la figura de la presidenta” y de otros integrantes del gobierno. También se refirió al fallo de un tribunal que confirma el procesamiento de Boudou en la causa conocida como Ciccone, por el antiguo nombre de una imprenta de billetes. En una entrevista con la radio Nacional Rock, Domínguez dijo que esto muestra que “en Argentina hay libertad e independencia de poderes”.
Por otra parte, el presunto testaferro de Boudou en esa causa, Alejandro Vanderbroele, fue detenido el viernes de noche en Mendoza, a pedido de la Justicia uruguaya que lo investiga por supuestos delitos de lavado de dinero.
La carta de Fernández fue recibida con críticas por la oposición. Según citó el diario Clarín, enfrentado con el gobierno, Alberto Fernández, ex jefe de gabinete kirchnerista, dijo a la emisora Radio Mitre que la presidenta ejerce “un liderazgo delirante” y su carta fue una “desmesura” que “evidencia [...] una distancia con la realidad”. Alberto Fernández integra ahora el Frente Renovador, liderado por otro ex kirchnerista y también ex jefe de gabinete, Sergio Massa. Este último también opinó sobre la carta y afirmó que “se construye sobre la base de la unidad nacional” y no “bajo la lógica del divide y reinarás”. Otro ex aliado del gobierno, el ex vicepresidente Julio Cobos, que ahora integra la Unión Cívica Radical, dijo que si realmente existiera un intento golpista, la presidenta tiene la obligación de denunciarlo ante la Justicia, no mediante una carta.
En ese texto, además de señalar la existencia de “un Partido Judicial integrado por grupos de jueces y fiscales vinculados y promocionados por los grandes medios y grupos económicos” opositores, Fernández denunció que varios de sus integrantes son “defensores de las leyes de la impunidad para los crímenes del Terrorismo de Estado durante la última dictadura” y que “cajonean” la causas que van en contra de sus intereses.
En respuesta a la marcha del miércoles, según informó el diario La Nación, el oficialismo prevé convocar una movilización en respaldo a la presidenta el 1º de marzo, cuando brinde su discurso anual ante el Congreso.